La política migratoria suele ser todo menos una lista de leyes, normas y reglamentos por cumplir. Es más bien, sobre todo, un conjunto de decisiones discrecionales que se adaptan a la coyuntura política y la geopolítica internacional. Para muestra basta un botón. Se está cumpliendo el segundo aniversario de la instrumentación de la que fuera una imposición unilateral por parte de Estados Unidos, en ese momento bajo el mandato de Trump, de enviar a los solicitantes de asilo en su país a territorio mexicano a esperar su turno ante un juez, bajo la norma conocida como Título 42. El argumento en su momento fue que se daba esta acción por razones sanitarias de emergencia derivadas de la pandemia por COVID. En campaña Biden prometió derogar esa decisión por considerarla inhumana y lo hizo apenas tomó el poder presidencial, pero muy pronto, un juez le impuso reactivar el programa y su equipo no quiso buscar salidas para evitar cumplir esa orden de manera legal -por ejemplo, si México se hubiera negado a cooperar-. Ahora, dos años después en que miles de personas han sido traídas y llevadas entre México y Estados Unidos y de regreso para esperar el llamado de un juez estadunidense que analice si su caso es suficientemente terrorífico como para justificar que inicien el procedimiento de solicitud de asilo en aquel país, hay posibilidades de que el Título 42 se derogue. El problema es que para hacerlo tienen que resolver los miles de casos de solicitud de asilo pendientes, lo que los demócratas temen pueda animar a nuevos contingentes y caravanas a dirigirse a la frontera de México para intentar cruzar a Estados Unidos. En año electoral esa es la peor propaganda que los demócratas buscan evitar y que los republicanos se frotan las manos por tener, poder exhibir una masa “incontenible e incontrolable” suplicando ingresar al país de las libertades y la democracia, como suelen presentarse los propios estadunidenses ante el mundo. Este cálculo político de parte del gobierno de Biden es lo que explica que el Título 42 aún siga vigente.

A este escenario se suma un nuevo frente migratorio. Se trata de un flujo constante de ciudadanos ucranianos que empiezan a llegar a las puertas de Estados Unidos por la ruta mexicana, quienes por cierto, ya lo venían haciendo de manera inusual desde hace varios meses, lo mismo que ciudadanos rusos que tal parece que ya olían que el clima político se empezaba a calentar en su país, porque entre septiembre y febrero de este año, 1,500 ucranianos y 8 mil 600 rusos cruzaron hacia Estados Unidos desde alguna localidad mexicana, lo cual llamó la atención pero no alertó a nadie. En este momento, sin embargo, las cosas se están complicando para los rusos que ya están siendo rechazados por el servicio migratorio estadunidense junto a los miles de otras nacionalidades, principalmente centroamericanos, africanos y caribeños que se mantienen desde hace meses, incluso años, en un limbo de espera en la frontera mexicana.

Lo que hay que dejar bien claro es que en esta decisión no hay nada que esté estrictamente apegado a derecho, sino que es pura y vil decisión política. Las personas como piezas de un ajedrez donde sus vidas no interesan sino lo que pueden representar para causar algún tipo de daño -aunque solo sea simbólico- al enemigo. Tan es así que Estados Unidos acaba de anunciar que recibirá a 100 mil ucranianos que huyen de la invasión rusa. Esto suena mínimo si se considera que en menos de dos semanas Polonia recibió a 2 millones de desplazados y Rumania abrió sus puertas a 500 mil. Además, la Unión Europea aprobó por unanimidad ofrecer una visa humanitaria a los ucranianos para aligerar su situación como refugiados en ese continente, lo que mostró que la burocracia migratoria es solo un argumento dilatorio cuando realmente se pueden resolver las cosas de manera práctica, flexible y obviando las condiciones de dolor extremo que explican toda migración forzada.

La hipocresía de la política migratoria se exhibe aún con mayor claridad si sumamos la utilización de la emergencia sanitaria por COVID como pretexto para manejar los flujos migratorios de acuerdo con los intereses y necesidades en este caso la de los políticos estadounidenses. Ucrania que ahora será el país más beneficiado en número de visas para quienes decidan emigrar a Estados Unidos, es también el país donde, hasta antes de la guerra, se había dado la menor aplicación de vacunas de toda Europa que, además, en su mayoría fueron vacunas rusas, rechazadas por Estados Unidos.

Es obvio que eso se puede resolver sin mayor trámite que vacunando a cualquiera con alguna de las marcas que a los estadounidenses les sobran, sea por producción que excede a la necesidad de esa nación, como por los millones de ciudadanos de aquel país que rechazan ser vacunados. El punto para no perder de vista es como se define la selectividad del ingreso a un país por nacionalidades de acuerdo con consideraciones políticas y no humanitarias que es tan ruin como el hecho mismo de usar la migración como mensaje de guerra. Tal parece que estamos ante la nueva versión de lo que en su momento se llamó la política de “pies secos-pies mojados” que Estados Unidos utilizó para debilitar al gobierno cubano durante décadas y eso no es buena noticia para nadie, porque ese fue uno de los sellos distintivos de la guerra fría y la división de la propia comunidad migrante entre los que se conciben como exiliados y los que simplemente buscan refugio. Esa distinción no es solo de léxico como tampoco lo es la política migratoria de cualquier país que insisto, es solo un caudal de normas, leyes y reglamentos que se adaptan a las necesidades del poder.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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