El asesinato de Adolfo Enriquez Vanderkam, ocurrido la noche del martes 22 de noviembre en León, Guanajuato, ha causado una enorme conmoción y desconcierto. Enriquez, tal como lo caracterizan  Arnoldo Cuéllar, Melissa Esquivias y Fabián Sánchez (PopLab) se había “convertido en la voz de miles de leoneses hartos de la inseguridad que lo seguían en sus redes y se afiliaron a sus canales”. Obviamente las denuncias también tocaban a las autoridades omisas, quienes se sentìan incómodas con la labor del defensor.

La Representación de la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó el asesinato y se solidarizó con su familia y amigos. En su comunicado nos recordó que durante 2023, dicha oficina ha documentado “el asesinato de al menos 13 personas defensoras de los derechos humanos en posible relación con su labor^”. De hecho este sería el segundo asesinato en Guanajuato, pues en mayo fue privada de la vida la madre buscadora Teresa Magueyal, en Celaya.

Al momento de escribir esta columna, se hizo pública la desaparición de la y los periodistas Marco Antonio Toledo Jaimes -director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo- el pasado 19 de noviembre; así como de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez – RedSiete- todos de Taxco, Guerrero. Hasta el momento no se sabe su paradero.

Una vez más se evidencia la incapacidad del Estado para garantizar seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. México está entre los países más peligrosos para defender derechos humanos y ejercer el periodismo. Eso es posible por la animadversión de las autoridades contra la labor que desempeñan ambos sectores; además del evidente contubernio que mantienen ciertas autoridades con poderes fácticos que quieren callarles.

Tal como señalamos en este espacio (21/04/2023) Front Line Defenders dio a conocer señaló que México, Colombia, Ucrania, Brasil y Honduras reunieron el 80% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos y medio ambientales. México sumó 45 de estos crímenes, lo que representa un total del 11.22% del total. Mientras que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que en 2022 ocurrieron 197 agresiones contra personas defensoras de medio ambiente. Según su propio monitoreo, el año pasado fue el más violento del que se tenga registro. Por su parte Artículo 19 registró 696 agresiones, contra la prensa  el año pasado, 13 de ellas asesinatos.

También recordemos que a las personas buscadoras las agreden de diversas formas, incluyendo el asesinato. Tal sólo en 2022 se registraron 7 asesinatos de personas que realizan la labor de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Según las cifras presentadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta enero de 2023 había 2,059 personas inscritas al programa, entre ellas, 581 son periodistas (152 mujeres y 428 hombres), 1,099 personas defensoras (609 mujeres y 490 hombres) y 379 personas beneficiarias indirectas (214 mujeres y 165 hombres).^[1] Si se toma en cuenta que un número significativo no denuncia ni pide apoyo al Mecanismo, la cifra de personas defensoras y periodistas que son agredidas se multiplica exponencialmente.

Vale la pena retomar que PopLab consigna que el asesinato de Adolfo Enriquez, el defensor oriuendo de León, provocó miles de mensajes de enojo pues “la propia ciudadanía lo reconoce como ´una voz´ y una persona que ha sido incómoda para las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia no sólo en el municipio, sino en todo el estado”.

Ello demuestra, contrario a lo que se piensa, que hay indignación social significativa cuando la gente reconoce en estas personas defensoras a voces que les representan y atienden problemáticas cotidianas que les aquejan.

Las comunidades -en sentido amplio- enfrentan un avasallamiento traducido en despojo y violencia. Las personas que desde el activismo están haciendo frente a un Estado capturado por las corporaciones políticas, económicas y criminales tienen grandes riesgos.

En este contexto, cuando algo les sucede a activistas y periodistas, más allá de ciertos balbuceos públicos de los políticos y políticas que “condenan” los hechos violentos, no tenemos nada en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición. O lo tendremos en la medida que la sociedad se movilice de distintas formas y no deje en el olvido casos como el de Adolfo en León, y de Marco Antonio, Alfredo y Silvia en Taxco.

^[1] SEGOB. Conferencia de prensa, 5 de octubre 2021, consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=p4D0tWkxGAw.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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