El gobierno de México —y en particular el equipo jurídico de su Cancillería— acaba de anotarse una victoria a cuatro bandas: una Corte de Apelaciones en Estados Unidos resucitó la demanda que interpuso hace dos años y medio contra un grupo de productoras y distribuidoras de armas estadounidenses.

Para los despistados, hagamos algo de memoria.[1] El 4 de agosto de 2021, la Cancillería mexicana presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Massachussets en contra de productores y distribuidoras de armas de Estados Unidos. La acusación es la siguiente: las empresas demandadas se comportan de manera negligente en la forma en la que diseñan, producen, distribuyen y comercializan sus armas. Su negligencia —sigue el razonamiento— facilita que las armas caigan en manos de criminales en México. Por tanto, son ellas corresponsables de la violencia en el país. En la demanda, el gobierno mexicano exige una compensación económica, pero, sobre todas las cosas, cambios inmediatos en la forma en la que las empresas comercializan y producen sus armas. Sin decirlo, lo dejaban claro: hay una dimensión transnacional en las fuentes del conflicto en México. Si no se detiene el flujo de armamento de Norte a Sur, estaremos destinados a continuar en el espiral de violencia que acecha al país. No es casual que entre 1997 y 2021, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego en México haya pasado de 15 a 69, justo en el periodo de mayor expansión del mercado de armas en la historia de Estados Unidos.

Para muchos analistas —me incluyo— el movimiento de la cancillería era audaz, pero estaba cuesta arriba. Los méritos políticos estaban fuera de toda duda, pero quedaban preguntas sobre los jurídicos. Preocupaba, en particular, que la existencia de una ley, la famosa Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA) hiciera improcedente la demanda. Se trata de una ley que blinda los intereses de la industria armamentista en Estado Unidos y hace prácticamente imposible ganar un juicio contra los fabricantes de armas por el uso indebido que hagan terceros de sus productos. Desde su expedición en 2005, PLCAA había logrado evitar que la industria de armas se siente en el banquillo de los acusados. Hasta ahora.

La cautela estaba justificada. En septiembre de 2022, la Corte de Massachusetts rechazó la demanda mexicana, argumentó que PLCAA garantiza inmunidad y puso en duda la personalidad jurídica de México para llevar un proceso de este tipo en Estados Unidos. Era lo previsible.

La Cancillería, sin embargo, no se dio por vencida y el 14 de marzo de 2023 apeló la decisión argumentando que PLCAA no podía aplicar extraterritorialmente a hechos y daños ocurridos en el extranjero. Esto es, aunque las prácticas negligentes de las empresas se produjeron en Estados Unidos, el daño ocasionado (muertes, lesiones, heridas) ocurrió en México. PLCAA, por tanto, no era aplicable. Se trataba de un argumento tan riesgoso como bien fundamentado. Algo estaba claro: en el edificio terracota de Av. Juárez 20, sabían jugar ajedrez.

Para sorpresa de todos, el pasado lunes, tras varias idas y venidas, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos le dio la razón a México al “dar marcha atrás con el juicio de la Corte de Distrito que mantiene que PLCAA prohíbe los argumentos de México”. En una frase: confirmó que las empresas no tienen inmunidad y éstas deben responder por sus acciones ante un tribunal.

¿Qué sigue ahora? El asunto debe regresar a primera instancia para continuar su desarrollo. Si todo sale bien, y las demandadas no logran revertir la decisión ante el pleno de la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema de Estado Unidos, el juicio iniciará y México podrá mostrar ­evidencia sobre la negligencia de las armerías. Lo que pueda pasar en el juicio es imprevisible. La moneda está en el aire y el gobierno de México podría, no solo ganar una demanda, sino poner a temblar algunas de las bases del derecho internacional tal como lo entendemos.

Hay varias lecciones que deja este caso, por ahora subrayo una: la relevancia de continuar con una política de Estado en materia de control de armas. La demanda comenzó a fraguarse al principio del sexenio y se materializó en el verano de 2021 bajo el liderazgo de Marcelo Ebrard. Hoy el proceso continúa bajo la titularidad de Alicia Bárcena. Es fundamental que más allá de quien triunfe en las elecciones de junio, el gobierno de México continúe priorizando esta agenda. Si los ojos de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no están puestos aquí, están cometiendo un error. Ojalá.

PS: Hay columnas que disfruto mucho escribir. Otras menos. Ésta la disfruté muchísimo. Un saludo especial a Alejandro Celorio, jefe del equipo jurídico de la Cancillería. Para él, mi reconocimiento y abrazo.

[1] Desde hace dos años y medio he escrito sobre este tema con regularidad. Sobre la acción del gobierno de México, véase: Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería?, Sin Embargo, 24 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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