La dependencia federal cuestionó la información que ha sido promovida por artistas y ambientalistas bajo la etiqueta #SélvameDelTren, con la cual se han pronunciado en contra del Tren Maya por su impacto negativo en el ecosistema y la biodiversidad en la Península de Yucatán.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) calificó como “erróneas” las publicaciones que circulan en redes sociales sobre las afectaciones ambientales por la construcción del Tren Maya, y cuestionó a los artistas y “pseudoambientalistas” por promover esta información.
“Ante las publicaciones que circulan en redes sociales, con desinformación o información errónea, en las que distintas personas y pseudoambientalistas hacen creer a la población en general que el Gobierno de México promueve la devastación medioambiental en el sureste mexicano, se comparten algunas situaciones graves de los últimos 30 años que sí han dañado la riqueza natural de esa región y que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente”, expuso la dependencia a cargo de María Luisa Albores.
📌 Las personas de la región quieren y ven en el @TrenMayaMX un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades.
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— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 25, 2022
La Semarnat aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en la remediación del desastre socioambiental que permitieron y promovieron administraciones pasadas para perpetuar el beneficio de unos cuantos por encima del bien común.
Enlistó los daños que administraciones pasadas causaron en la región del sureste y que en este nuevo Gobierno se pretende remediar.
–Se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas: por ejemplo, en el estado de Yucatán la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las características cársticas de sus suelos.
–Se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato. Esto, incluso fomentado desde las autoridades y perjudicó a la salud humana y ambiental, ya que los cultivos de organismos genéticamente modificados (el maíz y la soya) se implementan con paquetes tecnológicos basados en agroquímicos.
–Se omitió atender el creciente problema de la deforestación y tala ilegal. Históricamente el sureste ha sufrido por la deforestación, y actualmente se ubica como la región más deforestada del país; de 2010 a 2017 la siembra de soya en el estado de Campeche pasó de 17 mil a más de 40 mil hectáreas. Solo en el municipio de Hopelchén, la superficie destinada a ese cultivo creció de 7 mil a 28 mil hectáreas, es decir 400 por ciento. La tala ilegal de maderas preciosas tropicales se incrementó en los últimos años, de 2000 a 2018, impactando incluso la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la más grande de América Latina.
–Se dieron permisos para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente: La explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto freático y sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad, Quintana Roo. En 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres de nuestro país existen mil 862 concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas, como es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas.
–Se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite.
–Se autorizaron megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio ambiente: se permitió, e incluso se fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin ni siquiera plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas.
