Es fácil ubicar en la historia el punto de partida de este paisaje. En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo, realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del subsuelo mexicano.
Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 25 de enero (VICE).– Los años marcados para el término de las concesiones otorgadas por el Gobierno mexicano a compañías nacionales y extranjeras en el sector minero son 2053, 2059, 2060, 2062 o 2065, según una revisión de VICE a una muestra de títulos en la Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía.
Ello, pese a que los conteos oficiales y de investigaciones independientes coinciden: hay más de 100 conflictos relacionados con la minería por daño a los ecosistemas, desplazamientos de pueblos indígenas, despojo de tierras o accidentes que borraron a comunidades enteras.
Después de casi tres décadas de la cesión del territorio, el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) reconoce que las empresas de Canadá controlan el 76 por ciento de las explotaciones y exploraciones; las de Estados Unidos, el 13 por ciento; las de China, el 4 por ciento; y el 7 por ciento restante se distribuye entre compañías de México, Australia, Japón, Argentina, Italia, Perú, India, Reino Unido, Holanda y Nueva Zelanda.
Ernesto Zedillo (1994-2000) dio 9 mil 990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente Fox (2000-2006), fueron otorgadas más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil 774 títulos. Felipe Calderón (2006-2012) dio 12 mil 274 títulos que abarcaron 34 millones 379 mil hectáreas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaría de Economía otorgó más de 3 mil concesiones mineras que implican alrededor de 15 millones de hectáreas.
En el flujo de títulos de concesión, VICE identificó que los principales beneficiarios nacionales son Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco; Industrias Peñoles (Exploraciones Mineras Peñoles), de Alberto Baillères González, y Grupo Carso, de Carlos Slim Helú. Entre las canadienses se distinguen Goldcorp, Agnico Eagle, New Gold, Torex Gold Resources Inc. y Alamos Gold. Se encuentra a las estadounidenses IRK International y La Cuesta International. Y hay un grupo de compañías chinas registradas ante la Secretaría de Economía, pero en el cual, sólo dos, Tianjin Binhai Harbor Port Int Trad –bajo la denominación Desarrollo Minero Unificado de México– y Gan-Bo Minera Internacional S.A. de C.V. destacan con concesiones.
SALINAS ABRIÓ LA PUERTA AL DESPOJO
Es fácil ubicar en la historia el punto de partida de este paisaje. En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo, realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del subsuelo mexicano.
A decir del investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rodolfo García Zamora, “la Constitución ha estado y aún está al servicio de las actividades extractivas y energéticas. Podemos cuestionar hasta el infinito la rapacidad y el ecocidio en que han incurrido las mineras, pero las empresas siempre dirán: nosotros estamos amparados por la ley. Los tiempos para que las mineras operen son excesivamente largos. Aun así, son prorrogables por otros 50 años. De modo que, si en 50 años no han deplorado el territorio, si no han exterminado el agua, si no han acabado con los elementos vitales de una región, van a contar con otro medio siglo”.
De acuerdo con un informe de Oxfam México, Minería y Privilegios (2018), las regulaciones ecológicas son aparentemente rigurosas para establecer minerías en México. En teoría, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), deben hacer un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y comprometerse a medidas preventivas y de mitigación, así como dialogar con las comunidades para evitar conflictos. Sin embargo, en la práctica, las empresas mineras “minimizan la importancia de los impactos ambientales, evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser afectadas”, aprovechando lagunas en monitoreo y supervisión del Gobierno.
Fue entre 2005 a 2015, cuando las compañías que hoy dominan en el mapa minero mexicano consiguieron sus concesiones para explotar y explorar oro, plata, cobre, zinc y otros minerales, según la revisión de sus títulos en la DGM. Es decir, los gobiernos de Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012) y Peña (2012-2018) son los que más las beneficiaron.
Las concesiones para el Grupo México, del empresario Germán Larrea, se generaron más en los gobiernos calderonista y peñanietista. Se trata del consorcio asociado con dos de los accidentes más emblemáticos en la historia de la minería mexicana: la muerte de 65 trabajadores mientras permanecían atrapados en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, en 2006, así como en el derrame de 40 mil metros cúbicos de Sulfato de Cobre Acidulado en la mina Buenavista del Cobre, en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, en 2014.
