Campesinos del Ejido Tanque Nuevo, Cuatro Ciénegas, le venden 325 hectáreas a la empresa Beta Santa Mónica y denuncian que la compañía se adueña de 5 mil hectáreas y del agua. Beta Santa Mónica llegó a Tanque Nuevo desde el año 2002. En ese entonces los empresarios Gustavo Díaz de León y José Antonio Muñoz Vázquez organizaron una reunión con los 70 ejidatarios, dueños de las tierras en las que buscaban sembrar la alfalfa y el maíz para el forraje que utilizan como alimento las vacas que tienen en los establos en la Región Lagunera.
Por Roxana Romero
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo/Vanguardia).– Cuando los ejidatarios de Tanque Nuevo, en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, supieron que les pagarían lo que en ese tiempo consideraron “buen dinero” por una parte de sus tierras, emocionados aceptaron vender únicamente 325 hectáreas de sus parcelas a la empresa Beta Santa Mónica; ahora pelean legalmente porque, aseguran, la lechera se apoderó poco a poco del terreno de uso común hasta ocupar más de 5 mil hectáreas, aunado a eso ha explotado el agua del Ejido durante 14 años y sin autorización de sus dueños.
Enrique González Castruita, quien fue comisariado ejidal desde el 2013 hasta julio de este año, afirmó que la empresa lechera únicamente pagó mil pesos por cada una de las hectáreas que los ejidatarios vendieron de las hectáreas parceladas. Pero en ningún momento hubo un acuerdo para rentar o vender las concesiones de los cinco pozos de agua con los que cuenta la localidad.
Tanque Nuevo está ubicado al sur de Cuatro Ciénegas y, según ejidatarios, tiene una superficie de 72 mil hectáreas. Para llegar al poblado se debe recorrer la carretera San Pedro- Cuatro Ciénegas; en el camino los sembradíos de alfalfa en forma circular invaden el paisaje, pero los dueños no son los campesinos, sino las grandes empresas lecheras como Beta Santa Mónica (leche Bell) o Grupo Lala, cuyos dueños han sido atraídos por la riqueza que existe del recurso de agua en el subsuelo de la región.
EL TRATO CON CAMPESINOS
Beta Santa Mónica llegó a Tanque Nuevo desde el año 2002. En ese entonces los empresarios Gustavo Díaz de León y José Antonio Muñoz Vázquez organizaron una reunión con los 70 ejidatarios, dueños de las tierras en las que buscaban sembrar la alfalfa y el maíz para el forraje que utilizan como alimento las vacas que tienen en los establos en la Región Lagunera.
“En el 2002 tuvimos una junta. Esa vez fuimos poquitos ejidatarios los que asistimos. Ahí nos ofrecieron dinero. Nos ofrecieron mil pesos por cada hectárea parcelada y los empresarios fueron a buscar a sus casas a los que no habían ido a la asamblea. Al principio estaban en el terreno que les habíamos vendido, pero ellos fueron agarrando más tierras de las que les vendimos y agarraron de las de uso común. Ahorita creo que tienen más de 5 mil hectáreas”, reclama Julio César Alvizo, quien fue tesorero del ejido.
En ese tiempo, recuerda, hubo enfrentamientos entre los empresarios y los ejidatarios, algunos querían que les pagaran más dinero de los mil pesos que les prometieron. Las discusiones no sirvieron de nada, finalmente Beta pagó lo que ofreció desde el principio.
Cuando los empresarios llegaron con los fajos de billetes en la mano, los habitantes del lugar restaron importancia al desconocimiento de las personas con las que hacían trato. La ilusión de tener en sus manos tanto dinero junto, como nunca habían visto, fue mayor a la desconfianza que los desconocidos podían generar. “Sabíamos que era una empresa lechera, que tenían unos establos del lado de San Pedro y Torreón. Era todo lo que sabíamos”.
