La periodista mexicana aseguró que el Fiscal General de la República deberá de dar a conocer si los funcionarios que ordenaron el espionaje de una activista, una perita forense y de la reportera por la masacre de San Fernando siguen trabajando al interior de la dependencia.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– La periodista Marcela Turati indicó que es necesario cuestionar al Fiscal Alejandro Gertz Manero si los funcionarios que estuvieron empleados en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y se involucraron en el espionaje realizado a la reportera, a la activista Ana Lorena Delgadillo y la antropóloga forense Mercedes Doretti en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
En entrevista para el programa "Los Periodistas" en SinEmbargo Al Aire, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Turati expresó que las mujeres investigadas, así como familiares de migrantes masacrados, quieren saber si las personas que solicitaron mapear sus comunicaciones siguen al interior de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), ya sea como asesores, subprocuradores en otra área, o algún otro puesto.
"Lo que yo sé (...) es que muchos de esos funcionarios siguen, que la PGR no se reculó. ¿Dónde están? Eso queremos saber: si los movieron, si son asesores, si ahora están de subprocuradores en algún otro área, eso queremos saber", demandó la reportera. "Habría que preguntarle al Fiscal dónde están y qué va a hacer con ellos", agregó.
Además, hizo énfasis en que ellas se encuentran en una posición de vulnerabilidad porque el grupo delictivo de los Zetas puede tener acceso al mismo expediente donde se encuentran sus datos personales.
"Sabemos que fueron los Zetas [los culpables de la masacre], y se culpó en un inicio a policías municipales, entonces como no se ha cerrado, estamos [nosotras] ahí junto con ellos, como cualquier delincuente, y lo peor es que ellos [los Zetas] pueden tener acceso, y sus abogados, a ese tomo, como cualquiera que está en ese expediente", expuso.
El tomo que reveló el espionaje de las defensoras, titulado "Secuestro", documentó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó las llamadas entrantes y salientes que recibieron en sus celulares personales Turati, Doretti y Delgadillo; así como sus mensajes de texto, ubicación y geolocalización entre febrero de 2015 y abril de 2016.
Incluso, dijo la reportera, la PGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las fichas con los datos personales de cada una de ellas.
Sin embargo, destacó, la SEIDO no argumentó en el documento por qué se abrió una investigación por delincuencia organizada o secuestro en contra de las activistas y periodista, ni fundamentaron estas acusaciones, sino que utilizaron esto como un respaldo para solicitar la información sin necesidad de acudir ante un Juez.
"Expresamente, no se dice por qué la investigación, qué tiene que ver, por qué se hizo, de dónde se fundamenta la delincuencia organizada y el secuestro, pero empieza una serie de diligencias. De repente es pedirle a las compañías telefónicas, esto es lo primero, estos números, y no dicen de quién son estos números. Al usar esa argucia de delincuencia organizada y secuestro, no tienen que pedir una orden del Juez, que ahí tendrían que explicarle para qué", expresó.
Este miércoles, organizaciones civiles, víctimas de los migrantes masacrados en Tamaulipas y colectivos de personas desaparecidas exigieron en conferencia de prensa que la autoridad judicial mexicana rinda cuentas por la persecución, espionaje e investigación que emprendió la entonces Procuraduría durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Turati, esta información se dio a conocer después de que una de las organizaciones civiles involucradas, la Fundación para la Justicia, ganara un amparo para obtener todos los tomos que integran el expediente de investigación por el caso que dejó un saldo de al menos 196 personas asesinadas.
La reportera consideró que la investigación de la PGR se inició porque las autoridades tienen miedo a que se dé a conocer la verdad por medio de investigaciones periodísticas, periciales o la defensa de los derechos humanos.
"Hacen eso para meter miedo, o quitarse de encima a las personas que estamos investigando qué pasó en esas masacres, que no fueron sólo cometidas por los Zetas", remarcó.
