Después de casi nueve años como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, dejó este miércoles ese cargo para, como afirman medios sonorenses, ubicarse como aspirante a una posible diputación local por el Partido Revolucionario Institucional o, incluso, a la Presidencia Municipal de Cajeme, de donde es oriundo.

El ahora ex procurador llegó a ese cargo casi al inicio de la administración estatal anterior, que encabezó el priísta Eduardo Bours Castelo, y le correspondió realizar las primeras investigaciones en torno al caso del incendio de la Guardería ABC hasta que la Procuraduría General de la República atrajo completamente el asunto a las pocas semanas de haber ocurrido la tragedia, misma que dejó como saldo 49 niños muertos.

Abel Murrieta Gutiérrez fue funcionario en tres administraciones sonorenses, desde el sexenio de Armando López Nogales donde fungió al final de la gestión como Secretario de Gobierno.

En el gobierno de Eduardo Bours Castelo fungió como Procurador General de Justicia del Estado, y a la llegada del primer gobierno panista, la de Guillermo Padrés Elías, se mantuvo en esa posición, pese a que el entonces candidato del PAN a la gubernatura –Padrés Elías– prometió removerlo del cargo, tal y como exigían los padres del Movimiento 5 de Junio y la sociedad sonorense, debido a su “acción y omisión” en las investigaciones del caso ABC.

Ya investido como gobernador en Sonora, Padrés Elías lo mantuvo en el cargo y le dio todo su respaldo, a pesar de que –presionado por la opinión pública– el mandatario estatal hizo algunas “fintas” de que, en cualquier momento, el nativo de Cajeme, Sonora, sería cesado. El 4 de junio de 2010, por ejemplo, el gobernador Padrés informó a los medios de comunicación sonorenses que analizaba ya la salida del Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, con el objetivo de dar certeza y credibilidad a las investigaciones relacionadas con la tragedia de la Guardería ABC.

Pero eso nunca sucedió. El 2 de diciembre de 2011, el gobernador Guillermo Padrés Elías avaló el trabajo del procurador de justicia Abel Murrieta Gutiérrez, tanto en el caso del homicidio del activista Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido el 28 de noviembre en Hermosillo, como en el del incendio de la guardería ABC, por lo que no encuentraba razones para pedirle su renuncia: “Yo no se lo he pedido (la renuncia), aquí hay muchos elementos a considerar, y es el interés del estado, el interés colectivo”.

Un día después, el propio Murrieta Gutiérrez negó que pudiera renunciar a su puesto: “No hay nada de eso, aquí hay dos cosas: “O el Gobernador decide mi salida o en el momento que yo considere adecuado renuncio, pero no hay nada de eso, hasta ahorita el Gobernador no me ha dicho nada y yo no he pensado en renunciar”, aseguró, de acuerdo con información de El Imparcial. Sin embargo, no descartó la posibilidad de ir por un puesto de elección popular: “No hay nada sobre aspiraciones a la Alcaldía de Ciudad Obregón aunque creo que servir siempre es posible desde cualquier situación, creo que tengo la experiencia para ser un buen presidente, a lo mejor, ojalá, pero si no, creo que soy muy mal candidato también”, dijo entonces.

Abel Murrieta Gutiérrez, quien fungiera por casi nueve años como procurador general de Justicia en el Estado, presentó el 25 de enero de 2012 su renuncia al gobernador Guillermo Padrés Elías.

Aspira a una diputación por el PRI en las elecciones del próximo 1 de julio.

 

SONORA, SANTUARIO DEL NARCO

En los últimos años, Sonora se convirtió, de acuerdo con la mayoría de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en un santuario del narcotráfico.

Según varios análisis, esas es una de las razones por las cuales Sonora no cayó en violencia como todos los demás estados fronterizos del lado mexicano. Allí no hubo guerra ni entre narcotraficantes ni con las autoridades: “La plaza” simplemente pertenece, desde hace años, al Cártel de Sinaloa.

En enero de 2009, autoridades del estado de Arizona recibieron información sobre una fiesta en la que estaba el Joaquín Loera (a) “El Chapo” Guzmán, en la ciudad de Sonoita, en Sonora. Un rancho fue detectado como refugio de Guzmán Loera.  La información se la guardaron las autoridades de Arizona. No avisaron a las autoridades mexicanas. Esto según documentos filtrados por la página de hackers Lulz Securities.

En uno de esos correos, un oficial reporta que el 26 de enero de 2009 la unidad Ajo le reportó que un informante confirmó que “El Chapo” Guzmán se encontraba en el rancho Jalisco, cerca de Sonoita, en Sonora.

Según el correo electrónico, el informante, que estuvo en la reunión del cártel, aseguró que “El Chapo” había llegado ahí 48 horas antes con un grupo de miembros del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo al informe del 2011 del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, el Cártel de Sinaloa es la organización del narcotráfico que más drogas ilegales introduce a Estados Unidos y su red de distribución abarca todas las regiones del país. Domina las rutas del narcotráfico en Sonora. Controla los corredores de tráfico de drogas en Arizona, y ha convertido a ambos estados en un gran centro de operaciones.

