En la Fiscalía General de la República, hoy a cargo de Alejandro Gertz Manero, quedan funcionarios ligados a la anterior sexenio quienes se han encargado de preservar los privilegios para algunas personas y empresas, acusó el abogado Paulo Díez Gargari, a quien la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, cuyo titular es Felipe Muñoz, solicitó su vinculación a proceso.
Felipe Muñoz Vázquez, funcionario quien ocupa el cargo desde 2016, ha sido acusado de tortura y abuso sexual por parte de la CNDH, además de ser señalado por favorecer desde su cargo a Aleatica y proteger a empresarios como Gastón Azcárraga, ex dueño de Mexicana de Aviación.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Felipe Muñoz Vázquez, pretende favorecer nuevamente a Aleatica (antes OHL) solicitando la vinculación a proceso del abogado Paulo Díez Gargari, quien ha denunciado desde 2013 la corrupción en las concesiones otorgadas a la empresa en el Estado de México.
De acuerdo con el abogado, esta denuncia es parte de la persecución de Estado iniciada en la administración de Enrique Peña Nieto en represalia por las acusaciones que ha presentado en contra de Aleatica por la manera en que le fueron otorgadas las concesiones en la entidad mexiquense durante las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila (hoy Senador del PRI). “Se trata de otro intento para fabricar un delito, así como el que hicieron en 2015 con la siembra del arma”, dijo en entrevista.
La solicitud de vinculación a proceso en contra de Díez Gargari se deriva de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2017 iniciada a partir de una denuncia presentada por Aleatica a principios de 2017 por supuestas informaciones falsas que el abogado difundió al público en general y que daban cuenta de que la empresa registraba un falso activo y un falso ingreso en sus estados financieros que le permitía convertir sus pérdidas reales en utilidades ficticias.
Dicho delito está previsto en la Fracción I del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) que sanciona con prisión de 5 hasta 10 años a quien difundida por sí o por terceros información falsa sobre el mercado de valores o sobre una emisora (empresa), en este caso Aleatica.
“La denuncia no tiene sentido”, dijo Paulo Díez, “tú no puedes criminalizar la libertad de expresión, así sea un ejercicio abusivo, para eso existe el daño moral o civil, pero nunca debe ser un obstáculo para la denuncia pública relacionada con la corrupción de la infraestructura pública carretera del país”.
Aunque consideró que la denuncia presentada por Aleatica es un intento para generar presión para que ya no denuncie la corrupción, se congratuló por la decisión de la Suprocuraduría, ya que ahora podrán ser públicas las irregularidades registradas en las concesiones de la empresa en el Estado de México.
“Me alegro mucho de esta decisión porque es una oportunidad para discutir públicamente estos temas. Yo llevo cuatro años pidiéndole al Gobierno del Estado de México que diga cuál es el monto pendiente de la inversión de recuperar de Aleatica con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y esa respuesta nunca se ha dado. Ahora con esta denuncia yo voy a tener la oportunidad de discutir estos temas públicamente”, aseguró.
Comparto con ustedes Comunicado urgente e importante. De una cosa pueden estar seguros los corruptos: ¡no me van a callar! ¿A quién le crees tú: a Paulo Díez o a la corrupta @Aleatica_Mx y a @EPN, su socio y amigo? lopezobrador_ pic.twitter.com/Po2Rw9KgS6
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) 25 de abril de 2019
UN PROTECTOR DE ALEATICA EN LA FGR
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que solicitó la vinculación a proceso de Díez Gargari, está a cargo de Felipe Muñoz Vázquez, un funcionario que ocupa el cargo desde el 2016 y quien ha sido acusado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su responsabilidad en supuestas vejaciones de 22 policías y ex agentes municipales de Aguascalientes, presuntamente vinculados con el narcotráfico.
En su defensa, Muñoz Vázquez se amparó y cuestionó a la CNDH por violar sus garantías fundamentales e incurrir en irregularidades en la emisión de una recomendación en la que es señalado por tortura y abuso sexual.
