“Enrique Peña Nieto eligió ignorar lo que las voces más conocedoras y prestigiadas en materia de violencia contra mujeres le dijeron en foros públicos, en redes sociales, en sesiones privadas, en artículos periodísticos, en informes de Derechos Humanos: “Su estado, señor Gobernador, se está convirtiendo en un sembradío de cadáveres femeninos. Su estado, señor Gobernador, ignora la violencia sexual que en muchos casos conlleva al feminicidio. Su estado, señor Gobernador, ese que usted maneja como el terrateniente de una finca propia, ha rebasado la tragedia de los asesinatos de mujeres y niñas en Chihuahua”. Pero el joven político eligió repudiar las voces y ordenó, como lo hace hoy a nivel federal, que sus subalternos recortaran cifras, que fabricaran bochornosos discursos plagados de equívocos insostenibles, todo para negar la muerte: la muerte que no conviene a un político en ascenso. Esa muerte que se suma, que crece como una montaña de papel en las procuradurías, que encarna en el dolor íntimo, gélido en los refrigeradores del servicio forense.
“‘Las mujeres no son desechables’, le dijimos. Pero él siguió sonriendo.
–Lydia Cacho. Prólogo de “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”.
Segunda Parte | Ver primera Primera Parte del adelanto del libro La muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto aquí
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Durante el sexenio de Peña Nieto, sólo en 9 de los 125 municipios de la entidad la tasa de asesinatos de mujeres cerró en cero.
En Chihuahua, el estado con más asesinatos de mujeres en ese periodo, 19 de 67 municipios no registraron casos. Los números cuentan una y otra vez que en ese estado de la frontera norte la muerte violenta de mujeres se desbocó a la par de la explosión de asesinatos relacionados con el conflicto social iniciado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
En Jalisco, asiento histórico de los capos sinaloenses, escenario de guerra de cuatro cárteles del narcotráfico antagónicos —Beltrán Leyva, Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación—, la tasa estatal en 2011, la más alta desde 1990, se ubicó en 3 cerrado. Quizá visto de manera aislada sería preocupante, pero en ese estado sólo en 34 de sus 125 municipios se registraron asesinatos de mujeres.
¿Qué ocurre en el extremo sur de México? Para efectos de comparación se eligió Chiapas, uno de los tres estados más pobres del país, tomado por asalto por el cártel de Los Zetas y lugar de paso anual de miles de migrantes mujeres y niñas centroamericanas. Ahí, en 2011, la tasa feminicida cerró en 1.1. En esa entidad se registraron asesinatos de mujeres en 23 de sus 119 demarcaciones.
Esta es otra peculiaridad del feminicidio mexiquense: se asesinan mujeres en municipios hiperpoblados o en los que sólo cuentan unos cuantos miles; en los que limitan con el Distrito Federal, Guerrero, Puebla o Querétaro; en los urbanos y en los rurales, y en los ricos y los pobres.
Por presentar un ejemplo, Atlacomulco, municipio de origen del presidente, cuna del grupo político que rige el Estado de México —y ahora el país— vivió en 2010 uno de los peores años para las mujeres. La tasa de asesinatos de ellas se ubicó en 5.1; ese año, ninguna de las dieciséis delegaciones políticas de la Ciudad de México alcanzó tal nivel.
El análisis estadístico comprende el mismo periodo, de 1990 a 2011. El peor año en ese lapso para Juárez, Chihuahua, fue 2010, cuando esa frontera fue la ciudad más violenta del mundo. Fue entonces que 54.9 mujeres fueron asesinadas por cada cien mil de las habitantes de ese sitio. En Zacazonapan, Estado de México, la tasa de 1991 ascendió a 78.9 y la de 2005, año en que Peña Nieto inició su gubernatura, el mismo municipio alcanzó el número de 56.2.
Ninguna oficina de la onu, ninguna instancia internacional, ninguna actriz reconocida en el mundo entero ha dicho: “¡Basta a los asesinatos de mujeres en Zacazonapan!”, ni en Zacualpan (tasa de 42.2 en 1994, año en que el promedio nacional fue de 3.1) ni en Texcalyacac (52.1 en 2003 contra 2.5 en el país) ni en San Simón de Guerrero (48.9 en 1991, 45.4 en 1994, 43.8 en 1996 y 38.4 en 2006, ya en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto) ni en San Martín de las Pirámides (28.6 en 2011, cuando la media mexicana fue de 4.5 y año en que Enrique Peña Nieto hizo una espectacular clausura televisada de su gobierno para luego dirigirse en sentido literal y figurado a la presidencia).
Tasa de asesinatos de mujeres en municipios con índices mayores al promedio en estados seleccionados
NENAS Y ANCIANAS
Otro rasgo peculiar del feminicidio mexiquense es la variación en las edades de las víctimas.
También a partir de las estadísticas vitales se produjeron las tasas de asesinatos de mujeres por cada cien mil de ellas, en función de los dieciocho grupos quinquenales de edad establecidos para los análisis demográficos. Igualmente se analizó el periodo comprendido entre 1990 y 2011, y para este caso se seleccionaron ocho entidades a fin de mostrar el contraste.
Para esta perspectiva de análisis se obtuvieron en total 2 128 cálculos y el cuarto más alto de todos, incluidos los de los estados fronterizos, está en el Estado de México.
Los sitios más conflictivos por el trasiego de drogas y delitos agregados muestran una clara tendencia en los asesinatos de sus mujeres situadas entre los 15 y los 54 años de edad, como es el caso de Chihuahua.
En el Estado de México se observa el primer pico hacia arriba, en el conjunto de niñas menores de cinco años; el último con una marcada tendencia alcista es el de mayor edad, ancianas con 85 años o más.
