Pese a la oposición del PRI y PVEM, el Congreso de Quintana Roo aprobó un exhorto para solicitar a las autoridades federales una alerta migratoria para evitar que el ex Mandatario Roberto Borge salga del país, además solicitaron que se le congelen sus cuentas y bienes y las de sus posibles cómplices. Es la segunda petición, pues la semana pasada el PRD exigió que se declara la medida con el mismo fin.
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Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Congreso de Quintana Roo aprobó por mayoría solicitar a las autoridades federales y locales que activen una alerta migratoria para evitar que el ex Gobernador Roberto Borge huya del país ante las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.
Además de la alerta, se solicita que se congelen las cuentas bancarias y aseguren los bienes y recursos en propiedad de Borge Angulo, así como de posibles cómplices y encubridores, para evitar que ellos sean utilizados para evadir la acción de la justicia.
El exhorto aprobado con 13 votos a favor y 9 en contra, está dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado, a que soliciten al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y fue avalado pesa a la oposición de los diputados del los partidos Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Borge, y Verde Ecologista de México (PVEM).
El proyecto fue presentado por los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y apoyado por los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
El acuerdo, firmado por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Solís Salazar y Laura Beristain Navarrete, así como por los diputados Eduardo Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández, Jesús Zetina Tejero, José Esquivel Vargas y Fernando Zelaya Espinoza, establece que existe el riesgo fundado de que el ex Gobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia.
“Esto no es solo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento.
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Leslie Hendricks Rubio, del PRI, dijo que votaría en en contra porque este Punto de Acuerdo no estaba apegado al debido proceso: “El voto en contra no es con el afán de defender a ninguna persona, debemos ser respetuosos de los marcos de actuación”, señaló.
El diputado José de la Peña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que no es el momento procesal no el oportuno para solicitar la medida.
Mientras que el priista Raymundo King, argumentó que la alerta migratoria debe ser solicitada por un juez y no por el propio Poder Legislativo, pues debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia.
En la exposición de motivos, se recordó que el pasado 15 de noviembre de 2016, se emprendieron acciones legales en contra del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, en función del probable daño patrimonial que ocasionó al Estado de Quintana Roo, a través de la enajenación, en condiciones irregulares, de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial. Hecha por la nueva administración encabezada por Carlos Manuel Joaquín González ante la PGR.
De acuerdo, con la denuncia del actual Gobierno de Quintana Roo, Borge vendió la mitad de las reservas territoriales del estado a familiares y personas cercanas y a precios por muy por debajo de su valor real, incluso menor al uno por ciento.
Si bien ya se han presentado las denuncias correspondientes ante la PGR y la Fiscalía General del Estado, al día de hoy no se han tomado las providencias para evitar que el dinero mal habido sea utilizado por el exgobernador para abstraerse de la justicia. Tampoco se ha hecho lo correspondiente para garantizar que esos recursos no sean transferidos o escondidos, con la finalidad de que sean recuperados y destinados para reparar el daño patrimonial ocasionado.
Ante ello, los legisladores argumentaron es necesario que las instituciones encargadas de procurar justicia, “que requieran a las autoridades pertinentes para que de manera precautoria se congelen las cuentas bancarias y aseguren los bienes y recursos necesarios en propiedad de Borge Angulo, así como de posibles cómplices y encubridores, para evitar que ellos sean utilizados para evadir la acción de la justicia”.
Con ello, dijeron, existirá certeza de que será posible garantizar “que el imputado responda frente a las autoridades por los delitos que se le acusan, y en caso de ser declarado culpable por el juez, cumpla con la sentencia y restituya los daños patrimoniales”.
