“No basta con que se nos diga que eso fue un exceso del régimen pasado”, dijeron víctimas y familiares de personas desaparecidas quienes, junto con las activistas Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turatti —espiadas por la PGR e investigadas por su labor de investigación en la Masacre de migrantes en Tamaulipas— exigieron investigar a la estructura de la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe rendir cuentas por la persecución, espionaje e investigación que emprendió la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en contra de la activista Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turatti, demandaron organizaciones civiles, víctimas de los migrantes masacrados en Tamaulipas y colectivos de personas desaparecidas.
Los colectivos repudiaron, de igual forma, que las autoridades en lugar de cumplir con su labor de investigar, buscar a las víctimas de desaparecidos y procurar justicia, emprendieran una persecución en contra de quienes ofrecieron apoyo a las víctimas de la violencia.
Por ello exigieron que los funcionarios que participaron en esa persecución rindan cuentas, pero no sólo quienes hayan encabezado la entonces SIEDO —en el periodo de 2012 a 2014, cuando se investigó a las tres mujeres— sino que incluso la actual Fiscalía General también rinda cuentas porque varios de los funcionarios y personas que han criminalizado y han obstaculizado investigaciones siguen dentro de la dependencia.
“¿Cómo es posible que para investigar y espiarlas a ellas tres sí haya diligencias expeditas, ilegales, pero expeditas? Mientras, tantos casos de nuestros desaparecidos donde no logramos tener las sábanas de llamadas, pero seguramente la Fiscalía saldrá a decir que fue un tema del 2016, 2015, que ya no somos los mismos. ¡No es cierto”, siguen siendo los mismos y siguen teniendo las mismas prácticas”, señaló Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos!
Marcela Turatti, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti detallaron que con las actuaciones descritas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no solo vulneró la privacidad e intimidad sino que las colocó riesgo y mandó un mensaje de amenaza al sistema mismo de derechos humanos, a las víctimas que intentan buscar a sus familiares desaparecidos y alcanzar la justicia, a todas las defensoras y defensores que luchan por la justicia y los derechos de las víctimas.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización que ha dado acompañamiento al caso Ayotzinapa, apuntó que la unidad de la PGR que se metió en las comunicaciones de Ana, Mercedes y Marcela y las presentó como presuntas responsables de delincuencia organizada, es la misma unidad que torturó, manipuló evidencia y desvió la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“No basta con que se nos diga que eso fue un exceso del régimen pasado porque no tenemos la certeza que eso no sigue ocurriendo, porque hay personas de ese pasado que siguen en el presente y porque lo que tiene que ocurrir es una sanción. No por un ánimo de venganza, sino porque eso es lo que asegura que hechos simulares no se repitan”, destacó el activista.
Los altos mandos de la PGR de ese entonces estaban enterados de tales diligencias, según se ha revelado, puesto que la información llegaba al Subprocurador Gustavo Salas y también al titular del área de Secuestros, Gualberto Ramírez, hoy investigado por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Grace Fernandez destacó que sin el trabajo que hacen los abogados periodistas, peritos y periodistas independientes, México hoy tendría miles de mentoras históricas como el caso Ayotzinapa y miles de restos incinerados ilegalmente “para deshacer la pruebas que la FGR que no quiere trabajar”.
“Este país necesita una verdadera transformación en los procesos de justicia y como está la FGR, no nos sirve. Y si el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) no se pone las pilas, tampoco nos sirve”, añadió.
En la conferencia destacaron que este tipo de maniobras se conocen como el “derecho penal del enemigo”, el cual consiste en una serie de herramientas invasivas y violentas empleadas por el Estado, bajo una norma de excepción: la Ley de Delincuencia Organizada, que se debe usar sólo para la investigación de los delitos más graves.
“La entonces PGR solicitó de forma ‘extraurgente’ información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal”.
Los activistas indicaron que el asedio no sólo es un agravio para las tres profesionistas sino que constituye un delito grave y una violación grave a derechos humanos de Delgadillo Doretti y Turatti, que tendría que derivar en medidas de no repetición.
“Investigar con las herramientas de delincuencia organizada como sospechosas de secuestro y delincuencia organizada a quienes estaban coadyuvando en la investigación de una violación grave de derechos humanos, retrata de cuerpo enteros a un estado mexicano que ve como enemigos a quienes de verdad auxilian”.
Las afectadas explicaron que, al equiparar su trabajo con la delincuencia organizada, la SEIDO las colocó en una situación de riesgo y en un estado de indefensión, pues nunca hizo de su conocimiento que eran investigadas ni dio a conocer pruebas que justificaran las pesquisas.
Cuestionadas en relación a si tienen identificados a los servidores de la SEIDO que siguen en la Fiscalía o a los responsables de la investigación, las afectadas detallaron que es una preguntaría que se tendría que realizar a la propia Fiscalía, no obstante, destacaron que no se trata sólo de investigar o sancionar a algunos servidores públicos sino de erradicar “la maquinaria de impunidad y criminalización” ahí instalada.
“Se requiere investigar todas las estructuras que integran la actual FGR, así como una transformación institucional de esta área y el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos”, explicó Ana Delgadillo.
La SEIDO estuvo a cargo desde noviembre de 2012 hasta el año 2014 por Rodrigo Archundia Barrientos, uno de los responsables de la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa; en su lugar entró Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien estuvo a cargo hasta junio de 2019, ya con la nueva administración.
Archundia renunció formalmente a la SEIDO en marzo de 2015, actualmente se desempeña como Coordinador General de Combate al Secuestro en el Estado de México, mientras que Muñoz Vázquez, quien fue el que llevó el caso en contra de Javier Duarte, actualmente tiene en la FGR una carpeta de investigación abierta en su contra.
