Quien como candidata o candidato a la Presidencia de México insista en mantener y prolongar la estrategia de seguridad que, durante 12 años, ha tenido al país viviendo en el error y en el horror, no ha entendido absolutamente nada del sufrimiento de las familias ni del costo social para una Nación a la que los gobernantes dejaron en manos de la delincuencia organizada, coincidieron activistas defensores de los derechos humanos y especialistas en seguridad nacional.
Alejandro Solalinde, Javier Sicilia, Francisco Rivas, Santiago Roel, Martín Gabriel Barrón y representantes de las organizaciones civiles México Evalúa, Reinserta y México Unido contra la Delincuencia coincidieron en que esa estrategia ha bañado de sangre al país y necesita replantearse con urgencia.
También, en entrevista con este diario digital, manifestaron su decepción porque los candidatos a la Presidencia no expresen su emergencia ante esta crisis; el único que habla de un cambio de estrategia es Andrés Manuel López Obrador, pero no explica con detalle cómo hará para devolver la paz a las familias mexicanas en todo el país, plantearon.
Por Shaila Rosagel, Efrén Flores y Dulce Olvera
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La noticia del brutal asesinato de tres estudiantes de cine, detenidos por policías y desaparecidos en Tonalá, Jalisco, desde el pasado 19 de marzo, levantó una ola de indignación nacional y un llamado de activistas por la defensa de los derechos humanos y especialistas en seguridad nacional para cambiar la estrategia federal de combate al crimen que, durante los últimos 12 años, en los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, han bañado de sangre a México.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía General de Jalisco, Javier Salomón Aceves Gastelum, de 25 años de edad; Marco Francisco García Ávalos, de 20 años, y Jesús Daniel Díaz García, de 20 años, quienes estudiaban en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), fueron asesinados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus cuerpos fueron disueltos en ácido.
Con miles de familiares, estudiantes y ciudadanos que ayer por la tarde salieron a exigir justicia por Javier, Marcos y Jesús Daniel en las avenidas de Guadalajara y la Ciudad de México, el Presidente Peña Nieto no había enviado sus condolencias por este terrible asesinato cuando, desde Europa, donde está de gira, sí envió un mensaje de solidaridad al pueblo y Gobierno de Canadá, luego de que en Toronto el conductor de una camioneta rentada se metió en una acera y mató el lunes a 10 personas.
Fue hasta las ocho de la noche del martes que el Primer Mandatario escribió un mensaje de condolencias en su cuenta de Twitter.
“El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos. Mis sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros por tan terrible e irreparable pérdida”, expuso en un primer mensaje, y añadió: “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno debemos combatir al crimen con eficacia para responder a la legítima exigencia de la sociedad mexicana de vivir en paz y tranquilidad”.
El priista Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de la entidad, dijo la mañana de ayer, en el programa Despierta con Loret, de Televisa, que este crimen obliga a pensar a padres y maestros para verificar “dónde están nuestros hijos, qué hacen, amistades, tiene que ser un tema social”. Ante esta declaración, fue cuestionado por los conductores sobre si los estudiantes estaban “en malos pasos”.
“No, no, me refiero al tema global, de lo que está sucediendo en el entorno general, no son los primeros jóvenes. Hoy damos con ellos, así como con muchos hemos dado, casi el 90 por ciento, pero el problema de desaparición es un problema que advertimos, es un problema real, es un problema de corresponsabilidad y en el que estamos dando la cara y estamos dando resultados”, afirmó el mandatario, quien está ya a meses de dejar la gubernatura en esa entidad.
Santiago Roel, fundador y director de la organización civil Semáforo Delictivo, informó que entre enero, febrero y marzo de este año la mayoría de los delitos en el país repuntó a niveles inéditos: el feminicidio, 18 por ciento; narcomenudeo, 37 por ciento; ejecuciones del crimen organizado, 35 por ciento; homicidio doloso, 16 por ciento; violencia familiar, 8 por ciento, y robo de vehículos, en 7 por ciento.
“Quién insista como candidato a la Presidencia en continuar con esta guerra no ha entendido las cosas. No es con más guerra como se combate la violencia; no es lo mismo fijarnos en un objetivo de guerra, que en un objetivo de paz”, afirmó Roel, especialista en temas de seguridad pública, al comentar las cifras criminales históricas que también, dijo, revelan que en México el Estado de Derecho está más debilitado que nunca.