“Beta”, como le llaman los campesinos, se instaló y comenzó a trabajar sin ningún problema durante los primeros años. Aunque en la reunión con los habitantes también prometieron que darían trabajo a los ejidatarios, en 2006 José Ángel Alejo Zamarrón aseguró a Vanguardia que, hasta ese entonces, no conocía de nadie que trabajara en las tierras que antes eran suyas.
“Cuando lo supimos, las autoridades ya tenían compradores para las tierras. Nos fregaron a los ejidatarios con la esperanza de que iba a haber trabajo, incluso apoyamos a los lecheros poniéndonos en contra de la gente de Cuatro Ciénegas que hizo un movimiento”, relató en aquél entonces.
Después de 14 años de haberse instalado, únicamente 20 de las más de 200 personas que viven en Tanque Nuevo trabajan en Beta Santa Mónica; el resto de los trabajadores son originarios de los ejidos vecinos o de municipios cercanos, como San Pedro de las Colonias.
El pago varía depende de la función que cada persona tenga. Hay a quienes les pagan 800 pesos, a otros hasta 1,500 o 2,000 pesos por semana y trabajan nomás de lunes a sábado, según comenta uno de los habitantes del ejido, quien prefiere no hablar del problema que hay con la tierra y el agua: “Yo la verdad no sé muy bien cómo está todo eso. Yo sí soy ejidatario y también ando ahí con la demanda, pero no sabría explicarle bien cómo está todo”.
Los habitantes de Tanque Nuevo que no son empleados de Beta continúan con la rutina de siempre y que viene de muchos años atrás: recorrer el monte en búsqueda de candelilla, por la que les pagan entre 18 y 20 pesos por kilogramo.
LA PRIMERA DEMANDA CONTRA BETA SANTA MÓNICA
En el 2006, según comenta González Castruita, Francisco González y Juan García González, propietarios de una parte de hectáreas, interpusieron la primera demanda ante el Tribunal Agrario del Estado contra Beta para que les devolviera lo que era suyo.
Para octubre del mismo año, agrega, la sentencia salió a favor de los dos ejidatarios. Pero en ese tiempo nadie, ni Beta, ni los mismos demandantes supieron de la resolución.
“En febrero del 2009 la empresa se da cuenta del caso perdido y tenían que regresarles las tierras a los dos que habían demandado.
Entonces presentaron unos poderes falsos, donde supuestamente todos los otros ejidatarios dejábamos que nos representaran dos de sus abogados. Se supone que para poder otorgar esos poderes, todos los ejidatarios debimos haber firmado, pero nosotros ni nos enteramos. La empresa falsificó firmas y presentó algunas hasta de personas que en ese momento ya habían fallecido.
Nosotros tenemos las actas de defunción donde viene también la fecha en que se murieron esas personas que supuestamente firmaron”, arguye González Castruita.
Alvizo, el extesorero, relata que Francisco González y Juan García también habían demandado al Ejido, pues ellos pertenecen al grupo de campesinos que no estuvieron presentes en la primera asamblea y, según argumentaron, no los tomaron en cuenta para la venta de las tierras.
“El ingeniero Muñoz y el ingeniero Gustavo nos pusieron un abogado a nosotros, porque ellos nos estaban demandando. Venían a pelear su parte al ejido. No sé qué quería ocultar el ingeniero de la empresa Beta, porque nos puso un abogado para que nos defendiera, pero sin decirnos nada a nosotros, como sea les ganaron el pleito. Total que el ingeniero les dio un millón de pesos para que se retractaran de la demanda que habían puesto”, recuerda. Pero González Castruita asegura que no fue así, que el documento en el que supuestamente se desisten de la demanda fue falsificado.
Actualmente estos dos ejidatarios se unieron a la lucha con todos los demás campesinos, para que se aclare la situación y la empresa devuelva el terreno que es del pueblo.
La situación se tranquilizó hasta el año 2013, cuando los habitantes de Tanque Nuevo comenzaron a percatarse que el tamaño de las tierras de la empresa es mucho mayor. En ese tiempo Enrique González Castruita iniciaba como comisariado, al mismo tiempo empezó con la lucha para que la empresa devuelva las hectáreas que tiene de más y deje de utilizar el agua por la que nunca les ha pagado.
