#DatosCerrados | En 2014, cuando la aprobación a su desempeño se fue en picada, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto ordenó la construcción de un centro de datos. Sin licitación de por medio, le pagó un contrato de poco más de 128 millones a Productos de Consumo Omega S.A de C.V., una empresa cuya directiva no es pública como tampoco lo son los nombres de sus dueños. Un año después, la Presidencia de la República reservó la información técnica del proyecto hasta 2026. Cuando pueda conocerse si ese albergue cibernético de información resultó efectivo o lo que guardó, Peña Nieto tendrá 60 años de edad y habrán pasado ocho años de su partida de Los Pinos. Ayotzinapa, la tragedia que ese mismo 2014 descarriló su Gobierno, tendrá 12 años de haber ocurrido.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- En 2014, la Presidencia de la República mandó formar un centro de datos de 128 millones 198 mil pesos con 28 centavos mediante un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa Productos de Consumo Omega S.A de C.V.
El dinero para dicho proyecto cibernético equivale al monto destinado por el Gobierno Federal y el de Puebla a los Bancos de Alimentos de ese estado, un programa que fue parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que ese mismo año se puso en marcha en ciertos municipios del país para amainar la pobreza extrema.
Pero los ciudadanos no pueden conocer si el dinero gastado por la Presidencia de la República se empleó bien. El anexo técnico del contrato AD-SN-020-14 que concierne al centro de datos fue puesto bajo reserva el 5 de diciembre de 2014 y hasta la misma fecha de 2026, bajo la custodia de la Dirección General de Recursos Materiales de la Presidencia de la República.
En 2026, Enrique Peña Nieto tendrá ocho años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos. Su edad será de 60 años. La tragedia de Ayotzinapa que descarriló su Gobierno tendrá 12 años de haber ocurrido. La revelación de que poseía una mansión en las Lomas de Chapultepec, un affair conocido como “casa blanca, cumplirá 12 años. Y habrá pasado un año de que su sucesor haya dejado la Presidencia.
Según la Escuela de Internet, un centro de datos es un complejo formado por hardware informático que debe ser accesible desde cualquier rincón del planeta. Puede ser una habitación dentro de un edificio o un complejo. En él se guarda información. Del ordenado por el Presidente Enrique Peña Nieto por ahora no puede conocerse la utilidad, lo que archiva o si ha resultado efectivo. Tampoco las motivaciones que tuvo para pedirlo.
El anexo técnico del contrato fue guardado con tres consideraciones. Una fue el daño al interés público de preservar la seguridad nacional y la salud, vida y seguridad de las personas, mediante la realización de diversas conductas que interfieran con la normal operación del centro de datos, según asentó la Dirección General de Tecnologías de la Información en el oficio DGT/DAO/102//15 enviado al Comité de Información de la Presidencia.
Esa instancia también estimó que dicho daño puede producirse en cualquier momento mientras esté en operaciones el centro de datos, por lo que la restricción de divulgación de la información debe comprender el máximo permitido por la ley.
Para la reserva también pesó la probabilidad de daño dado que se emplearían herramientas tecnológicas.
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De los contratos que ha otorgado el Presidente Enrique Peña Nieto, el 55 por ciento fue mediante adjudicación directa, 29.6 por ciento con invitación a tres personas y 15 por ciento con licitación pública. Estos porcentajes se obtuvieron mediante una revisión de los contratos de la Presidencia de la República de 2012 a la fecha contenidos en el Portal de Obligaciones y Transparencia y comparados con la página Compranet, los dos mecanismos que permiten el conocimiento de las compras del Gobierno.
Es decir, en la manera de contratar del Primer Mandatario predomina la adjudicación directa que es la forma legal que le permite al Gobierno pagar por servicios o comprar sin que medie concurso entre empresas.
El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios casos. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso el 14 de marzo pasado, al presentar su “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” que la utilización de este modo de contratación (en el que no se compite) debiera ser excepcional y no predominante.
En la Presidencia, la adjudicación directa brilla. Los servicios relacionados con Internet contratados a partir de 2013 son un ejemplo. 17 fueron otorgados de esa manera y en dólares. Por ejemplo, en 2013, la Coordinación General de Administración de la Presidencia de la República contrató un servicio de suscripción, actualización y soporte de licencias de uso de programas de cómputo a través de un esquema de licenciamiento a Microsoft licesing por un millón 137 mil 128 dólares con 45 centavos.
Respecto a su centro de datos, la adjudicación directa argumentada en la seguridad nacional permite oscuridad en torno al proyecto, pero también de la empresa. Productos de Consumo Omega no publica su directiva como tampoco quién la adueña. Localizada en un número telefónico de acuerdo con una página web que se encuentra en caché (es decir, en la memoria de Internet) se negó a proporcionar esa información. Hay dos domicilios de esta entidad, una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México.
Así, se desconoce a quién le confió el Presidente Enrique Peña Nieto el centro de datos que mandó construir en 2014, el año en que su popularidad cayó en picada y se convirtió en el Mandatario con menos aprobación de la Historia de México desde 1994.
