Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– La organización internacional en defensa de los derechos humanos Brigadas Internacionales para la Paz (PBI, por sus siglas en inglés) denunció el contexto de impunidad, violencia y violaciones a los derechos humanos que México sigue enfrentando, panorama que ha afectado y puesto en mayor riesgo a los activistas, expuso en su más reciente estudio realizado en el país.
Ante este contexto, PBI consideró “que si las personas defensoras no cuentan con el suficiente espacio y las suficientes garantías de seguridad para poder promover cambios sociales, la transición hacia un Estado de Derecho y una democracia plena se verá fuertemente comprometida”.
Esta semana la organización dio a conocer el boletín informativo del Proyecto México, el cual tituló: “¿’México en Paz’? Estrategia de seguridad y derechos humanos”, en el que plantea que desde el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, emprendida durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa al principio de su presidencia en 2006, México ha vivido un contexto de violencia e inseguridad extrema que ha afectado gravemente al panorama de derechos humanos en el país.
El documento detalla que las políticas de seguridad pública implementadas desde entonces se han enfocado en combatir el crimen organizado a través de una estrategia de militarización “que resultó en un fuerte aumento de violaciones de derechos humanos. Los factores que permitieron el auge del crimen organizado, tales como la impunidad, la corrupción, y las profundas desigualdades socio-económicas que persisten en México, no se han priorizado tanto como el combate militarizado al crimen organizado”.
Brigadas Internacionales para la Paz expone que desde que inició su administración, en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia de seguridad, presentada bajo el lema “México en Paz”, como uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, documento rector del Ejecutivo federal. Desde entonces, el Gobierno ha emprendido reformas y acciones para enfrentar la violencia, que de acuerdo con las organizaciones civiles mexicanas, no han dado resultados tangibles.
En este panorama, PBI observa una disminución de reportes en la prensa nacional e internacional sobre la inseguridad en México. Sin embargo, destaca, pese a los cambios positivos en el imagen del país, las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación sobre la persistencia de la violencia y han destacado la necesidad de informar a los actores claves de la comunidad internacional y nacional sobre los efectos continuos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos y en las personas que los defienden.
Ante esa preocupación, la organización internacional, cuyo objetivo es la promoción de la resolución de conflictos en los países a través de la no violencia, busca visibilizar las consecuencias del contexto de seguridad en México para la defensa de los derechos humanos en el país.
La Organización No Gubernamental (ONG) destaca que a pesar del discurso oficial, no ha observado un país en paz durante los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto. Al contrario, ha constatado “con preocupación la continuidad de las problemáticas relacionadas con las políticas de seguridad pública y sus efectos sobre el respeto de los derechos humanos en el país”.
Como muestra, denuncia los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde elementos del Ejército mexicano presuntamente ejecutaron a 22 personas, así como la violencia en Iguala, donde el pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y otras seis personas perdieron la vida, caso en el que están involucrados policías municipales.
El trabajo de la organización consistió en el análisis constante del contexto del país y el intercambio continuo con las organizaciones de derechos humanos. Además en el boletín informativo incluyen entrevistas realizadas por PBI con personas defensoras de derechos humanos que realizan su labor en este contexto de violencia. La organización detalla que, aunque solicitó entrevistas al gobierno mexicano y al cuerpo diplomático, no le fueron concedidas.
El documento está integrado por 11 apartados donde se desarrolla el análisis que la organización llevó a cabo.
PBI plantea que la situación del país es un ejemplo más de lo que se vive en la región latinoamericana. “México no puede ser analizado autónomamente porque su situación de violencia no es única. Como los otros países de la región, sufre de la falta de un Estado de derecho consolidado, de fuertes desigualdades económicas y sociales entre su población y de la proliferación de grupos armados no estatales”, argumenta.
También expone que comparte con otros países en la región altos niveles de violencia criminal. Según el PNUD, recuerda el documento, “la región latinoamericana […] sufre la pesada carga de la violencia, con más de 100 mil homicidios registrados por año. La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas que en otras regiones”.
