Lo que mejor resume la evolución del mercado de drogas ilícitas en el continente a lo largo del año es quizá el auge del “tusi”, un polvo sintético que está dominando parte de la vida nocturna en Venezuela, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá, entre otros países.
Por Jeremy McDermott y Steven Dudley
Nueva York, 24 de diciembre (Insight rime).– InSight Crime presenta a sus lectores los GameChangers 2022, una publicación en la que reseñamos las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano.
Durante este año, las organizaciones criminales reanudaron la expansión de los mercados de drogas sintéticas y de la cocaína debido a la disminución de los efectos del coronavirus sobre las cadenas de suministro y a la reactivación del turismo. Las batallas que antes libraban organizaciones criminales monolíticas ahora se caracterizan más por alianzas estratégicas, a menudo transfronterizas. Y durante el año creció el desconcierto de las élites políticas con respecto a los esfuerzos internacionales para detener la corrupción y la criminalidad.
Lo que mejor resume la evolución del mercado de drogas ilícitas en el continente a lo largo del año es quizá el auge del “tusi”, un polvo sintético que está dominando parte de la vida nocturna en Venezuela, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá, entre otros países. Esta droga, que se empezó a vender en Colombia a fines de la década de 2000, es tanto una estrategia de marketing —se puede mercadear en diversos colores— como una sustancia psicoactiva —vendida como “cocaína rosa” entre las élites—. Al parecer, la siguiente escala de esta droga es Europa. Ya existe una conexión orgánica: el crimen organizado europeo —desde la ‘Ndrangheta en Uruguay hasta la mafia albanesa en Ecuador— ya puso sus pies en América.
El meteórico ascenso del tusi se ha dado de manera paralela a la creciente popularidad de otras drogas sintéticas en la región, como la ketamina en Chile, y la metanfetamina y el fentanilo en México. Podría decirse que el cambio es más evidente en México, donde las áreas de producción, como el estado de Sinaloa, ya están inundadas de desechos químicos de los improvisados laboratorios de metanfetamina, usualmente en zonas semirrurales. La violencia también ha aumentado en las ciudades donde ha crecido el consumo de metanfetamina, lo que ilustra que la lucha por el control de los mercados locales puede ser más sangrienta que la lucha por el mercado internacional.
Aun así, las drogas a base de plantas también están floreciendo. La producción de cocaína volvió a niveles récord en Colombia y Perú, y las organizaciones criminales continúan expandiendo sus exportaciones a nuevos mercados, como los asiáticos. Las áreas de producción también continúan expandiéndose más allá de los Andes. Los responsables de diseñar políticas parecen estar quedándose sin ideas: Perú y Colombia están ensayando diversas formas de legalización, y Colombia está retrocediendo en la fumigación de la coca.
Y las batallas para controlar estos mercados también se han diversificado. Los grupos que antes eran monolíticos ya tienen una conformación mucho menos vertical. El Cártel de Sinaloa, por ejemplo, está dividido en al menos tres facciones, que con frecuencia se enfrentan entre sí. De estas tres facciones, la más sonada es la de Los Chapitos —nombre con el que se conoce a cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el convicto exlíder del cartel, con dos mujeres diferentes— que al parecer controlan gran parte de la producción de drogas sintéticas desde su bastión, Culiacán, la capital del estado.
Los Chapitos no solo se enfrentan a otras facciones del Cartel de Sinaloa, sino también a otros grupos, especialmente el Cartel del Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos grupos están enfrascados en conflictos en todo el país e incluso por fuera. El CJNG también está involucrado en una serie de batallas aparentemente interminables tanto en su interior como con otros grupos. Desde Michoacán hasta Tamaulipas, e incluso en la frontera con Guatemala, el grupo ha demostrado por qué se ha convertido en el chico malo para las autoridades estadounidenses.
