Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en 2010, un caso investigado y cerrado por las autoridades del Estado de México, confía en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busquen la verdad y se den cuenta que Julio César Hernández Ballinas, presunto culpable, ha sido protegido por autoridades locales y federales.
El caso se discutirá durante las próximas horas en la Primera Salda de la Suprema Corte, junto otros 71 procesos que serán tratados en la sesión de hoy. La familia Lima Buendía prevé que hoy podría darse el desenlace de cinco años de pedir justicia si los jueces dictaminan que efectivamente se trató de un feminicidio y no de un suicidio, como lo determinó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como suicidio, dijo que esera que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Justicia y justicia, no queremos otra cosa. Confiamos en que los ministros se den cuenta de lo que Julio César Hernández Ballinas hizo; no se necesita ser experto para darse cuenta que a él lo han protegido”, dijo Irinea Buendía en entrevista para SinEmbargo.
-¿Quién lo ha protegido? –se le preguntó-.
-Los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales –dijo la señora, quien se encuentra en espera de entrar a la Primera Sala.
Mariana se casó en 2008 con un policía judicial mexiquense, Julio César Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.
Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.
Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial. Desde entonces, Irinea Buendía lucha, como dice ella, por dos cosas: “justicia y justicia”.
“Hoy, los ministros deben dar con la verdad”, declaró la madre, quien agregó que ni ella ni su familia tienen miedo pues aseguró que nada deben. Agregó que si la SCJN no da la resolución que ella y su familia esperan, no cesarán su exigencia y determinarán un nuevo plan de lucha.
Hoy por la mañana, algunos ciudadanos protestaron de forma pacífica a las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, su movilización duró unos cuantos minutos debido a que no se logró la convocatoria esperada.
LAS IMPLICACIONES DEL CASO DE MARIANA
El caso de Mariana resulta emblemático por varias razones. En primer lugar es un feminicidio íntimo, es el asesinato de una mujer por su condición de género, ocurrido en el interior de su hogar.
“Y lo es también porque se plantea como un suicidio, una coartada muy frecuente no sólo, pero particularmente en el Estado de México”, explica Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio y representante legal de la familia Lima Buendía.
Domínguez ha sido un activo promotor de la emisión de la alerta de género en el Estado de México, un novedoso mecanismo contemplado en la ley que faculta al Estado para intervenir en momentos y lugares con alzas en la violencia feminicida contra las mujeres.
Sin embargo, las organizaciones se han topado con la gruesa pared de la operación política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos funcionarios en el gobierno del Estado de México se han valido incluso de datos falsos para impedir la activación del sistema de protección.
La muerte de Mariana Lima Buendía resulta representativa en el panorama de violencia de género también porque, recuerda el joven abogado, ocurrió tras un proceso de constante y creciente daño físico y psicológico contra una mujer que se abstuvo de denunciar por su desconfianza hacia las autoridades que en teoría debían protegerla. Y había razón para la desesperanza: esas autoridades cubrieron con impunidad a su probable asesino. Mariana trabajó para la Procuraduría mexiquense y conocía bien la ineficacia y corrupción de la institución.
A partir de su experiencia, las organizaciones atentas al feminicidio en México reconocen tres momentos de alto riesgo para la vida de las mujeres: el primero cuando escapan del ciclo de violencia, el segundo al denunciar al agresor, y el tercero al solicitar una orden de protección. Desde esta perspectiva, el error fatal de Mariana fue advertir y convencer a Hernández Ballinas de que esa vez sí lo denunciaría.
El caso es característico también por la deficiente investigación realizada por los agentes del Ministerio Público, peritos y policías; una pesquisa plena de irregularidades y negligencias y hasta colusión.
En el expediente es claro que desde el inicio Ballinas falseó su declaración al presentarse como “comandante del grupo del subprocurador”: ni era comandante ni el cargo existe. “Potenció su capacidad de influencia.”
La determinación que se dicte es trascendente, pues coadyuvaría a la lucha de las víctimas de feminicidio por el acceso a la justicia y el derecho al conocimiento de la verdad.
La sentencia debe reconocer, en el caso concreto, las graves omisiones, negligencias y corrupción con que actuaron las autoridades del Estado de México que investigaron la muerte de Mariana, que podrían calificarse de acciones dolosas con el objetivo de encubrir al agresor como un elemento mínimo que garantice la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.
En concreto, se está ante una oportunidad histórica para la SCJN establezca un primer precedente que fije los criterios mínimos de debida diligencia con perspectiva de género que las autoridades de procuración y administración de justicia deben observar para garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño de las víctimas de violencia feminicida.
