Ciudad de México, 25 de ene (SinEmbargo).– José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), acusó al gobierno de Barack Obama de “celebrar” las políticas fallidas de seguridad en México, y de seguir aportando miles de millones de dólares en ayuda a pesar de las evidencias de que militares y policías mexicanos han cometido serias violaciones a los derechos humanos en la guerra contra las drogas.
En un artículo publicado en The Washington Post, Vivando sostiene que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha desviado el discurso hacia los temas económicos y no ha dicho cómo va a frenar la ola de violencia, las desapariciones de miles y las constantes violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad.
“Las desapariciones son parte del legado horrible de México la ‘guerra contra las drogas’, iniciada por Calderón”, sostiene. “Durante su mandato, los soldados y policías civiles torturaron sistemáticamente para obtener confesiones en la lucha contra los cárteles, y cometieron ejecuciones sumarias. Casi ninguno de estos soldados y policías abusivos han sido castigado. De las cerca de 5,000 investigaciones que los fiscales militares abrieron sobre presuntos abusos desde el inicio de la Presidencia de Calderón, de diciembre de 2006 a abril de 2012, sólo 38 soldados han sido condenados”.
“En una primera lectura, podría haber sido un engaño. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mes pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, ‘celebró’ los logros derechos humanos en el país. ‘Estados Unidos reconoce al gobierno mexicano, incluidos los funcionarios y las instituciones’, escribió en el diario El Universal, “por sus esfuerzos para promover la defensa de los derechos humanos en México”, escribe el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) en The Washington Post.
“Es difícil imaginar un momento menos apropiado para tales elogios inmerecidos”, agrega en su artículo.
Los cumplidos de Wayne, dice Vivanco, se produjeron menos de dos semanas después de la revelación de que un sorprendente número de mexicanos, alrededor de 25,000, han desaparecido en la violencia del narcotráfico en los últimos seis años. “El número, a partir de una lista elaborada por la oficina del Procurador General de la República (PGR), fue filtrado a The Washington Post por un analista del gobierno mexicano que temía que ni la administración saliente del Presidente Felipe Calderón, ni la siguiente, de Enrique Peña Nieto –quien asumió el cargo 1 de diciembre– , querría admitir que mucha gente podría simplemente desaparecer, y mucho menos investigar lo que les pasó”, señala.
De acuerdo con director de la División de las Américas de Human Rights Watch, durante la mayor parte de su mandato, “Calderón afirmó que no estaba al tanto de una sola violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando me reuní con él a finales de 2011, reconoció que muchos de los abusos sí habían ocurrido. Por desgracia, los pocos pasos que posteriormente dio eran demasiado pocos y demasiado tarde”.
Mientras Peña Nieto por lo menos ha reconocido que la política del gobierno de Calderón falló, esto no parece haber llegado a Washington, dice Vivanco. “De hecho, los recientes elogios del embajador está en sintonía con la repetida celebración de la administración de [Barack] Obama a los esfuerzos de Calderón para hacer frente a los cárteles, como cuando el Presidente Obama alabó “el gran coraje” de Calderón, en conferencias de prensa de marzo de 2011 y de abril de 2012. Obama no ha expresado públicamente su preocupación por los abusos espantosos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas”.
El activista afirma que “la administración Obama ha puesto su dinero donde está su boca”, en referencia que ha apostado, financieramente, para la guerra contra las drogas en México. “Desde 2007, Estados Unidos ha dado cerca de 2 mil millones de dólares a México para combatir el crimen organizado, reveló un informe del Servicio de Investigación Congreso de septiembre [pasado], con algunos programas como el de formación de fiscales. Una parte de la ayuda dirigida a las fuerzas de seguridad se supone que está vinculada anualmente a una evaluación de si México está cumpliendo con una serie de condiciones de los derechos humanos. A pesar de esas condiciones no se han cumplido, Washington ha entregado reiteradamente los fondos”.
“La evaluación más franca de la administración Obama sobre la situación vino del predecesor de Wayne, Carlos Pascual, quien envió varios cables a Washington aumentando sus preocupaciones sobre la corrupción, la incompetencia y la naturaleza abusiva de las fuerzas de seguridad de México. Cuando Wikileaks hizo públicos los memorandos, Calderón exigió la renuncia de Pascual. En lugar de ponerse del lado del embajador –o tratar las preocupaciones que planteó– el gobierno de Estados Unidos aceptó su renuncia, y Obama nombró a Wayne a finales de 2011”.
Peña Nieto ha expresado su deseo de no romper con Calderón en la “guerra contra las drogas” y se centra en la reducción de la violencia, dice Vivanco en su artículo. “Pero él no ha dicho cómo va a hacerlo, o cómo va a frenar los abusos que han alimentado el problema. En cambio, ha parecido más centrado en cambiar la discusión lejos de la seguridad, y más hacia la economía. Hasta ahora, el gobierno de Obama parece feliz de seguir su ejemplo”.
“Eso sería un error. En su lugar de esto, Obama debería presentar un argumento sólido y público para hacer frente a las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad de México, no sólo porque es lo que hay que hacer, sino también porque ayudaría a fomentar la confianza pública en las fuerzas de seguridad, lo cual es esencial para la eficaz lucha contra la delincuencia organizada. La administración Obama debe hacer cumplir las condiciones de los derechos humanos que el Congreso ha puesto a la ayuda de Estados Unidos a México. Y Obama debería instar a Peña Nieto a desarrollar un plan concreto para enjuiciar los abusos del pasado y evitarlos en el futuro”.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch concluye: “Más celebraciones de políticas fallidas no harán nada para ayudar a México a salir de este ciclo de la violencia y anarquía, que ya ha tomado demasiadas vidas”.
