Tomás Yarrington, de 64 años de edad, admitió ante las autoridades estadounidense un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en un tipo de esquema de pago.
Ciudad de México, 25 marzo (SinEmbargo).– El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos.
El exmandatario admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la Fiscal Interina Jennifer B. Lowery.
El también excandidato a la Presidencia admitió haber aceptado sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas durante su gestión como Gobernador en ese estado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Yarrington utilizó a prestanombres y compradores nominados para adquirir propiedades en EU, entre ellas un condominio en Port Isabel, y así ocultar su identidad sobre las mismas y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas.
Former Mexican governor and presidential candidate convicted of money laundering#BrownsvilleTx #HouNews #Yarringtonhttps://t.co/6C1iwIFRHh
— US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) March 25, 2021
La declaración del exmandatario priista fue aceptada por la Jueza Federal de Distrito Hilda G. Tagle, quien fijará la sentencia posteriormente.
Yarrington fue capturado en abril del 2017 en Italia, mientras viajaba con un nombre, pasaporte y otros documentos falsos. Su detención ocurrió mediante una orden de arresto provisional basada en la acusación por narcotráfico emitida en mayo del 2013.
A pesar de que la extradición fue impugnada por Yarrington, las autoridades italianas autorizaron su extradición a Estados Unidos.
El exgobernador llegó en abril de 2018 a Estados Unidos, donde permanece detenido y al momento enfrenta hasta 20 años de prisión.
EL CASO YARRINGTON
El imperio del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) empezó su decadencia en noviembre del 2011, cuando apareció el cuerpo de Alfonso Peña Argüelles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al empresario, Los Zetas dejaron un mensaje acusando al político de lavar dinero sucio por medio de Peña Argüelles. No pasó de allí.
Sin embargo, fue el Gobierno de Estados Unidos el que aceleró las cosas, como en otros casos similares. Y fue el 30 de enero de 2012 cuando la DEA acusó a los tres exgobernadores de Tamaulipas, todos ellos del PRI [Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores] de tener nexos con el narcotráfico.
En una corte de San Antonio, Texas, la DEA abrió más el caso. Dijo que Yarrington lavaba millones de dólares de Los Zetas y el Cártel del Golfo mientras fungía como Gobernador de Tamaulipas. Antonio Peña Argüelles, hermano del empresario, testificó. Afirmó que Yarrington tenía lazos fuertes con Los Zetas. También lo acusó del complot que llevó al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el excandidato del PRI para la gubernatura por Tamaulipas en 2010.
Para mayo de 2012, el Gobierno de Estados Unidos ya trabajaba en casos contra Yarrington en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas. Se ordenó que se le confiscaran bienes y se le acusó además de recibir, mientras fue Gobernador, millones por la vía de extorsión y soborno.
Se le descubrió un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas.
En mayo de 2013, un Juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, formuló el expediente B-12–435–S1 y acusó formalmente al exmandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al Gobierno del estado.
De acuerdo con los documentos del Gobierno norteamericano, existe evidencia de que el crimen organizado ha financiado las campañas políticas de Tamaulipas desde hace casi dos décadas. La acusación contra Yarrington Ruvalcaba señala que desde 1998 y “de manera regular”, tanto el Cártel del Golfo como su entonces brazo armado, Los Zetas, destinaron grandes sumas de dinero para pagar la protección de sus negocios ilícitos no sólo al exmandatario priista, sino a una vasta red de políticos y funcionarios de alto nivel, candidatos e incluso miembros del Poder Judicial.
En México, donde las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Yarrington datan desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, han avanzado lentamente. Desde el 27 de febrero de 2014, la dependencia federal tiene una orden de aprehensión pendiente en contra del exgobernador.