Con Roel coincidió el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien consideró que es necesario cambiar la estrategia de seguridad, por una más humana en donde los ciudadanos coadyuven con las corporaciones policiacas.
Un ejemplo, dijo en entrevista el defensor de derechos humanos, es la comunidad de Cherán, en Michoacán, en donde los ciudadanos montaron su propio sistema de vigilancia en donde participan mujeres y jóvenes.
“Yo he platicado con Andrés Manuel López Obrador [candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia] y el sabe que el sentir de mucha gente es que se sigue con la misma estrategia de confrontación directa, lo que no ayuda”, dijo el padre Solalinde Guerra.
La salida del Ejército de las calles deberá ser paulatina y los cuerpos policiacos del país deberán ser capacitados, equipados y trabajar en coordinación con la población.
“Tampoco la Ley del Talión o el hacerse justicia por su propia mano es lo adecuado. Hay que buscar soluciones reales. El secreto está en la participación ciudadana. No sustituir a las corporaciones de seguridad, pero sí coadyuvar”, explicó el sacerdote defensor de los migrantes centroamericanos en su paso por México.
Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dijo a SinEmbargo que la estrategia de seguridad se debe modificar por completo, pues de no hacerlo el país se dirigirá a una peor crisis.
“Están en un absoluto error y ahí están las cifras del horror. Se debe desaparecer la Ley de Seguridad Interior, que quiere darle un marco legal a una política de Estado de excepción que nos llevará a más muertos. En el corto, mediano y largo plazos se debe sacar al Ejército de las calles, que regrese a sus cuarteles”, pidió el activista.
El también escritor y poeta destacó la urgencia de que los candidatos a la Presidencia de la República hagan suya una estrategia de seguridad centrada en los derechos humanos y en las personas.
“Si se sigue así, con la misma estrategia, lo único que harán es llevar al país a un mayor desastre. La Ley de Seguridad Interior; por ejemplo, es darle un marco de impunidad al Ejército para que violen los derechos humanos. Que nos nos vengan con cuentos de que el Ejército no violenta los derechos humanos. Es la violencia extrema y sólo sale cuando hay guerra”, argumentó Sicilia Zardain.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, también opinó que “indudablemente hay que repensar la estrategia de seguridad nacional”. Eso significa, explicó a este diario digital, que “sí debe seguir el ataque frontal a la delincuencia; sin embargo, es importante generar estrategias diferenciadas, no violentas, de combate a la delincuencia”.
Rivas Rodríguez destacó que falta ejercer acciones que “el Estado mexicano no ha sido capaz de implementar”, como el desmantelamiento de la estructura financiera del crimen organizado; lograr que se utilice de manera adecuada la información que posee el Estado acerca del comportamiento delictivo (organizado y común), sobre todo en estados y municipios; políticas de combate a las armas de fuego ilegales que se comercializan en todo el país, que vayan desde lo internacional hasta lo local –más de dos terceras partes de los delitos se comenten con arma de fuego–, y la recuperación de las instituciones (como las policías) y la plena colaboración entre gobiernos, niveles de gobierno y Poderes de la Unión.
A corto plazo, dijo, es necesario un plan o diagnóstico “para generar transparencia y rendición de cuentas alrededor de los recursos del Estado”, porque “el dinero es clave para que las cosas funcionen”.
Rivas planteó que este tipo de esfuerzo haría que “el gasto se traduzca en inversión” para equipar y capacitar mejor, por ejemplo, a las policías y sanar la insuficiencia policiaca en ministerios públicos. Y a la par, se debe echar a andar una política internacional y una local de combate a las armas, así como utilizar la inteligencia existente para enfrentar el delito.
Para luchar contra la violencia, son necesarias estrategias diferenciadas, dijo también Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor-Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). En el caso específico de los homicidios, el también Maestro en Criminología mencionó la necesidad de hacer un diagnóstico inteligente en el que ese delito se subclasifique (no es lo mismo un delincuente que mata a un delincuente, o a una autoridad, o a un civil). Luego, explicó, hay que diferenciar entre homicidios del crimen y de la violencia social. “Pero este análisis cualitativo no lo hace la autoridad porque es incapaz de hacerlo […]. Eso es lo que está fallando”, criticó.