Entre las 2 128 casillas producidas se observa que en 1990, para todas las edades, el Estado de México registró un promedio de nueve asesinadas por cada cien mil mujeres habitantes. Las ancianas de 86 años o más mostraron una tasa que obligaría a una reflexión profunda de lo que ocurrió en ese lugar: 62.2. En la muestra estudiada este número sólo fue superado por Chihuahua en 2010, año en que fue la entidad geográfica más violenta del mundo para los tres grupos de mujeres comprendidos entre los 20 y los 34 años de edad.
Los siguientes cuadros muestran los grupos de edad con propensiones superiores a las promediadas en sus respectivos estados y años. Se ajustó el periodo a los años comprendidos entre 2005 y 2011 para mostrarlos en coincidencia con el sexenio del gobierno mexiquense de Enrique Peña.
ESTRANGULADAS
Las feministas consultadas sobre las causas del feminicidio en el Estado de México coincidieron en acusar la “extrema violencia” con que las mujeres son asesinadas en ese sitio.
Las actas de defunción proporcionan un acercamiento numérico a los últimos momentos de las asesinadas; en consecuencia, los bancos de información de la Secretaría de Salud son una galería de los horrores.
Entre 2000 y 2011 se reportaron 3 583 defunciones por agresiones a mujeres con residencia en el Edomex. El número más alto de homicidios, con 449 casos, se perpetró por “ahorcamiento, estrangulamiento y/o sofocación en vivienda”. En este caso, la forma de la muerte esclarece las condiciones de vida: maltrato rutinario de un marido, amante o novio convertido en asesino con sus propias manos.
Esta forma de matar, el estrangulamiento, es y por mucho la más socorrida por los asesinos de mujeres en el Estado de México. Sin importar el sitio en que ocurrió el crimen —casa, calles, carreteras u otros sitios no especificados—, durante los once años antes referidos 854 mujeres fallecieron de esta manera. Además, 116 murieron ahogadas mediante sumersión, 105 fueron arrojadas desde algún sitio elevado, 244 fallecieron atacadas con arma blanca y 41 perdieron la vida quemadas.
Es el contacto físico lo que llama la atención, porque la relación muestra que en 807 asesinatos de mujeres se ocupó un arma de fuego.
VIOLACIONES
Durante la investigación de campo y la revisión hemerográfica para la realización de este trabajo periodístico, se encontró que un aspecto recurrente en el feminicidio mexiquense es la violación de las víctimas anterior a su asesinato. Las bases de datos de la Secretaría de Salud consultadas no orientan en cuanto a si, previo al homicidio, la mujer sufrió un ataque sexual.
Como medio de aproximación se puede echar un vistazo a las Cifras de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se advierte que las series se elaboran desde los reportes de las procuradurías estatales y no consideran los delitos totales sino una fracción de estos: sólo los que fueron denunciados.
Existen distintas aproximaciones a la cifra negra del delito de violación. Algunos especialistas apuntan a que la fiscalía conoce uno de cada cuatro casos y otros extienden el margen a uno de cada diez o menos.
¿Qué explica la baja denuncia del delito? Que ocurre con frecuencia dentro de casa, que socialmente se mantiene el estigma de vergüenza sobre las víctimas, que las niñas y mujeres son revictimizadas por el Ministerio Público, y la escasa perspectiva de justicia que las víctimas en general tienen en México.
Entre el mes en que Peña Nieto inició su mandato en el Estado de México y aquel en que concluyó su gubernatura, más de 17 mil 500 mujeres acudieron a la autoridad para denunciar una violación en su contra, según los datos del Secretariado.
De acuerdo con estos datos, uno de cada cinco ataques sexuales en el país ocurrió en el Estado de México, entidad que —nuevamente— posee 13 por ciento de la población nacional total.
La muerte de mujeres en el Estado de México también se explica porque ahí, más que en ninguna otra parte del país, sufren toda clase de maltratos dentro y fuera de sus casas.
Y esto también tiene medida.
(IN)JUSTICIA MEXIQUENSE
No sólo los números de la Secretaría de Salud encienden la alarma.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio muestra que de los 1 719 casos informados por la mitad de las procuradurías estatales —la otra parte se negó a proporcionar información—, más de 27 por ciento ocurrieron en el Estado de México.
Otra preocupación es la impunidad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó en 2010 que desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta agosto de ese año pasado, 672 mujeres fueron asesinadas con alevosía y ventaja, muchas de ellas tras ser torturadas y violadas.
Nueve de cada diez asesinatos quedaron sin castigo. El incremento de cuerpos encontrados en la vía pública aleja aún más la posibilidad de su resolución.
Dos terceras partes de esos crímenes son definidos como de “extrema violencia” por María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Crecen la tortura y la violencia sexual. Los asesinatos por asfixia han rebasado los perpetrados con arma de fuego. A pesar de los señalamientos, las autoridades mantienen el discurso de que se trata de problemas aislados de violencia familiar.
“No se investiga, ni siquiera lo hace la fiscalía especial recién creada.” Las autoridades evaden o reducen esta violencia a situaciones domésticas, que si bien son un problema, eso no exonera a las autoridades de su responsabilidad y de garantizar la vida de las mujeres.
“El gobierno busca su exoneración al definir el problema en la cultura machista que, si bien existe, no se reduce al hogar sino alcanza a los operadores de justicia. Los funcionarios deberían ser sancionados porque no investigan, porque hacen mal las consignaciones. Y esto tampoco ocurre.”
Mendoza subraya la necesidad de crear, como ocurrió en Chihuahua, redes de apoyo familiar y de la sociedad civil que presionen al estado a investigar los asesinatos y dar prevención y protección efectiva a las mujeres. “De lo contrario, el feminicidio seguirá en crecimiento”.