Pero los enfrentamientos no se dan solo en México. La crisis en Ecuador continuó aumentando a medida que los grupos criminales, muchos de los cuales se originaron en el hacinado sistema penitenciario del país, se enfrentaron por el control de varios corredores de tráfico clave, así como por áreas de almacenamiento y centros de distribución de cocaína. En 2022, la violencia del país se asimiló por momentos a la de México —con cuerpos colgados en puentes— y a la de Colombia —con carros bomba—. Eso no es accidental, dado que es posible que haya grupos de México y Colombia que estén participando en estas luchas, las cuales, nuevamente, están llevando las cifras de homicidios a niveles récord en ciertas zonas del país.
Una situación similar se está presentando en todo el norte de los Andes, dado que los diversos grupos criminales colombianos y la última guerrilla que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se enfrentan por el dominio de otros corredores, áreas de producción de coca y sectores de minería ilegal desde el sur de Colombia hasta las costas del norte de Venezuela. En uno de los focos de tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador, un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizó en 2016, masacró a presuntos miembros de otro grupo disidente de las ex-FARC.
Los combates en la frontera entre Colombia y Venezuela son quizá peores. En el mes de mayo, en una misteriosa explosión en el estado Zulia, Venezuela, murió Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, quien era el comandante de la red más grande y poderosa de disidentes de las FARC. A este le siguieron otros ataques, incluido uno que supuestamente cobró la vida del líder de una facción rival de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; sin embargo, este apenas resultó herido, y las batallas continuaron durante todo 2022, cuando el ELN entró en la confrontación.
Los problemas transfronterizos también están enturbiando las relaciones en la isla de La Española, donde República Dominicana y Haití enfrentan sus propios problemas internos, que a menudo cruzan las fronteras. En 2022, las pandillas de Haití intentaron controlar una mayor parte de la infraestructura y el suministro de alimentos del país, con el fin de obtener aún más influencia sobre las tensas élites políticas. El más reciente ataque se dio contra un molino de harina.
A la vanguardia de estas batallas en Haití se encuentran las dos alianzas más importantes, el G-9 y el G-PEP, pero en la retaguardia de estas alianzas hay una amplia gama de pandillas, que ya se han distanciado de sus patrones políticos, y muchas de las cuales son cada vez más rurales, lo que aumenta las tensiones en la isla. Este año, República Dominicana comenzó a construir un muro de 164 kilómetros para separar a los dos países; además, les ha prohibido a varios presuntos delincuentes, incluido un ex primer ministro, ingresar a su territorio. Esta es una gran ironía, dado que República Dominicana lidia con sus propios problemas de criminalidad, aunque de un tipo diferente.
Los conflictos en las fronteras colombianas también tienen implicaciones políticas amplias. Poco después de su elección, en el mes de junio, el presidente del país, Gustavo Petro, anunció que buscaría la “Paz Total” con las diversas organizaciones criminales que operan en todo el norte de los Andes. La lista la encabeza el ELN, una insurgencia de carácter binacional que durante mucho tiempo ha sido reacia a las propuestas de paz. Para este propósito, Petro debe alinear a Venezuela, un país con sus propios desafíos criminales y políticos que se están extendiendo cada vez más a los países vecinos; el ejemplo más reciente de esto último es Chile, hasta donde llegaron los tentáculos del Tren de Aragua, una poderosa organización criminal venezolana.
Petro, como exguerrillero, hace parte de una miniola de gobiernos izquierdistas que llegaron al poder en la región en 2022. Luiz Inácio “Lula” da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), ganó las reñidas elecciones en Brasil en el mes de octubre y gobernará una nación fracturada, en permanente lucha por contener el crimen en la cuenca amazónica, y asediada por la continua propagación del principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC). El PCC se ha extendido hasta Paraguay, donde estuvo vinculado al asesinato de un director de prisiones y al de un alcalde, y quizá participó en el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, en el mes de mayo.