“Lo único que provocó [la presencia del Ejército en las calles] es un incremento en la violencia en todo el país”. El problema, en ese sentido, es que “nuestras fuerzas armadas se están convirtiendo en fuerzas de policía porque no tienen otra actividad”. Y en consecuencia, como usan un “armamento destinado para la guerra”, han llevado a que “el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada sea en una especie de equilibrio de fuerzas”; es decir, el crimen organizado se ha visto obligado a comprar armamento equivalente o superior al del Ejército, expuso Barrón Cruz.
Hace falta cortar el poder adquisitivo de estas organizaciones criminales, añadió. También determinar para qué queremos al Ejército, y tener más visión en materia de políticas públicas, pues las “estrategias” de combate a la violencia de los actuales candidatos a la Presidencia se centran en mejorar a las policías, pero olvidan el tema de los ministerios públicos, el sistema judicial y penitenciario, entre otros. Pero el gran cambio, destacó Barrón Cruz, empieza con ejercer estrategias diferenciadas.
ONGS TAMBIÉN PIDEN CAMBIOS
Representantes de las organizaciones civiles México Evalúa, Reinserta y México Unido contra la Delincuencia coincidieron en que la estrategia de seguridad del país sobre el uso de Fuerzas Armadas contra el crimen organizado está “equivocada” y es un “fracaso”, por lo que “definitivamente” es “urgente” un cambio que apueste a políticas públicas desde lo local a lo federal que incluyan programas de prevención y de reinserción, considerando la situación actual de los centros penitenciarios, donde se cometen delitos y hay autogobierno.
Sin embargo, evaluaron, ninguno de los cinco candidatos presidenciales ha expuesto medidas detalladas sobre ello.
“No tenemos policías municipales que sean capaces de desarticular conflictos, de dar inteligencia para después alimentar a la policía federal para poder atacar al crimen organizado; no tenemos programas de prevención a nivel local que den mecanismos para impedir que jóvenes se involucren con bandas criminales; tampoco hay programas de prevención que estén intentando atender a la gente que entra y sale de la prisión”, aseguró David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, think tank que forma parte de la iniciativa MX Sin Homicidios.
“La forma en como se ha diseñado la presencia del Ejército en las calles afecta en gran medida y no permite reconstruir las capacidades institucionales a nivel local. No está ayudando a que las condiciones institucionales de un municipio o estado mejoren”, dijo. Considerando que el Ejército, cuya función es defender la soberanía nacional y no tiene “forzosamente” capacitación en derechos humanos, “se debe tomar en cuenta que sean los mandos civiles quienes tengan a su cargo la seguridad pública”.
Saskia Niño de Rivera Cover, presidenta y cofundadora de Reinserta, aseguró que la organización civil está “convencida” de que se tiene que cambiar la estrategia de seguridad en el sentido de que los políticos no toman en consideración el control de las cárceles y la oportunidad de reinserción social en materia de prevención.
“Uno de los grandes errores que en México se ha cometido a lo largo de los años es que no se ha volteado a ver a las cárceles como un eje central de seguridad. El 80 por ciento de las prisiones tienen autogobierno y las autoridades no tienen control sobre ello. Qué caso tiene que estemos metiendo a nuestros jóvenes a esos espacios”, afirmó. “En las cárceles se cometen el 75 por ciento de las extorsiones”, expuso.
Por ello Reinserta propone una atención integral y acompañamiento a los jóvenes en conflicto con la Ley, empleados por el crimen organizado; fomentar el trabajo digno de los internos para hacer la reparación del daño y no poner en riesgo a su familia en cuestión de ingresos; recuperar el control de las cárceles; e integrar la reinserción con perspectiva de género, ya que en los últimos 10 años han aumentado un 126 por ciento los delitos cometidos por mujeres y el 80 por ciento de ellas están en prisiones mixtas.
“Los únicos candidatos que han hablado muy por encima del sistema penitenciario son Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta que tiene AMLO respecto al perdón y a trabajar con los victimarios, que ha sido una de las más criticadas, es una de las más atinadas. Pero no la ha sabido desarrollar ni explicar como se debe. Si nos vamos al fondo de la propuesta tiene que ver con generar las oportunidades a la juventud que está en riesgo”, agregó Niño de Rivera.
Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que “es urgente” cambiar, ya que particularmente en los últimos diez años “ha sido una lección de todo lo que no se debe de hacer en función de que los índices reflejan un fracaso total”.
“Aunque es un problema multifactorial, poco o nada se ha hecho para revertirlo. Se siguen cometiendo los mismos errores y si quieren resultados distintos van a tener que hacer cosas distintas”, afirmó. “Estamos en una situación tan dramáticamente compleja que no cabe ni es posible seguir con una estrategia que es tan abiertamente estúpida y peligrosa”.
