Juan Pérez, un indígena chiapaneco, narró que fue detenido en 2003 sin una orden de aprehensión, mientras se trasladaba a su lugar de trabajo. Los judiciales que lo aprehendieron lo trasladaron a una casa donde lo torturaron para obligarlo a firmar papeles en blanco y autoinculparse del delito de secuestro.
El pasado 15 de marzo, un grupo de seis indígenas recluidos en tres penales de Chiapas, incluido Juan, iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad. El único que ha sido liberado es él.
San Cristóbal de las Casas, 25 de mayo (Chiapas Paralelo).– Juan Pérez Álvarez, después de 60 días de haber iniciado una huelga de hambre junto a otros cinco compañeros, fue liberado del Centro de Reinserción Social para Sentenciados No.10 en Comitán de Domínguez, tras haber pasado 16 años detenido.
El pasado 15 de marzo, un grupo de seis indígenas recluidos en tres penales de Chiapas, iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad.
Pérez Álvarez finalmente fue liberado el pasado 14 de mayo a las 8 de la noche, después de pasar más de una década recluido. Su liberación se da por beneficios penitenciarios de trabajo y conducta.
El indígena argumentó que fue detenido en 2003 sin una orden de aprehensión, mientras se trasladaba a su lugar de trabajo. Ese día fue detenido por judiciales, y trasladado a una casa donde lo torturaron para obligarlo a firmar papeles en blanco y autoinculparse de un delito que no cometió.
Después fue trasladado a la Procuraduría en Tuxtla Gutiérrez, donde también continuó la tortura.
El Grupo de Trabajo “No estamos todxs”, organización que acompaña dicha huelga de hambre desde el 15 de marzo pasado, detalló que Pérez Álvarez fue acusado por el delito de secuestro.
Ante las irregularidades de su detención y acusación, Pérez Álvarez decidió iniciar en huelga de hambre, pese a ser diabético, lo que representaba una situación grave a su salud y vida.
Aunque hoy Juan Pérez está en libertad, la organización alertó que el Ministerio Público puede apelar esta decisión. Al ser liberado, las autoridades le solicitaron que se presente dentro de 20 días, por lo que se teme vuelva a ser detenido.
“Han sido 16 años y dos meses de vida robaba, largos años en los que nuestro compañero ha tenido que vivir separado de su familia, privado de ver crecer a sus hijos. Años de encierro y de injusticia que no hay manera de recuperar, graves daños a su vida e integridad imposible de reparar”, mencionó el Grupo de Trabajo.
Las acciones de lucha y la huelga de hambre continúan para exigir justicia y libertad para otros 5 presos indígenas, encarcelados de forma similar que Pérez Álvarez, quienes siguen dentro de los CERSS 10 en Comitán y No. 5 en San Cristóbal de las Casas.
En marzo pasado, el abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Gilberto Hernández, explicó que el centro humanitario ha estudiado los expedientes penales de decenas de reclusos, y al menos en 60 casos hay evidencia de detenciones arbitrarias y torturas como método para declararse culpables de delitos que posiblemente no cometieron.
Aún con esas irregularidades procesales, añadió, en la mayoría de los casos los jueces dictan sentencias condenatorias, violando el debido proceso.
Gilberto Hernández expuso la situación particular de los reos indígenas -en Chiapas una de cada tres personas son indígenas- a quienes se viola con mayor frecuencia sus derechos, y se suma el hecho de que en muchos casos son monolingües y no se les da oportunidad de alegar en su defensa.
