Al participar en el foro “2 años no más”, organizado por la agrupación Baja no se deja y en el cual profesionistas del derecho asentaron que existen suficientes elementos jurídicos para que la gubernatura no se amplíe a 5 años, Cárdenas Solórzano observó que el máximo órgano constitucional “no va a fallar en contra de la democracia bajacaliforniana”, pues “si así fuera, se estaría quebrantando de manera muy grave el orden constitucional del país”.
Por Eduardo Andrade Uribe
Tijuana, BC, 24 de noviembre (Zeta).-El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a fallar en contra del pueblo de Baja California en su resolución de los recursos que se han presentado contra la ampliación de mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Al participar en el foro “2 años no más”, organizado por la agrupación “Baja no se deja” y en el cual profesionistas del derecho asentaron que existen suficientes elementos jurídicos para que la gubernatura no se amplíe a 5 años, Cárdenas Solórzano observó que el máximo órgano constitucional “no va a fallar en contra de la democracia bajacaliforniana”, pues “si así fuera, se estaría quebrantando de manera muy grave el orden constitucional del país”.
Consideró que “en ese sentido deberíamos estar muy tranquilos de que aquí habrá un buen fallo, quizá en unos meses más, no sabemos cuándo”.
Opinó que no sería necesario conformar un movimiento de resistencia “en caso de un fallo mal dado”. Basta con “estar atento para que en todo momento se respete el orden constitucional, se busque por todos los medios posibles que haya una efectiva vigencia del estado de derecho”, sostuvo.
Dijo parecerle “muy importante” que desde distintos ámbitos personas se unifiquen “para que las cosas caminen bien para todos, se exija al Gobierno cumplir con la ley y hacer cumplir la ley, se exija a todos los poderes del Estado y que esto pueda traducirse en una cada vez mayor participación ciudadana”; ello en referencia a la respuesta que tuvo la convocatoria de la organización ciudadana, “en torno a una cuestión de riesgo”.
En el encuentro, la abogada Elvira Pineda Luna arguyó como impedimento a que se amplíe el periodo gubernamental que de acuerdo con el artículo 115 Constitucional (publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22/08/1996) las modificaciones de esa índole deben hacerse 90 días antes de que inicie el proceso electoral (el cual en este caso inició el 9 de septiembre de 2018, mientras que la reforma en cuestión se publicó el 17 de octubre de 2019).
A su vez el especialista Sergio Bravo, explicó que un elemento para echar abajo la controvertida ley es que se votó mediante cédula, durante la XXII Legislatura de BC, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso local, dijo, la única votación aplicable en esa modalidad “es para elegir a un fiscal”.
El abogado Daniel Solorio se sumó a los argumentos vertidos, a propósito de lo cual agregó a manera de advertencia: “Ojalá que la Corte los haga suyos, pero si no lo hacen, la Corte no es más que un juez y los jueces se equivocan”.
Como invitados especiales, además de Cárdenas Solórzano estuvieron el ex Gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, la ex candidata presidencial Cecilia Soto, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
El panista consideró que “es muy claro la irrupción del marco constitucional”, lo cual desde su punto de vista, más que una disyuntiva, constituye una situación de crisis. “Esto es un asunto que tiene en jaque a la institucionalidad de la república”.
En tanto, Soto González se pronunció por que en caso de que las impugnaciones a la “ley Bonilla” prosperen “tenemos que hacer crecer el castigo político para que eso ya no suceda”.
Delgado Rannauro, por su lado, exclamó: “Confío en el Estado de Derecho, son claras las violaciones, que no hay ningún motivo para que un órgano colegiado pueda votar en forma opuesta al elemental sentido jurídico”.
En declaraciones para los medios de comunicación, Cárdenas Solórzano abundó que “por las consecuencias (políticas y sociales) que tendría un voto equivocado que la resolución de la Corte sea en este caso que este periodo fue para dos años y que no será de cinco años”.