Además de ser señalado por tortura y abuso sexual, sobre Muñoz Vázquez pesan acusaciones por favorecer desde su cargo en la FGR a Aleatica y proteger a empresarios como Gastón Azcárraga, ex dueño de Mexicana de Aviación, al solicitar la cancelación de las órdenes de aprehensión en su contra por mentir a inversionistas y no reportar la situación de la aerolínea.
“Felipe Muñoz ha sido señalado por la CNDH por actos de tortura y abuso sexual, sólo en México es posible tener un subprocurador de la FGR que esté cuestionado de actos tan graves y que conserve la libertad y el puesto”, expresó Díez Gargari. “Son los restos del peñanietismo dentro de la FGR y que siguen protegiendo a Aleatica”.
Para el abogado, la solicitud de la Subprocuraduría obedece también a una represalia en su contra porque esta semana un juez vinculó a proceso a la ex ministerio público de la extinta PGR, Silvia Nathalie García Ocampo, por la presunta pérdida de evidencias en la investigación sobre la “siembra” de un arma de fuego al litigante.
El 7 de septiembre de 2015, Paulo Díez Gargari fue detenido al salir de su despacho para declarar en el caso de la intervención de comunicaciones privadas en agravio de la empresa española OHL, ahora Aleatica.
Sin embargo, después de cerca de cuatro horas de declarar en calidad de testigo, fue retenido porque habían encontrado un arma en su coche que no le pertenecía. El abogado salió libre la tarde del 9 de septiembre tras pagar una fianza de 64 mil pesos.
Una semana después un video difundido a través de YouTube confirmó que el arma que habían encontrado en su auto fue puesta de manera ilegal. A través de las imágenes grabadas por una cámara de seguridad se observó el momento de la detención del abogado, así como a un sujeto, presuntamente un agente de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), que “siembra” una pistola en el automóvil del litigante.
La grabación, de 22 minutos, fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después de casi dos años, el 4 de septiembre de 2017 la PGR, en una resolución definitiva, determinó no ejercer acción legal en contra de Paulo Díez Gargari.
El abogado mencionó que García Ocampo, quien tuvo a su cargo el caso Odebrecht y citó a declarar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tuvo un papel muy importante en su detención de 2015.
“La Visitaduría General de la FGR, que se ocupa de investigar los actos cometidos por los servidores de la Fiscalía, fue quien solicitó la vinculación a proceso de García Ocampo”, explicó Díez Gargari. “Un día después de que la vinculan a proceso a la ex funcionaria la Subprocuraduría de Felipe Muñoz pide que se me vincule a mí a proceso por el caso de Aleatica”.
PIDE JUSTICIA
El viernes es la audiencia para determinar si Díez Gargari es o no vinculado a proceso. El abogado se dice confiado en las autoridades, pero también está preparado para enfrentar una pelea en los tribunales si el juez decide que la demanda procede. “Tengo la esperanza razonable de que los jueces actúen con derecho, pero si eso no sucede estaría abierta la puerta para instancias internacionales”.
Aleatica, antes OHL, es una de las principales operadoras de infraestructuras de transporte en el país, actualmente opera siete autopistas de peaje y un aeropuerto.
La constructora se colocó en el centro de un escándalo luego de que en 2015 una serie de filtraciones de audios mostraron la vinculación de la empresa con diversos políticos mexicanos y probables prácticas de corrupción, como el pago de sobornos a cambio de aumentos en los peajes, entre otros.
En agosto de 2016, el Gobierno del Estado de México impuso una multa de 38.3 millones de pesos a la empresa OHL, luego de que la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC) detectó diversas irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario como discrepancias en desembolsos no reportados y sin explicación aparente, así como cambios llevados a cabo sin el permiso de la autoridad.
La empresa fue señalada en marzo por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante los comicios electorales de 2017-2018.
Tras la acusación, Aleatica aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.