No obstante, las autoridades ni los candidatos presidenciables “parecen tener los arrestos suficientes para aceptar algo bien sencillo: nos equivocamos”.
De acuerdo con México Unido Contra la Delincuencia, los errores han sido seguir insistiendo en operativos militares y en la nula prevención, en vez de enfocarse en “variables fundamentales” como un marco regulatorio a las drogas. “La delincuencia organizada genera enormes recursos y beneficios de una política de drogas prohibicionista. Cuando nosotros le proponemos a las autoridades que deben de cambiar porque si cambiáramos a un esquema regulatorio eso los debilitaría, dicen que no. Están debilitando las instituciones, pero las del Estado; las de la delincuencia están rampantes”, expuso.
Pablo Monsalvo, académico del Diplomado en Seguridad Pública por la Universidad Iberoamericana, coincidió con las organizaciones civiles.
“Todo tiene que ser un proceso de cambio y la seguridad con mayor razón. Hay una responsabilidad de parte del Estado y de los gobiernos federal y locales para dar seguridad a los que viven en un determinado territorio”, afirmó.
ESTUDIANTES EXIGEN JUSTICIA
El lunes pasado, Raúl Sánchez Jiménez, Fiscal General del Estado de Jalisco, confirmó que Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, los tres estudiantes de cine privados de la libertad el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá, Jalisco, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron los avances de la investigación y expusieron en una línea del tiempo cómo ocurrieron los hechos desde el momento en que los jóvenes, estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron privados de su libertad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) planteó que los jóvenes realizaban trabajos escolares cerca de la finca vigilada por integrantes del CJNG, a donde llegaría “El Cholo”, líder un grupo criminal rival conocido como Nueva Plaza.
Los estudiantes fueron levantados por hombres fuertemente armados quienes se identificaron como autoridades, dijo la Fiscalía jalisciense.
También ayer, la FGE informó que Omar “N”, un rapero conocido como “QBa”, colaboró en la desaparición y asesinato de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. El joven habría confesado, junto con Gerardo “N”, haber ayudado en la desaparición y en disolver en ácido clorhídrico los cuerpos de Aceves, Díaz y Ávalos.
Desde que se revelaron los primeros datos sobre el destino de los tres jóvenes, una ola de indignación y protestas se levantó en Jalisco y en todo el país.
Estudiantes convocaron a realizar marchas para exigir justicia en las principales avenidas de Guadalajara y de la Ciudad de México, con el hashtag #NoSomosTresSomosTodxs
Ayer, a las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia de la CdMx se congregaron jóvenes, documentalistas, activistas, estudiantes y ciudadanos en general para protestar por el crimen y demandar que su asesinato no quede impune.
Los estudiantes colocaron mantas blancas con los nombres de los tres estudiantes para demandar justicia y pedir con la mejora de las condiciones de seguridad para todos. Daniel Escobedo un joven universitario expresó que “es un insulto para la comunidad cinematográfica que ni siquiera puedan hacer su trabajo de forma tranquila y más que todos eran estudiantes”.
“Nos sentimos derrotados más que nunca porque paso entre nuestra comunidad. Se siente más que nunca porque son nuestros hermanos cineastas , porque no es solo porque era cineastas , sino porque eran estudiantes, jóvenes porque trabajaban en un proyecto en algo que nunca creyeron los iba a llevar a este final”, expresaron Karen, Camila, Lorenza y Rebeca, del Centro de Imagen y Estudios Cinematográficos.
“Cine sí, muerte no”, se exigió en una larga manta blanca que llevan los manifestantes.
El reclamo de justicia y freno a la violencia en las calles fue precedido por el que inundó las redes sociales en México, desde donde miles de usuarios expresaron su indignación e impotencia ante las circunstancias en que desaparecieron y asesinaron a los jóvenes, y reclamaron a las autoridades por la violencia que ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en los últimos 12 años.
A las seis de la tarde, en Guadalajara, familiares y compañeros de los tres estudiantes, además de ciudadanos y diversos colectivos de desaparecidos realizaron una marcha multitudinaria para protestar contra los gobiernos federal y estatal por el asesinato de los tres estudiantes de cine.
INSTITUCIONES CONDENAN VIOLENCIA
También, a través de un comunicado, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares de estudiantes y anunciaron que “darán puntual seguimiento a la evolución de los acontecimientos, para que los responsables respondan ante la justicia y reciban el castigo que en derecho proceda, y no haya impunidad ni olvido en este caso”.
