Pese a que el Procurador de Justicia reveló detalles que se suponían como parte de una investigación independiente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, su titular Raúl Montero prefirió no emitir ninguna opinión; en tanto, especialistas sopesan el riesgo de un ombudsman errático y sin oficio.
Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo/ZonaFranca).- El Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, decidió no emitir postura o llamado alguno, luego de que el Procurador General de Justicia del estado (PGJE), Carlos Zamarripa Aguirre, ventilara detalles de la investigación que se realiza en el caso de la detención de Antonio Luna, quien es acusado de haber asesinado a sus tres hijos.
Pese a que las diligencias de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), se deben realizar de manera paralela y autónoma al tratarse de una investigación que se concentra en la actuación de la de la PGJE, se ha difundido información que contraviene esos preceptos.
El pasado 21 de enero, luego de que se dictara la vinculación a proceso contra Antonio Luna, por el triple homicidio de sus hijos de 4, 8 y 11 años, así como la tentativa de homicidio en agravio de su propia esposa, Zamarripa Aguirre aseveró en rueda de presa que este ha intentado hacerse daño con los objetos que tiene a su alcance.
Detalló que esto ha ocurrido dentro del propio Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel de Allende, incluso ante los agentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos que acudieron a levantar su declaración.
“Se tiene que decir sin faltar al debido proceso y a la reserva de los datos que ésta persona (Antonio) se ha intentado dañar en diferentes ocasiones, inclusive lo pudieran ustedes corroborar porque ha sido delante del personal que ha estado tomando sus declaraciones, el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se ha hecho constar por parte de ellos”.
El procurador de Justicia no detalló cómo fue que se enteró que los agentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos a cargo de José Raúl Montero de Alba presenciaron la escena cuando presuntamente Antonio intentó hacerse daño utilizando un bolígrafo.
“Se ha intentado hacer daño con diferentes elementos, por ejemplo hasta con la pluma que le han dado para firmar, se ha intentado hacer daño y ha vertido algunas cosas que ha quedado asentado en las actas del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos que han tenido todo el acceso para poder llevar a cabo su trabajo sin cortapisa”.
Zona Franca solicitó ayer martes una postura del Procurador de Derechos Humanos, sobre la difusión de estos detalles de su investigación que abiertamente fueron mencionados por el titular de la PGJE, sin embargo su vocería, a través del Coordinador de Promoción, Francisco Aguilar Rivera, puntualizó que no habría ninguna postura, ni se precisó si esto sería integrado al expediente.
Se insistió tajantemente en que no habría ningún posicionamiento sobre el particular, y que sólo se estarían informando los avances concretos de la investigación general que se realiza por el caso de Antonio Luna.
ADEMÁS
El proceso que concretamente realiza la Pdheg, ha despertado la desconfianza de diversos actores políticos, mismos que han visto motivaciones suficientes para solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que a nivel local se cuenta con limitaciones en su libertad de acción.
Un hecho que despertó suspicacias, fue la reunión que la tarde del pasado martes 17 de enero, Raúl Montero sostuvo con el gobernador Miguel Márquez, en el despacho de Palacio de Gobierno, ya cuando la investigación de la Pdheg estaba iniciada de oficio con el número de expediente 04/17-D.
Tras divulgarse el encuentro con el titular del Ejecutivo Estatal, la Pdheg no aceptó una entrevista en la que pudieran realizarse preguntas directas y en cambio envió una tarjeta informativa para explicar que la reunión “se inscribe en el marco de una agenda que, de manera transversal, se ha comprometido con diferentes actores para optimizar las capacidades técnicas y humanas de la Pdheg”.
"Falta de oficio y errores técnicos’: especialistas
Dada la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tomando como referencia no sólo la investigación sobre la detención de Antonio Luna y el homicidio de sus tres hijos, sino también las acciones y señalamientos vertidos por la PGJE, especialistas consultados por Zona Franca consideraron que se han cometido errores que han comprometido el debido respeto a sus garantías.
Para el investigador y activista, además director de NIMA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, Raymundo Sandoval, lamentablemente se ha documentado que la Pdheg carece de protocolos de investigación en violaciones graves a derechos humanos y no cuenta del rigor técnico necesario que el caso requiere.
Que el Procurador de Justicia haya señalado el 20 de enero que el ahora inculpado haya intentado dañar su vida durante la detención, requiere de la emisión de medidas cautelares por parte de la instancia de derechos humanos que ya conoce del caso.
ADEMÁS
Además, resaltó que la Pdheg incumple la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato promulgada en 2015, que en su artículo cuarto transitorio, señala:
“La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato deberá realizar los ajustes presupuestales, a fin de establecer un área especializada para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los términos del presente Decreto en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de que ésta inicie su vigencia”
Sandoval puntualizó que esta área especializada debió ser instalada en junio de 2016, y es de suma importancia en la investigación de violaciones graves a derechos humanos “como la ejecución extrajudicial de la que pudieron ser objeto los tres menores de edad”.