No hay ni una sola persona que haya sido juzgada por esas tragedias. De hecho, en los dos estados continúa la exigencia de justicia por parte de cientos de afectados. Pese a todos los pesares, el Gobierno de Peña le otorgó a Grupo México entre 2014 y 2015, otras tres concesiones para el lote llamado María en Cananea, Sonora, con derechos hasta 2050, consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
La historia no es muy diferente en las minas de Minera Frisco, subsidiaria de Grupo Carso de Carlos Slim. Brindadas sus concesiones entre 2005 y 2011, por el Gobierno de Calderón, en las manos del magnate más acaudalado de México y Latinoamérica quedó el recinto minero Tayahua, donde una mañana de 2012, una detonación de explosivos ocasionó un cráter que hizo que el pueblo entero de Mazapil, Zacatecas, fuera desplazado. Ese terreno, donde hay oro, plata, cobre y zinc, quedó libre para la minera. Y, pese al supuesto accidente, el Gobierno de Peña Nieto le dio un permiso en 2016 para que continuara con sus estudios con una vigencia de 75 años, como también aparece publicado en el POT.
Fue en los últimos años del Gobierno de Calderón cuando Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, obtuvo el mayor número de sus títulos para minas: más de 2 millones de hectáreas. La cesión no paró ahí. Peña Nieto le dio los lotes llamados Candelero Fracción 2 y Aldama 4. La primera hasta 2065 y la otra hasta 2063. El empresario jamás ha negado su simpatía con el calderonismo. En las pasadas elecciones presidenciales, apoyó la candidatura independiente de Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Calderón.
LAS CANADIENSES: CANDIL DE SU CASA…
En cuanto a las mineras canadienses, los registros indican que sus concesiones fueron adquiridas entre 2005 y 2012. El documento Estudio de la Minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (2013), indica que, en México, las reglas para estas empresas palidecen con las obligaciones de su país.
Allá se rigen bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act) y le deben pagar al Gobierno impuestos por los ingresos operativos, ingresos netos acumulados y dos impuestos sobre la renta. Acá sólo pagan el ISR. Allá no disfrutan de las concesiones por 50 años, como ocurre acá. Y mientras en Canadá tienen un desempeño ejemplar, en México ninguno de estos consorcios ha estado desligado de conflictos con desplazamientos de pueblos indígenas y campesinos, o conflictos laborales.
En el terreno, las pugnas con las mineras integran historias cada día. Ahí están los ejidatarios de Tenochtitlan, Coahuila, alrededor de la mina La Encantada, que le pelean a First Majestic su tierra, o la escasez de agua en la ruta del oro en las localidades de Huitziltepec, Nuevo Balsas y Carrizalillo en Guerrero, atribuida a Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources.
En casi tres décadas, jamás ocurrió nada para revertir el flujo de permisos y concesiones. Al contrario. Datos del Servicio Geológico Mexicano muestran el crecimiento exponencial de la cesión del Estado de las minas en suelo mexicano a empresas privadas o particulares. Desde 1992 hasta 2017, se han otorgado 25 mil 652 concesiones, según la DGM. Para exploración y explotación, las hectáreas concedidas suman más de 100 millones de hectáreas (en el acumulado), lo que equivale a la mitad del territorio nacional, según los anexos estadísticos de los Informes de Gobierno del ex Presidente Peña Nieto.
COMUNIDADES INDÍGENAS, LAS MÁS AFECTADAS
El último requisito para que una mina opere una concesión es el permiso de la comunidad. ¿Cómo han logrado estas mineras iniciar operaciones? Gustavo Lozano Guerrero, representante de la Fundación Franz Weber en México, que ha logrado blindar a 3 mil territorios en el país frente a las compañías mineras, expone que el ciento por ciento de las comunidades que aceptó que una mina se instalara no tuvo información suficiente. “Llega el mensaje contrario. Las mineras cuando van a las comunidades hablan de prosperidad, progreso, ganancia para la gente. No sólo no ocurre así, sino que los daños se extienden por generaciones”.
El artículo 15 de la Ley Minera (cuya última modificación data de 2014) ha permitido que se otorguen a las empresas derechos sobre todos los minerales o sustancias de la extensión concedida. Igualmente, otorga una duración de hasta 50 años en las concesiones y las prórrogas por igual término.
Este párrafo dice que “las concesiones mineras tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia”.
En el estudio de la Secretaría de Gobernación citado arriba se advierte un panorama, hasta cierto punto profético, sobre el destino de las comunidades indígenas que conviven o son expulsadas por mineras. La explotación en esas comunidades puede generar “múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social”.