Las elecciones de Petro y Lula se produjeron pocos meses después de la elección, en noviembre de 2021, de la candidata izquierdista Xiomara Castro en Honduras. En su primer año en el cargo, Castro dio el extraordinario paso de arrestar y extraditar al expresidente, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, el pasado de la familia de Castro puede volverse en su contra: su cuñado fue señalado en cables diplomáticos estadounidenses como narcotraficante. Además, en noviembre, Castro suspendió algunos derechos constitucionales, en un intento por detener las extorsiones, un indicio de que puede imitar algunas de las estrategias más polémicas de sus vecinos para combatir el crimen organizado.
De hecho, el decreto de Castro fue una medida que se podría esperar de alguien más populista como Rodrigo Chaves, quien ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en abril. Cortado con la misma tijera que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Chaves enfrentará sus propios retos en áreas remotas, especialmente en Limón, donde la violencia de pandillas aumentó este año.
Por su parte, Bukele tomó medidas extremas para enfrentar el crimen organizado en 2022: tras el sangriento rompimiento de un acuerdo al que el gobierno había llegado de manera secreta con la principal pandilla del país, la Mara Salvatrucha (MS13), Bukele y sus aliados del Congreso lanzaron una ofensiva sin precedentes contra presuntos pandilleros y sus colaboradores, y encarcelaron a decenas de miles de personas. En esta ofensiva, a Bukele poco le importaron las violaciones a los derechos humanos, protegió a sus colaboradores frente a las investigaciones por corrupción, e hizo caso omiso de las sanciones de Estados Unidos contra su administración.
La actitud de Bukele hizo parte de una tendencia regional. Desde Guatemala hasta Venezuela y Paraguay, Estados Unidos y sus aliados europeos parecen tener menos influencia sobre los actores corruptos. En Guatemala, la Fiscal General y los operadores políticos del país siguieron causando retrocesos en los esfuerzos hechos durante una década por reformar el sistema judicial del país, enjuiciando a quienes participaron en esos intentos de reforma. La Fiscal General fue recompensada, tras obtener un segundo mandato en el cargo. Estados Unidos trató de contrarrestar presionando a las élites políticas con sanciones y amenazas de cortar las ayudas, pero el enjuiciamiento a actores judiciales reformistas ha continuado.
En Paraguay, Estados Unidos también ha ido tras las élites, sobre todo en el mes de julio, cuando el Departamento de Estado “señaló” a Horacio Cartes, el expresidente del país, por “significativos actos de corrupción” y por hacer negocios con “organizaciones terroristas extranjeras”. El anuncio se produjo pocos meses después de que el ministro del Interior de Paraguay anunciara sus propias acusaciones de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos contra Cartes. Más tarde, en octubre, el Congreso de Paraguay emitió un informe que señalaba que Cartes estaba relacionado con lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, sobornos y evasión de impuestos. Cartes, al igual que sus homólogos en El Salvador y Guatemala, desestimó las acusaciones, y falta ver si deberá responder ante la justicia.
En efecto, Cartes ha visto cómo otros líderes de la región aventajan —o impacientan— a Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Estados Unidos había intentado durante años arrinconar al régimen de Maduro mediante sanciones económicas debido a sus vínculos con criminales y por la corrupción. Pero en 2022, con Maduro todavía firmemente en el poder, la administración Biden intentó una estrategia diferente: la conciliación. En octubre, el gobierno de Estados Unidos liberó a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados en Estados Unidos por narcotráfico— a cambio de siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por diversos cargos de corrupción.
El caso de Venezuela puede ser una lección útil. Frente a los Estados mafiosos, parece haber incluso menos recursos que en el caso de las grandes organizaciones criminales no estatales. Ejemplo de ello son los esfuerzos de algunos gobiernos para detener la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en la región. Los buques de bandera china conducen la pesca INDNR, pero el gobierno chino se lava las manos con respecto a este comercio. Y mientras los guardacostas y los buques de guerra van tras los perpetradores, la mayoría logran evadir las principales consecuencias de sus actos y siguen adentrándose en los mares.
