La noche del lunes 15 de enero, Lorenza Cano Flores, de 55 años, fue sacada a la fuerza de su domicilio en la colonia El Cerrito de Salamanca, Guanajuato, y desaparecida por un grupo armado. La banda también asesinó a su esposo, Miguel, y a su hijo, Miguel Ángel, quienes trabajaban en Estados Unidos y estaban en México de visita. Vecinos y vecinas escucharon los balazos, llamaron los servicios funerarios, pero la búsqueda de Lorenza tardó en activarse y las primeras alertas publicadas en redes sociales fueron de los colectivos de familiares y de organizaciones civiles.

Lore, como le dicen con cariño sus familiares y compañeras del colectivo, busca a su hermano, José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018, y desde sus inicios forma parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, el cual nació en noviembre del 2020 y hoy reúne a más de doscientas familias, víctimas de la violencia imperante en el estado. 

Ya desde la semana pasada, Laura, la hija de Lore, se encuentra evidentemente en situación de riesgo y ha solicitado protección, sin embargo, no la ha recibido. Tampoco otras integrantes o la vocera del colectivo.

Lorenza no podía salir a campo por un problema en su pierna, pero siempre ha apoyado a sus compañeras con comida, iniciativas de recaudación de fondos y en las reuniones de trabajo con autoridades. Tiene una tienda de abarrotes y, según la representante del colectivo, Alma Lilia Martínez, quien busca a su hijo Daryl, desaparecido el 1 de mayo de 2018, los comercios y la población de la zona han estado bajo el yugo de la extorsión y la presencia de grupos armados. Por otro lado, las y los familiares de personas desaparecidas, independientes o pertenecientes a colectivos y brigadas, deben sortear sus actividades cotidianas y las búsquedas en entornos sumamente peligrosos, permanentemente bajo acecho, y, particularmente en el caso de las mujeres, se vuelven blancos con mayor exposición, inclusive cuando mantienen un perfil discreto y tratan de prevenirse. 

Esta situación – claro está para quienes vivimos en Guanajuato – no es nada nueva, al contrario, los barrios y las rancherías de León, de los pueblos del Rincón, del corredor industrial, de las regiones centro y sur son escenario endémico de desaparición y desplazamiento de población, ocupación y disputa armada entre grupos ilegales y paralegales, “cárteles” paramilitarizados, policías preventivas y “tropas regulares” de Sedena y Guardia Nacional.  

El narcotráfico, el narcomenudeo y el robo de combustible, con sus altibajos, han representado los negocios más importantes de redes macrocriminales regionales que, bajo tolerancia, autorización o franca colaboración de las autoridades, han podido ampliar sus giros para incluir el secuestro y la extorsión, la trata de personas y el reclutamiento forzado, el procesamiento de drogas sintéticas y los esquemas de préstamo “gota a gota”, entre otros. 

La gobernanza criminal en varios municipios es un hecho innegable a estas alturas: sólo por mencionar un par de ejemplos, las policías locales de Romita en 2023 y de Juventino Rosas en 2021 fueron disueltas por infiltración del crimen organizado, las secretarías de seguridad pública y los ministerios públicos estaban coludidos. En aquellas ciudades, entonces, todos los casos de desaparición deberían considerarse de cajón como desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas. Por otra parte, Guanajuato encabeza la lista de los estados más letales para las y los policías, ya que el año pasado fueron asesinados 60, sobre un total nacional de 412.

Para las desapariciones forzadas se han activado en la entidad varios procedimientos de Acción Urgente ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, el cual esta semana ha otorgado esta medida para el caso de Lorenza, solicitando al Estado mexicano que, en un plazo de dos semanas, informe sobre los avances de la investigación, establezca urgentemente una estrategia integral, un plan y cronograma de búsqueda, identifique a los perpetradores y garantice la participación de la familia. 