La organización habla además de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado durante los gobierno de Felipe Calderón y George W. Bush, y que se mantiene con las administraciones actuales de Peña Nieto y Barack Obama.
Esta Iniciativa, dice, nunca previó la participación directa de militares estadounidenses en suelo mexicano y se enfocó mayoritariamente en el traspaso de equipamiento y entrenamiento a las Fuerzas Armadas y policías mexicanas. Esto ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales por su apoyo desmesurado a las Fuerzas Armadas, que enfatiza y legitima el papel de los militares en la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno mexicano, en un contexto de crecientes violaciones cometidas por las mismas.
“Actualmente, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y estadounidenses exigen que no se siga apoyando a las fuerzas de seguridad mexicanas sin asegurar que haya control adecuado sobre su actuar e instituciones de seguridad y procuración de justicia fuertes y confiables”, detalla PBI.
En su análisis destaca que la estrategia de seguridad anunciada por Felipe Calderón, la “guerra” contra el crimen organizado, lejos de aminorar la delincuencia, la generalizó.
Aunado a ello, plantea la organización, la presencia de militares en tareas de seguridad pública y “el imperativo de mostrar resultados positivos”, agravó la situación de derechos humanos en el país e incrementaron las violaciones a ellos, con la tortura, la desaparición, las ejecuciones extraoficiales, las detenciones arbitrarias y procesos penales indebidos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, policiacas y de las instituciones de procuración de justicia, según datos de la organización Human Rights Watch.
La organización recuerda que el Presidente Felipe Calderón cerró su sexenio con al menos 26 mil desaparecidos, más de 120 mil homicidios20 y habiendo castigado sólo el 1% de los delitos, de acuerdo con los datos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con la llegada de Enrique Peña Nieto, explica, “surge un cambio en la manera en que se presenta la estrategia de seguridad pública”.
“Se define nuevamente como un eje central de la política federal mexicana, pero esta vez su principal objetivo, refrendado por los tres partidos mayoritarios a través del Pacto por México, es ‘recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico […] los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones’. La estrategia se incluye bajo el lema “México en Paz” y es la primera meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se detalla también en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP) que busca desmarcarse de los dos sexenios panistas anteriores. El programa precisa que, en vez del ‘combate frontal a las organizaciones delictivas’, se enfocará en reducir la violencia y la incidencia de los delitos que impactan más la sociedad y la economía”.
De acuerdo con organizaciones civiles, destaca, a dos años del inicio del gobierno de Peña Nieto los resultados de esa estrategia de seguridad no son tangibles.
Si bien la violencia ha estado menos presente en los discursos del Gobierno, las cifras son objeto de debate, expone.
Por un lado, el Gobierno federal celebró el descenso de los homicidios. Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes pasó de 9.3 en 2007 a 19.8 en 2011, pero bajó a 15.5 en 2013 confirmando la ligera tendencia a la baja iniciada en mayo de 2011.
Por otro lado, indica el documento, académicos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos han cuestionado la forma en que el Estado recoge y analiza estas cifras y presentan un panorama mucho menos halagador.
“El semanario Zeta y SinEmbargo, diarios que han hecho un conteo regular de homicidios desde el sexenio de Calderón, denuncian así más de 57 mil nuevos homicidios durante lo que va del gobierno de Peña Nieto”, menciona PBI.
A estos números se suman alrededor de 160 mil desplazados internos según el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC), de los cuales se estima que 141 mil 900 serían desplazados por la violencia del narcotráfico desde 2007.
Adicionalmente, las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) reconocen la existencia de 22 mil 322 personas desaparecidas entre 2006 y 2014, de las cuales un 44 % corresponden a la actual administración.
