La Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero logró rescatar a una menor antes de que contrajera matrimonio con otro adolescente. Ambos iban a ser casados de manera forzada, pues los estaban obligando sus padres, quienes acordaron la unión a cambio de dinero u otros recursos.
Por Carmen González Benicio
Tlapa, Guerrero, 24 de noviembre (ElSur).- La Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) intervino en la liberación de dos menores de edad en la comunidad na’savi de Joya Real del municipio de Cochoapa el Grande, a quienes sus familiares pretendían casar de manera forzada.
En un boletín, la Codehum informó que este martes 23 de noviembre enviados acudieron a la comunidad de Joya Real para la liberación de una y un menor de edad que fueron privados de su libertad y a quienes pretendían casar obligados por sus familiares.
La intervención de la Comisión, dijo, fue por una llamada anónima que permitió “atender de manera oportuna ese acto reprobable”.
De acuerdo con la información, ambos menores de aproximadamente 13 años, manifestaron que estaban siendo obligados a contraer matrimonio ya que sus padres lo habían arreglado mediante el pago una “dote”.
El boletín refiere que cerca del mediodía, el Delegado Regional en la Montaña de la Codehum, Celso Vázquez Vivar, en compañía de representantes de la Fiscalía Regional de Pueblos Indígenas, la Síndica de Cochoapa el Grande, elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional y Policía Municipal participaron en el rescate pacífico de los menores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su protección, resguardo y garantizar sus derechos humanos.
Se dice en el comunicado que la Codehum, que preside Cecilia Narciso Gaytán, dará puntual seguimiento al caso y refrenda su compromiso institucional para intervenir en los trabajos que se realicen en favor de la protección de los derechos de la niñez.
En las fotos que difundió la Comisión se observó a las abogadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio y Erika Candia.
El Alcalde del partido Verde, Bernardo Ponce Flores, confirmó los hechos y la intervención del Ayuntamiento a través de la sindicatura para acudir a la población que se encuentra en la parte baja del municipio a unas tres horas de distancia, en donde se han focalizado este tipo de prácticas de manera recurrente con los matrimonios arreglados por los padres en que hay dinero de por medio y cuando algo sale mal recurren a las autoridades locales para forzarlos a devolver los recursos mediante el encarcelamiento.
Además, acudieron varios elementos de seguridad para resguardar a los funcionarios que fueron a verificar los hechos, que comprobaron, trayéndose a los dos menores a Tlapa.
De esta comunidad es Angélica, la menor de 15 años que fue casada a los 11 años en un matrimonio arreglado, en donde los padres del varón entregaron 120 mil pesos.
El caso se supo cuatro años después, porque Angélica fue encarcelada y retenida 10 días en la cárcel de la comunidad de Dos Ríos por la Policía Comunitaria mientras su familia conseguía el dinero que le pedían devolver y que había incrementado a 230 mil pesos, según los padres del joven.
Ante la falta de dinero, los padres fueron dejados en libertad para conseguirlo, ofreciendo 50 mil pesos por la libertad de Angélica que se quedó en el lugar y que ella, explicó a El Sur, que podían dar ya que haciendo cuentas en los cuatro años había trabajado como jornalera y su suegro cobraba su salario por lo que con eso se cubría lo que pedían.
Además de que ella se fue de la casa de quien era su marido porque su suegro, quien ahora está preso y vinculado a proceso, intentó violarla en cuatro ocasiones y al acusarlo con sus familiares la corrió de la casa luego de que nuevamente se resistiera a ser abusada.
Al pasar de los meses, su suegro pidió la intervención de la Policía Comunitaria para que le devolvieran el dinero gastado en el matrimonio de su hijo, quien hace más de un año que se fue a Estados Unidos, por lo que toda la familia de Angélica fue encarcelada unas horas y luego dejados en libertad para conseguir el dinero.
Angélica se quedó en la comisaría de Dos Ríos donde, estuvo encarcelada unos días, luego la sacaban al corredor sin que pudiera irse del lugar hasta que llegaran con el dinero.
Por esto, la mamá de Angélica tuvo un aborto espontáneo en el camino. La menor contó que no vio que en el lugar los policías comunitarios agredieran a su mamá, ni a ella la maltrataron y que se enteró después que su mamá había sido hospitalizada en Ometepec por la pérdida de sus trillizos.
En esas comunidades se camina de un pueblo a otro, distancias largas, porque no hay transporte, tienen que pagar si alguien los lleva, pero no siempre quieren, son caminos agrestes de subir y bajar.
Finalmente fue liberada con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del Ayuntamiento de Cochoapa el Grande que llegaron al lugar.
Por ese problema, ahora también están detenidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores de la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Daniel Alberto y Carlos Martínez que enfrentan una investigación por haber intervenido en un conflicto de particulares que no está en su reglamento.