Los numerosos organizaciones mexicanas que conforman el cártel de Sinaloa, como las de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera  e Ismael “El Mayo” Zambada García, tienen el control de la mayoría de los corredores de drogas que cruzan la frontera internacional entre México y Arizona, incluyendo la Reservas de indios y el puente internacional de Nogales. Todo el Sonora.

 

LA TRAGEDIA DE LA GUARDERÍA ABC

El 5 de junio de 2009, siendo Abel Murrieta Gutiérrez el procurador de Justicia del Estado de Sonora, la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incendió en Hermosillo. En el siniestro perdieron la vida 49 menores (25 niñas y 24 niños), mientras que unos 100 resultaron heridos.

El 6 de junio de 2009, el director del IMSS, Daniel Karam, dijo que “aparentemente” la guardería cumplía con los lineamientos en materia de seguridad. El número de niños fallecidos subió a 38. El presidente Felipe Calderón realizó una visita relámpago a dos hospitales de Sonora donde se encuentran niños quemados en el incendio. Prometió que se investigarían los hechos.

El 7 de junio de 2009 llegó a 42 el número de niños muertos. Trascendió que una de las dueñas de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, era prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Al día siguiente, el entonces gobernador Eduardo Bours confirmó el parentesco entre una de las dueñas de la guardería y la esposa de Calderón. Sumaban ya 44 los niños fallecidos.

El 10 de junio de 2009, Karam rectificó y expuso que la guardería incumplía con las normas de seguridad y protección civil. Carecía de extintores, salida de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los niños. El IMSS cesó a su delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga. El consejo técnico autorizó un apoyo económico solidario de 234 mil pesos para los padres de los niños heridos y de 155 mil 519 para las familias de los muertos.

El 12 de junio de 2009, la PGR informó que ocho funcionarios de la delegación Sonora del IMSS fueron cesados. La cifra de niños muertos subió a 45.

El 22 de junio de 2009 fueron detenidos dos trabajadores del IMSS y siete de la Secretaría de Hacienda de Sonora. La cifra de niños fallecidos se elevó a 47.

El 23 de junio de 2009 se desató una polémica entre los gobiernos federal y de Sonora, que se acusaban mutuamente de la tragedia.

El 24 de junio de 2009, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, exigió a a Bours rectificar la actitud y el tono altanero con que se dirigía al Presidente. El 8 de julio de 2009, Karam entregó al Senado los datos sobre los dueños de las estancias subrogadas.

El 17 de julio de 2009, el IMSS cesó a la coordinadora nacional de guarderías, Carla Rochín Nieto, y al director de prestaciones económicas y sociales, Sergio Antonio Salazar. El 28 de julio de 2009, la cifra de niños muertos llegó a 49.

El 29 de julio de 2009, la CNDH emitió una recomendación, en la cual expuso responsabilidades del IMSS, la delegación en Sonora, los gobiernos estatal y municipal. Afirmó que la tragedia pudo haberse evitado si se hubiese contado con el personal necesario y con detectores de monóxido de carbono.

El 6 de agosto de 2009, la SCJN resolvió crear una comisión investigadora de los actos de negligencia y omisión en que pudieron incurrir autoridades federales, estatales y municipales. El juez primero de distrito en Sonora, Raúl Martínez Martínez, dictó auto de formal prisión contra cuatro socios de la guardería ABC –entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala–, al considerarlos probables responsables de homicidio culposo.

En marzo de 2010, la comisión investigadora de la SCJN determinó que en las guarderías subrogadas del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. El organismo carece de fundamento legal para contratar a terceros.

El 12 de mayo de 2010, el secretario de Gobernación dijo que había indicios de que el incendio fue intencional y que existió responsabilidad del gobierno del estado.

Del 2 al 11 de junio de 2010, el ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, Karam, Bours y Gómez Mont se reunieron con los ministros.

El 3 de junio de 2010, se publicó que Molinar, Karam y Bours encabezaban la lista de 14 funcionarios federales, estatales y del municipio de Hermosillo responsables de violación grave de garantías individuales en el incendio de la guardería, según el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien señaló que existía desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas.

El 15 de junio de 2010, la Corte determinó no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso. Se limitará a señalar a quienes resulten involucrados. También avaló la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías del IMSS, por considerar que la dependencia no tiene los medios económicos, materiales ni humanos para cumplir con la obligación constitucional de otorgar el servicio.

El 16 de junio de 2010, la SCJN concluyó el debate y se deslindó a Karam, Molinar y Bours del caso.

Recientemente, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, que agrupa a padres de menores de murieron en el incendio de la Guardería ABC, reveló que una de las propietarias de la estancia fue exculpada por la autoridad judicial.

El vocero del organismo, José Francisco García Quintana, expuso que se trataba de la socia fundadora de la guardería ABC, Marcia Matilde Gómez del Campo, quien con la resolución judicial queda fuera del proceso penal por homicidio y lesiones dolosas.

Refirió que en diciembre pasado, los asesores jurídicos del movimiento detectaron que Gómez del Campo recibió el sobreseimiento o sentencia absolutoria por parte del Tribunal Unitario del Quinto Circuito.