En cuanto al tema de derechos humanos, en 2012 la CNDH recibió 23 mil 347 expedientes, de los cuales alrededor de 11 mil fueron recibidos como quejas, mientras que en 2013, reportó haber recibido 23 mil 716 expedientes, pero 9 mil 008 expedientes fueron integrados como quejas. De estas, 3 mil 842 eran en contra de las autoridades del sector seguridad.
PBI detalla que a pesar de esta baja en el número de quejas integradas por la CNDH entre el 2012 y el 2013, diversos relatores de la ONU han alertado sobre la continuidad de las violaciones de derecho humanos ligadas a la estrategia de seguridad en México.
“Es también destacable que la actuación de la CNDH ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil mexicana e internacional por su desidia en algunos casos”, agrega.
Destaca también que a pesar de algunos avances, las organizaciones mexicanas de derechos humanos no han documentado una baja en las cifras de violaciones.
“En un reporte conjunto, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, el Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C. (Acuddeh) destacan un aumento de violaciones de derechos humanos por motivos políticos. Documentaron, por ejemplo, 292 detenciones arbitrarias en 2012 y 427 en 2013; 21 ejecuciones extrajudiciales en 2012 y 20 en 2013, y afirman que ‘en los primeros 18 meses de la administración de Calderón se registraron 24 desapariciones forzadas [de personas defensoras de los derechos humanos] y en los primeros 18 meses de la administración de Peña Nieto se registraron 29”, detalla el documento.
PBI destaca que tanto organizaciones civiles y fuentes periodísticas han criticado varios aspectos de la actual estrategia de seguridad. Más allá de los resultados, la estrategia misma y su novedad, han sido cuestionadas. La sociedad civil ha criticado principalmente el amplio rol que el Ejército ha mantenido de facto en tareas de seguridad pública, sin una clara fecha de salida. Edgar Cortez, integrante de la junta de gobierno del Mecanismo, afirma así que “a la fecha no hay una estrategia distinta de seguridad a la del gobierno anterior”, pues se sigue usando las fuerzas armadas conjuntamente con la policía federal para la seguridad pública.
Plantea que organizaciones como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social conformado a inicios de 2014, ha documentado cómo a lo largo de los dos últimos años se han aprobado leyes y reglamentos que tienden a restringir la libertad de expresión y manifestación, aunados a un clima de abuso de la fuerza por parte de policías durante marchas y actos de protesta así como detenciones arbitrarias de manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.
Por otra parte, PBI describe, que el Sistema de Justicia Penal en México hasta 2008 mostró serias deficiencias para cumplir con su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial.
El incumplimiento de este objetivo derivó en prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, saturación, retraso judicial y violaciones a derechos humanos, circunstancias que permitieron la permanencia de la impunidad. Frente a este panorama, el Estado mexicano, con la finalidad de lograr la consolidación de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos, realizó una reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal.
Sin embargo, destaca, hasta finales de 2014 persistía un rezago en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
En este panorama, PBI da algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Entre ellas, pide garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras y familiares de víctimas que luchan en este contexto.
“Las personas defensoras de derechos humanos realizan una labor legítima para defender y promover los derechos humanos. Al protegerlos, se permite la transición a los cambios sociales que ellos están promoviendo para mejorar la situación de derechos humanos en el país”, considera.
Insta a implementar efectivamente y con celeridad el Mecanismo de Protección, así como las medidas de protección otorgadas por comisiones estatales y nacionales de derechos humanos e instancias internacionales.
Además de poner fin a la impunidad y asegura una procuración efectiva de la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos. Y consolidar el sistema de justicia “para asegurar investigaciones, juicios y sanciones apegadas a los estándares internacionales”.
En paralelo, recomienda a los gobiernos extranjeros y a sus representaciones diplomáticas en México, a consultar a las personas defensoras y recopilar a través de ellas información de primera mano sobre la situación de derechos humanos en el país. Además de asegurar que sus diálogos y relaciones con el Gobierno mexicano sean transparentes y monitoreables.
