La Guardia Nacional no estará en la Sedena, pero un General en retiro continuará dirigiéndola.

La Guardia Nacional no estará en la Sedena, pero el 80 por ciento de sus miembros (y subiendo) seguirán siendo militares.

La Guardia Nacional no estará en la Sedena, pero sus soldados seguirán viviendo y durmiendo en los cuarteles construidos en terrenos del Ejército.

La Guardia Nacional no estará en la Sedena, pero las armas, chalecos, automóviles y helicópteros a su alcance seguirán siendo parte el inventario militar.

La Guardia Nacional no estará en la Sedena, pero –-al menos por ahora–- no será una institución civil.

A pesar de la decisión de la Corte de señalar como inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, nada realmente cambiará al interior de la organización. Continuarán el limbo jurídico, las líneas de responsabilidad cruzadas entre militares y civiles y las incertidumbres laborales de los guardas nacionales. La decisión de la Corte fue correcta, más no resuelve el embrollo en el que está metido el gobierno federal –-y tampoco tenía por qué hacerlo.

Recapitulemos. Las razones del presidente para transferir la Guardia Nacional a Sedena no eran menores. Algunas de ellas entendibles, incluso necesarias: resolver problemas administrativos, disipar dudas laborales y volver más eficaz el flujo de recursos –-temas que traté en una columna de hace algunos meses (1). La institución está compuesta, en su mayoría, por soldados prestados por el Ejército en “oficio de comisión”–- una figura tan ambigua como desconcertante para el soldado. Para el gobierno, la manera más sencilla de resolver y rearmar el Frankenstein era juntar todo bajo una misma secretaria, la Sedena.

Lo más sencillo, sin embargo, no siempre es lo mejor. Faltaban tres elementos para dar este paso. En primer lugar, un acuerdo político que cristalice en una reforma constitucional. La iniciativa presidencial era un fraude a la letra de la carta magna. No había que ser un gran jurista para entenderlo. En segundo lugar, un compromiso real y tangible en fortalecer las policías estatales y dotarlas de facultades de investigación. Poco o nada ha hecho el gobierno en este esfuerzo; poco o nada se pretende hacer en el futuro. El tercer elemento: impulsar una reforma militar que obligue a la Sedena a dejar atrás dinámicas de opacidad –-varias de ellas reveladas la semana pasada y que tocaron el corazón del Ejército. Sin estas condiciones mínimas, la integración de la Guardia Nacional a la Sedena implicaba construir una casa sin cimientos. Y si una edificación no es estable, esta se agrieta, se hunde, se cae.

Hoy el Gobierno está en una situación imposible. Ya derrotado el plan de transferir la estructura de la Guardia Nacional a la Sedena, quizás convenga comenzar a labrar el camino opuesto: trasladar el presupuesto, las instalaciones, el personal de la Sedena y todo lo consecuente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es un derrotero más largo, pero el correcto, el constitucional. Habríamos perdido varios años, pero se enmendaría el error histórico –-desde mi punto de vista, el mayor de este gobierno–- de renunciar a la construcción de una fuerza federal de corte civil.

Desde el gobierno, lastimosamente, no hay señales que llamen al optimismo. A finales de la semana pasada, el presidente anunció que, en septiembre de 2024, pasadas las elecciones, enviará a un nuevo Congreso de la Unión otra iniciativa para que la Guardia Nacional sea transferida a la Sedena. El presidente apuesta por aplastar en las elecciones y resolver en un mes lo que no pudo hacer en seis años. Un tiro al aire. La estrategia significa patear el balón hacia adelante y renunciar a utilizar este último tramo de gobierno a fortalecer la Guardia Nacional a costa de la Sedena –-en estas circunstancias, el único camino posible. No sucederá ya en esta administración.

La Guardia Nacional continuará viviendo y sobreviviendo entre la incertidumbre operativa, laboral, jurídica y política. Y de esto, la Corte no es la culpable.

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1. Carlos A. Pérez Ricart, Las razones del Presidente para integrar la Guardia Nacional a la Sedena, en SinEmbargo, 16 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/16-08-2022/4238645

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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