Antes de pensar en el uso de las fuerza policiaca o militar, los candidatos a la Presidencia de la República deben tomar en cuenta mecanismos de prevención y herramientas para disuadir la violencia y la delincuencia con esquemas mixtos de atención, que ponga el bienestar de las personas y a las víctimas al centro de las acciones de seguridad, con énfasis en la niñez, las mujeres y los jóvenes, urgieron hoy organizaciones.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Para traer paz a México, no basta con el ejercicio de la fuerza pública. Urgen mecanismos de prevención y herramientas de justicia transicional, que ulterior a lo penal y a lo punitivo, implican la inclusión de la sociedad (trabajo comunitario) en la resolución del problema, concluyeron este día integrantes de la sociedad civil.
El domingo pasado, durante el primer debate presidencial, los cinco candidatos a la silla grande tocaron el tema de seguridad pública. Se concentraron en estrategias “reactivas” o frontales, explicó la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Red Viral. Pero faltan propuestas integrales con una visión “multicausal” del problema, recalcó.
“La seguridad tiene que verse como un tema real” con “reacción de las policías”. Pero no es suficiente. “La prevención del delito es lo único que no se ha intentado” en este país, dijo la especialista.
Representantes de las asociaciones Red Viral, Red Retoño y Cauce Ciudadano concordaron con que debemos transitar de una “perspectiva limitada de seguridad pública”, a una “perspectiva amplia de seguridad humana”.
Ello implica disuadir la violencia y la delincuencia con esquemas mixtos de atención, que ponga el bienestar de las personas y a las víctimas al centro de las acciones de seguridad, con énfasis en la niñez, las mujeres y los jóvenes. Ir a las causas de los problemas -de manera focalizada y diferenciada- para hacer frente a la crisis desde su origen.
“Hay alrededor de 30 mil huérfanos” en las cinco ciudades con más incidencia del crimen organizado que no han sido atendidos, refirió Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano. Y como muchos buscan venganza, la falta de acciones los “arroja al torbellino de la violencia”. Eso es lo que debemos evitar, puntualizó.
Para él, como para la doctora Rendón, la militarización del país diluye la capacidad local y la responsabilidad de los estados en materia de seguridad, en un territorio en el que, entre 2006 y 2017, hubo más de 234 mil asesinatos y más de 33 mil desapariciones.
En el último sexenio, ejemplificó Rendón, han aumentado “20 veces más los presupuestos en materia de seguridad dura, reactiva”. No así los de prevención. Urgen políticas de Estado al respecto.
Al interior de la Alta Escuela para la Justicia, en Coyoacán, los activistas mencionaron que un modelo integral de prevención implica políticas para desarrollar habilidades psicosociales de resiliencia individual y comunitaria; promover la participación de las personas y las comunidades en los procesos de transformación; desmantelar la base social de la delincuencia organizada; y construir alternativas para el buen vivir.
Urge una estrategia de seguridad pública que “vincule y coordine las diversas áreas, empezando por la prevención y terminando con el sistema penitenciario, pasando por la justicia penal y las policías”, recalcaron los activistas.
Recordaron que la lucha contra el crimen y la violencia no termina en la cárcel, porque “uno de cada cuatro [criminales encarcelados] reincide y el 55 por ciento lo hace a los dos años de haber salido”.
SANAR EL MÉXICO HERIDO
“Este país tiene una herida profunda […]. Necesitamos construir paz y aprender a construir resiliencia” porque los asesinados y desaparecidos “no son cifras. Son vidas y son historias”, dijo Erika Llanos, de Red Retoño.
Para ello, las asociaciones civiles proponen diversas consideraciones:
I. No politizar la seguridad, es decir, las autoridades deben de ser competentes y estar especializadas. Designar cuates no funciona. “La seguridad es un tema técnico y así es como se debe manejar” (sin improvisaciones).
II. Focalización. “Debemos priorizar recursos en aquellas poblaciones y lugares que por sus contextos presentan un riesgo mayor de incurrir en conductas y dinámicas delictivas para reducir la propensión al crimen con mayor precisión”.
Para Eunice Rendón y Carlos Cruz, la rendición de cuentas y la transparencia en los presupuestos de seguridad pública es elemental. Y las acciones deben incluir evaluaciones de las intervenciones a nivel local, así como “transversalidad” en las políticas (que aborden en paralelo el desarrollo y la economía sociales, la educación, etcétera).
III. Esquemas mixtos de atención que se concentren en la persecución de victimarios, pero que también atiendan y reduzcan el número de delincuentes y los factores que los llevan a delinquir.
IV. Políticas públicas de prevención sobre gobernanza interinstitucional y corresponsabilidad entre instancias y gobiernos; para consolidar mecanismos de prevención en el sistema de justicia penal e implementar equipos técnicos a nivel local, además del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas; para generar alternativas de desarrollo individual, familiar y colectivo; para generar más y mejor información sistematizada y especializada en la materia; para fiscalizar y desmantelar la estructura operativa y financiera de las organizaciones criminales (acabar con el pacto de impunidad); entre otras.
V. Construir paz y justicia transicional es con estrategias judiciales y no judiciales, que incluyen la creación de comisiones de la verdad e internacionales de justicia, mismas que garanticen la reparación del daño y la no repetición del exabrupto.
También proponen la integración de un Sistema Nacional de Desmovilización de jóvenes involucrados en delincuencia organizada; programas de mediación e interrupción de la violencia; y la incorporación de “medios de justicia alternativa como herramientas de participación ciudadana”.
VI. Reinserción social, familiar y económica sobre castigo, para evitar que quienes delinquen vuelvan a dañar a la sociedad, como hoy sucede.
VII. No militarizar al país. Para ello proponen la abrogación de la Ley de Seguridad Interior.
Los integrantes de Red Viral, Red Retoño y Cauce Ciudadano, al final, exhortaron a los candidatos presidenciales a ir más allá de “las ideas vagas” porque así “no van a transformar al país”.
Hicieron un llamado a que ellos y sus respectivos equipos de trabajo tengan una discusión pública y abierta sobre el modelo de prevención social de la violencia.
“El diálogo nacional no tiene que esperar al 1 de julio. Es necesario plantearlo desde ahora”, concluyó Carlos Cruz de Cauce Ciudadano.