Ambos organismos exigieron que las autoridades estatales no omitan línea alguna de investigación y se respete el debido proceso en la averiguación de los homicidios de los estudiantes de cine.
En entrevista con medios, Luis Raúl Gonázlez Pérez, titular de la CNDH, planteó que “es reprochable, condenable” la actual situación de inseguridad y violencia.
“La exigencia es para éste y muchos casos de jóvenes, y de cualquier persona, para que pues, basta ya de desapariciones y basta ya de impunidad”, añadió el ombudsman nacional.
Amnistía Internacional México, en tanto, planteó que el caso de Jesús, Javier y Marco pone en evidencia la gravedad de una cadena impune de violaciones a derechos humanos que terminan devastando familias y dejando profundas cicatrices en una sociedad que clama por justicia.
“Desde Amnistía Internacional exigimos que la investigación de este caso se haga con los más altos estándares científicos y legales, de tal forma que se pueda establecer con claridad lo ocurrido”, planteó la organización en un comunicado. También se solidarizó con las familias de los tres estudiantes y con las miles que buscan a sus seres queridos en todo el México.
“No nos cansaremos de denunciar, de buscar justicia, de alzar la voz, pero sobre todo de exigir que las autoridades cumplan con su obligación de proteger los derechos de todas las personas que viven o transitan por nuestro país con hechos y acciones concretas”, destacó.
MÉXICO, UN BAÑO DE SANGRE
La cifra de carpetas abiertas por el delito de homicidio en los que va de la administración del priista Enrique Peña Nieto [104 mil 673 indagatorias hasta marzo de este año] ya superó la de todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se registraron 102 mil 859 carpetas por asesinato doloso… y al actual Gobierno federal aún le quedan siete meses para llegar a su fin.
El último mes del que se tiene cifras oficiales es marzo, y en ese periodo se reportaron 2 mil 346 carpetas de investigación, lo que lo convirtió en el segundo mes más violento, junto con octubre de 2017, cuando se abrieron 2 mil 356 investigaciones por ese delito.
Además, la violencia se ha extendido a nuevas entidades, con ciudades que son de gran importancia económica para el país. Por ejemplo, las zonas turísticas de Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Nayarit, Guanajuato y la Ciudad de México, por mencionar algunos de las entidades más importantes que padecen hoy una crisis de violencia.
La estrategia de seguridad interna de la administración peñista, que por cinco año estuvo a cargo del hoy aspirante a Senador de la República, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, apostó por la captura de 122 cabecillas criminales.
Pese a que más de 100 líderes del crimen organizado han sido capturados –entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40–, los grupos criminales se ha subdividido y, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), actualmente más de 100 grupos criminales en toda la República Mexicana.
Y LOS MUERTOS TAMBIÉN SON EXTRANJEROS
La violencia en nuestro país no sólo afecta a connacionales. En el transcurso de 2018 han habido al menos seis casos de extranjeros asesinados en territorio nacional: un chileno que pereció en medio de una balacera en Acapulco, Guerrero; en Cancún, Quintana Roo, un afgano quien cayó al suelo desde el piso 15 de un hotel (pudo haber sido suicidio), además de dos jóvenes de origen colombiano que fueron decapitados; un canadiense en Huatulco, Oaxaca (causas no determinadas); un colombiano que fue baleado en la Ciudad de México; y un español radicado en Puebla que fue asesinado afuera de su casa.
De 2000 a 2016, en México fueron asesinados 2 mil 688 extranjeros, refieren cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese periodo, los homicidios de extranjeros se triplificaron (un aumento del 172 por ciento). Mientras que en 2000 hubo 89 extranjeros asesinados, en 2016 hubo 242.
De estos homicidios, la mayor parte fueron cometidos en Chihuahua (438), Baja California (433), Chiapas (267), Tamaulipas (231), Jalisco (174), Ciudad de México (125), Estado de México (120) y Sonora (118).
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son estados a los que no se debe viajar debido al crimen.
Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, en cambio, son estados en “nivel tres”, lo que implica la recomendación de “reconsiderar” viajar a ellos por los niveles de violencia.
Sólo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán están catalogados en “nivel dos” (que significa que sólo son de cuidado por el crimen). Sin embargo, para los estadounidenses no existe estado mexicano en que haya paz.
