Hace poco el Observatorio Ciudadano de León realizó un estudio donde concluía que cada iniciativa elaborada por el Congreso de Guanajuato, tomando en cuenta el gasto que ejercen los legisladores que lo integran, costaba la nada despreciable cantidad de 3 millones de pesos.

Si de algo sirvieran muchas de las leyes que nos saturan, probablemente el costo se justificaría, pero en realidad no es así.

Hay normas inútiles como la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, o la de Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado de Guanajuato, si por sus resultados las juzgamos.

Otras que no recuerdo haber visto aplicadas, como la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Estado de Guanajuato; están también las que se vulneran todos los días, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Y las que han sido tan escasamente empleadas que tenerlas y no tenerlas es lo mismo, como la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato o la kilométrica Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato.

Un campeonato se lo merece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, tan incumplida que para ejemplo está el gabinete del propio gobernador Miguel Márquez, un verdadero templo de la desigualdad donde los varones ganan por 12 a uno a las mujeres.

Pues a esta caterva de leyes inútiles se sumará la que está a punto de aprobar el Congreso este jueves, para mostrar solidaridad y empatía con el gremio periodístico: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato.

Si bien ha sido un reclamo de los comunicadores el que se cuente con un mecanismo que prevea una política pública para propiciar el respeto y las garantías a la necesaria tarea de informar, la idea no es que salga cualquier ley y menos a velocidad exprés.

Las mesas que se sostuvieron hace tiempo, en otra Legislatura incluso, no tienen nada que ver con el actual momento que se vive en el país y en el estado y con el clima de agresión a la labor periodística, proveniente de funcionarios públicos y de organizaciones criminales.

Tampoco es igual al de hace dos años el ánimo de censura que parece haberse apoderado de las oficinas de prensa de municipios, poderes estatales y descentralizadas, mayor entre más recursos presupuestales manejan.

La propuesta dictaminada no menciona nunca la censura ni sus mecanismos. Alardea de una cláusula de conciencia que resulta inaplicable en la realidad cuando los periodistas están sujetos a líneas editoriales dominadas por los convenios publicitarios.

Establece un consejo pesado, lleno de funcionarios públicos de alto nivel que terminarán enviando a sus suplentes. Formula un registro de periodistas que parece más un mecanismo de control que un instrumento de prevención de agresiones. Divaga sobre el carácter del “colaborador periodístico”, con absoluta ignorancia de los roles en los medios donde tan periodista es un reportero como un editor.

Lo peor de todo es que se trata de una ley enunciativa que solo busca llenar un vacío y deja los puntos finos a un reglamento que nadie sabe quién elaborará. Lo más claro es que con una ley así ninguno de los casos que se conocen hasta ahora de agresiones hubiera recibido un trato distinto al que recibió.

El colmo es que solo las agresiones de gravedad, es decir las mismas que ya castiga el Código Penal sean o no contra periodistas, pueden dar lugar a sanciones para servidores públicos.

Una ley así no propone nada, no avanza nada y no innova nada. El crucial tema de la regulación publicitaria, que es una discusión que ya se viene dando en todo el país, es soberanamente ignorado, quizá por la consigna que hace no mucho dictó Éctor Ramírez de que era un tema “muy complicado” de resolver.

Llama la atención sobre todo, ver a un diputado perredista defendiendo una propuesta que no es solo defectuosa, sino un auténtico bodrio. En los corrillos del Congreso se hacen apuestas sobre qué porcentaje de la ley se debe a la pluma de Martín Diego Rodríguez, el operador periodístico de Ramírez Barba; y cuánto a Juana de la Cruz Martínez, la eminencia gris de Miguel Márquez.

El oportunismo, tan caro al pastor panista que hasta se baja a socorrer accidentados solo para poder postear en redes sociales, no ha sido nunca el mejor consejero cuando se quieren aportar soluciones viables.

Lamentablemente, estos diputados que viven en un auténtico palacio de cristal, difícilmente escucharán las voces de los mortales de a pie.

Llama la atención que mientras se celebra un hipotético “año de la innovación”, el Congreso de Guanajuato pierda la oportunidad de ir más allá de lo que se hace en otras partes del país, se refugie en lo convencional y hasta en lo retrógrado

Así que deberemos apechugar con una ley decorativa que presumirán hasta el cansancio, donde lo más grave no son los 3 millones de pesos que representa en gasto público, sino su absoluta inutilidad.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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