En representación de NIMA el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló que es de suma gravedad que tres menores de edad hayan sido ejecutados en la intervención de la PGJEG y de la SSPG.
“Considera que se ha privado del derecho a la vida de estos tres menores, y en caso de confirmarse la participación de agentes del Estado en los asesinatos, éstos deben ser considerados como ejecuciones extrajudiciales”.
Explicó que, si bien las declaraciones de la señora Juana Luna no han sido confirmadas ante la autoridad correspondiente, sí alertan sobre la gravedad de los hechos. Particularmente es de suma preocupación que se haya señalado la existencia de tortura durante la detención del señor Antonio N, padre de los tres menores de edad.
Por su parte, el investigador, consultor en Derechos Humanos, y colaborador en programas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), José Manuel Ramos Robles, resaltó que los señalamientos de Carlos Zamarripa es causa suficiente para que la misma Pdheg, solicite una medida de protección en beneficio de este, para garantizar su integridad física.
“La Pdheg debería hacer una recomendación enérgica al titular de la PGJEG para que evite interferir más en el proceso con este tipo de declaraciones y que no haga referencia alguna al actuar de la Pdheg en su propia investigación, dado que las actuaciones de esta última deben darse en el marco de la confidencialidad con las personas involucradas o víctimas de presuntas violaciones a sus derechos humanos”.
Para Ramos Robles, definitivamente lo mejor que pudiera pasar a estas alturas es que la CNDH atraiga el caso. Otra alternativa, si esto no se lograra, sería que la Pdheg convoque a un equipo de expertos independientes para apoyar la investigación y aportar legitimidad “a lo que de lejos se ve poco claro”.
“Mientras tanto, nos queda confiar en la independencia y buen criterio de la jueza a cargo y en que las miradas nacionales e internacionales están siguiendo de cerca este lamentable caso”, puntualizó.
Finalmente, Jesús Soriano, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y especialista en derechos humanos, sostuvo que sería preocupante que la entrevista que realizó a Antonio Luna se hubiese desahogado frente a personal de la PGJE.
“’La persona detenida tiene derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión’, entre las que se encuentran por supuesto, las que laboran en la Procuraduría de Derechos Humanos”.
Puntualizó que la afirmación de condena a los muy lamentables hechos sucedidos en la comunidad Ampliación de Cieneguita, debe ser inmediata por quien ostenta la denominada “defensoría del pueblo”.
“Entendemos las indagatorias que deben realizarse para dictar en su caso recomendaciones, pero también verificamos la importancia que tiene la prudente, pero oportuna y enérgica voz de quien representa esa institución, quien trabaja no sólo para señalar los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado, sino también para evitar posibles violaciones a la dignidad de las personas”.
Explicó que las conclusiones de la oficina ombudsman materializadas en “recomendaciones” requieren tiempos indagatorios, pero las declaraciones y los posicionamientos ante estos hechos, necesitan, con determinación posturas claras y que hagan presumir la autonomía de la Pdheg, sólo así se consolida la solvencia moral que sustenta al ombudsman.
REPORTAN AVANCES
La Pdheg dio a conocer que se realizó ya la entrevista a los elementos que participaron en el operativo en el que fueron asesinados tres niños en San Miguel de Allende.
La dependencia informó que obtuvo la declaración de de 6 agentes de la Policía Ministerial y de ocho elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Inicialmente, la procuraduría había solicitado el testimonio de cinco elementos, se desconoce la razón de sumar a uno más.
Fueron además interrogados un Defensor Público Penal y un testigo, de los cuales se desconoce su identidad.
Además, se solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil (SPTMPC) de San Miguel de Allende, hacer comparecer a 7 elementos a su cargo.
La instancia indicó que ya tuvo acceso a la Carpeta de Investigación 4780/2017, así como a los reportes médicos de Antonio Luna a cargo del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social y el concerniente a la SPTMPC de San Miguel de Allende.
Al expediente 04/17-D se le agregó un DVD que contiene la audiencia de formulación y vinculación a proceso derivada de la Carpeta de Investigación 4780/2017; los informes del Subprocurador de Justicia Región “D” y Subdirector Operativo de la Policía Ministerial, así como el reporte del 911 sobre las llamadas el día de los hechos; también la información del Patronato de Bomberos de San Miguel de Allende.
Ahora se ha solicitado información a la Coordinación de Investigación y Etapa Intermedia de la Defensoría Pública Penal; se recibió oficio mediante el cual rinde informe el Titular de la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Dolores Hidalgo.
Destacó que aún faltan los reportes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena).