Un análisis inmediato del contexto guanajuatense, que considere tan sólo los últimos dos meses y fuentes de prensa, arrojaría un diagnóstico implacable de desamparo general, en donde la alta percepción de inseguridad sí se corresponde con la realidad. Al contexto descompuesto se le opone un movimiento social de colectivas, en gran parte formadas por mujeres, que trabajan la búsqueda literalmente desde las raíces, la tierra y las calles. 

Ir más allá de “los puntos” y de los eventos singulares implica reconocer que el asesinato de cinco estudiantes de medicina en Villagrán el 3 de diciembre, la masacre de once personas en Salvatierra el 17 de diciembre, el ataque en una barbería de Salamanca que dejó cuatro víctimas aquel mismo día o los bloqueos y quemas de autos en Celaya del 7 de enero, son partes de una misma trama. Este continuum de violencias es cotidiano y lamentablemente se ha normalizado. Tantas atrocidades se han vuelto eventos seriales, pero las notas periodísticas respectivas sólo de vez en cuando alcanzan difusión nacional e internacional. 

En Guanajuato, la desaparición de personas, las masacres y los hallazgos de más de 400 fosas clandestinas y sitios de exterminio en la gran mayoría de los 46 municipios configuran la “nueva normalidad” de la persistente epidemia de violencia en la entidad.   

El lunes siguiente a la desaparición de Lorenza, el 22 de enero, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de dos presuntos responsables, José Adrián y José Iván “N”, aunque todavía se desconoce el paradero de la buscadora. A reservas de que se revelen más detalles, la explicación de la Fiscalía con base en los primeros elementos de la investigación parece débil, al sostener que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y, como no lo encontraron, decidieron matar a los dos que se estaban allí y llevarse a Lorenza Cano, presumiblemente rumbo al municipio de Villagrán.

Independientemente de la investigación ministerial, las familias y los colectivos en Guanajuato están pidiendo tres cosas: dar con el paradero de Lorenza lo más pronto posible, que no haya carpetazo y que las personas buscadoras no sigan viviendo amenazadas y puedan desarrollar su labor humanitaria en paz. 

Esta petición de protección y seguridad debe traducirse en prevención, en mayor coordinación entre niveles de Gobierno, apoyo psicológico, económico y tecnológico, atención integral y un sistema de refugios seguros para las personas buscadoras. Su llamado se repite y se repite desde hace cuatro años en la voz de agrupaciones estatales y regionales como, por ejemplo, la Unión Regional de Búsqueda del Bajío. Igualmente, se pide el reconocimiento pleno de su papel como defensoras de derechos humanos. 

Sin embargo, las plegarías y las protestas no han generado respuestas institucionales eficaces, pues, en cambio, en muchas ocasiones se les ha negado protección, resguardo, derechos y una pronta intervención. El propio Gobierno municipal de Salamanca, presidido por César Prieto, así como muchos otros en la entidad, ha recibido múltiples señalamientos por escatimar esfuerzos y retrasar apoyos a las búsquedas, a la atención a víctimas y a la protección en campo, así como por el carente funcionamiento de las células o grupos municipales de búsqueda. Si bien en varios casos fueron activados los mecanismos federales y los de la Fiscalía estatal, incluyendo la reubicación temporal de las familias, no ha sido posible detener ataques, amenazas y, más en general, la violencia criminal. 

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha documentado el desplazamiento forzado de al menos 14 familias en el estado y, aunque se han dado a conocer públicamente cinco casos de asesinatos contra personas buscadoras guanajuatenses desde 2020, igualmente reportados por la Plataforma, ha habido por lo menos otros cuatro: un buscador de Pénjamo en 2022, dos mujeres buscadoras de Salamanca en 2018 y 2022, y otra más del municipios Jaral del Progreso en 2023.

Según la elaboración combinada de datos de la Fiscalía, obtenidos por Transparencia, y del Registro Nacional, al 31 de diciembre de 2023, había un total de cuatro mil 021 personas desaparecidas en Guanajuato. En 2018 eran 621. Ahora, Lore sigue desaparecida y el clamor de la sociedad exige su restitución con vida.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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