EL PROBLEMA CON EL AGUA
El Ejido cuenta con un volumen de 2 millones y medio de metros cúbicos de agua, la misma cantidad que ahora es utilizada por Beta, incluso esa cantidad ha aumentado por los pozos nuevos que han hecho.
Enrique González, representante de los campesinos, asegura que los empresarios llevaron papelería falsa ante el notario público de Torreón, Armando Martínez Herrera, para que hiciera actas de asambleas y diera fe de que los ejidatarios les transmitieron el agua.
Sin embargo, refuta, estas asambleas que supuestamente se realizaron en los años 2003 y 2004, nunca se llevaron a cabo. “Nosotros no nos dimos cuenta de esas actas. Fue hasta julio de este año que supimos que existían, y fue porque estamos recopilando toda la información para documentar la demanda”.
Los empresarios, asevera, valiéndose de su dinero, tenían el apoyo de la Comisión Nacional del Agua cuando las oficinas estaban en Saltillo, y de la Procuraduría Agraria. Pero asegura que el agua sigue siendo de los ejidatarios, pues cuando acudieron a Conagua, en Monterrey, les entregaron los documentos que avalan la propiedad del recurso.
"Nosotros contamos con todos los documentos, tanto la falsedad de documentos que hay por parte de Conagua, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario, de que esas asambleas nunca se llevaron a cabo en el ejido. Les estamos demostrando a ellos con papeles donde está la mentira”, asegura.
Para los empresarios agrícolas no fueron suficientes los cinco pozos de agua con los que ya contaba Tanque Nuevo y poco a poco abrieron 10 pozos más. Los ejidatarios también sospechan que no cuentan con el permiso correspondiente para la creación y explotación de pozos nuevos.
“Ellos fueron abriendo más pozos y no supimos cómo le hicieron. No sabemos si pidieron permiso con Conagua, con la Profepa. Ellos abren pozos y de la noche a la mañana ya los tienen jalando, ahorita tienen 15 pozos, que son todos los que utilizan”, declara.
PROCURADURÍA AGRARIA LES DA LA ESPALDA
A finales del año 2013 y principios del 2014, Enrique González, junto con un grupo de ejidatarios recurrió a la Procuraduría Agraria en el Estado, para que les brindara el apoyo necesario e interponer una demanda contra los empresarios.
Aunque en un inicio el delegado federal, Humberto Ruiz Cabello, los atendió y realizó tres reuniones con ejidatarios y empresarios, buscaba una conciliación y que los campesinos aceptaran dinero para dejar el asunto.
“Hemos estado en la Procuraduría Agraria, que son los asesores de los campesinos. En vez de asesorarnos a nosotros asesoran a los empresarios. Nunca nos han apoyado. En el 2013 iniciamos un juicio. En 2014 estuvimos en la Procuraduría dos veces, pero el delegado Humberto Ruiz Cabello nos recibió de muy mala manera”, afirma González Castruita.
Afirma, además, que el 8 de julio del 2014 delante de Armando Villa Sánchez, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Cuatro Ciénegas, Humberto Ruiz Cabello le ofreció un millón y medio de pesos para que detuviera el juicio contra Gustavo Díaz de León, José Antonio Muñoz Vázquez, Luis Carlos, Irma González N., Graciano Martínez Borrego, Jesús Elizalde Rojas y Eleazar Méndez Chávez.
“Yo le pregunté: si estoy ganando (en el juicio), dime. Él me contestó que yo ya estaba ganando, pero para qué quería esa tierra si nunca la iba a usar. Ésa fue la respuesta que me dio. Siempre trató de sacarme del ejido, fuera de los ejidatarios, de la mesa directiva, él me citaba que me fuera sólo a San Pedro, a Torreón o Monclova o donde yo le dijera, para enfrentar a los empresarios y negociar yo solo, pero yo nunca le hice caso, yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien”.
Por su parte, Humberto Ruiz Cabello, Delegado de la Procuraduría Agraria negó las acusaciones que se hacen en su contra. Añadió que la dependencia se ha retirado del caso porque los ejidatarios así lo pidieron.
Negó estar a favor de la empresa y declaró que los inconformes revocaron al abogado de la institución y dejaron a uno particular. Pero antes de retirarse solicitaron un peritaje a la Procuraduría en la Ciudad de México.
“A nosotros nos solicitan un peritaje, sale sin problema. Después ellos contratan a alguien para que lo haga. En los resultados no aparecieron hectáreas de más. El peritaje que mandamos a hacer nosotros son las que se han ocupado con la sucesión de derechos”, asevera.
De acuerdo con los resultados del peritaje que se realizó en septiembre del 2014 por parte de la Procuraduría, la empresa aportó documentación que suma un total de 5,226-93-83.116 hectáreas y, aunque en realidad ocupa mayor espacio, el documento señala que “podrá, en su momento, aportar elementos o documentación que demuestre la adquisición de otras superficies”.
El 18 de septiembre de este año, el Delegado Ruiz Cabello señaló a un medio de comunicación del Estado que, luego del peritaje realizado a las tierras del Ejido, se concluyó que la cantidad de hectáreas ocupadas es de alrededor de 1,600 y no de 5,226, por lo que se descartaron las demandas del ejido sobre la presunta usurpación de territorio.
INTERPONEN DEMANDA PENAL CONTRA LA EMPRESA Y CONAGUA
Desde febrero del 2015, los ejidatarios decidieron contratar un abogado por su cuenta y acudir directamente al Tribunal Agrario para interponer una demanda contra las personas de la empresa y la Procuraduría Agraria. Sin embargo, el proceso se encuentra lento, pues no han podido localizar a dos de los demandados para entregarles una notificación.
“Ellos esconden a dos personas. Ya usamos todos los recursos para localizarlos, solamente nos faltan los edictos en el periódico. Ya los vamos a poner y tenemos fecha para audiencia el 31 de enero del 2017 en Torreón”, explica González.
Por su cuenta, el Delegado Humberto Ruiz Cabello asegura que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido ninguna notificación de la demanda.
En el mes de noviembre de este año, detalla, interpusieron también una demanda penal en la PGR contra la Conagua y el notario público, Armando Martínez Herrera, por los documentos de las asambleas que, asegura, son falsos, en los que los ejidatarios cedieron los derechos del agua a Beta. También demandaron penalmente contra Gustavo Díaz de León, José Antonio Muñoz Vázquez, Luis Carlos, Irma González N., Graciano Martínez Borrego, Jesús Elizalde Rojas y Eleazar Méndez Chávez, los prestanombres de la empresa, según comenta Castruita.
Mientras los ejidatarios continúan con la lucha para que la empresa les devuelva sus tierras y el agua, Beta Santa Mónica continúa con su producción. El proceso de las demandas puede durar años, pero los campesinos insisten en que no descansarán hasta que “se haga justicia”.
UNA LARGA BATALLA
2002- Llega la empresa Beta Santa Mónica y compra 325 has a los
ejidatarios.
2006- Dos ejidatarios interponen una demanda ante el Tribunal Agrario contra Beta para que les devuelva sus tierras.
2008- Ni la empresa, ni los campesinos se enteran de la resolución.
2009- Beta Santa Mónica se entera que el caso está perdido. Abogados de la empresa hacen poderes falsos, donde supuestamente los campesinos permiten que los representen legalmente.
2013- Los ejidatarios piden apoyo a la Procuraduría Agraria, aseguran que las autoridades estaban de parte de la empresa.
2014- Perito de la Procuraduría Agraria mide 5 mil 226 hectáreas que ocupa la empresa.
2015- Interponen una demanda ante el Tribunal Agrario contra la empresa. Descubren documentos falsos de concesiones del agua.
2016 - Interponen demandas penales por documentos falsos del agua.
