Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber, presentó ante la PGR una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el ex Secretario de Hacienda, de Luis Videgaray, del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007. La denuncia también va en contra de directivos de OHL, como José Andrés de Oteyza, Juan Luis Osuna y Sergio Hidalgo.
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Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- Otra vez OHL y otra vez el Estado de México. Paulo Díez, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, Paulo Díez presentó el día de hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR), una demanda por actos de corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, el ex Secretario de Hacienda, de Luis Videgaray Caso, del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
Para el abogado, este caso pondría a prueba la independencia del nuevo Procurador Raúl Cervantes Andrade, quien ha sido señalado por organizaciones civiles como un error que influirá en la adecuada instauración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La demanda se sostiene en demostrar que el Estado de México jamás debió haber otorgado los derechos de construcción del Viaducto Bicentenario (2007) a la empresa española Obrascon Huarte-Lain (OHL), ya que desde el inicio hubo pruebas que indican que el Estado de México y la empresa resultaron beneficiados de dicho proyecto, en el que también habría posibles actos de abuso de autoridad y desvío de recursos públicos.
La demanda también va en contra de directivos de OHL, como José Andrés de Oteyza, Juan Luis Osuna y Sergio Hidalgo.
“No estamos frente a una acción aislada, sino por el contrario, frente a una acción concertada entre servidores públicos y particulares, propia de una organización criminal, que ha sido ejecutada a lo largo de varios años y cuyos efectos se siguen generando hasta la fecha”, comentó Díez, quien considera que el señalamiento a estas figuras políticas harán evidente si la PGR proyectará independencia o lealtad hacia el Ejecutivo.
Díez contó en conferencia de prensa, que el hecho se remite a 2007, cuando Gerardo Ruiz Esparza era Secretario de Comunicaciones del Estado de México, entidad que era gobernada entonces por Enrique Peña Nieto.
Luis Videgaray fungía en ese entonces como Secretario de Finanzas de la entidad y luego pasó a ser Director del Consejo Consultivo de Banobras.
Esparza, antes de que la convocatoria del Viaducto Bicentenario fuera difundida, hablaba de que se requeriría de maquinas que costarían “bastante carito”. OHL en su propuesta original cotizó esas máquinas en 500 millones de pesos, pero se le permitió enviar alternativas a ese documento y el que resultó ser seleccionado, prescindía de la compra de las máquinas, sin embargo, los 500 millones de pesos se mantuvieron en el precio final.
Esas máquinas fueron adquiridas con un fideicomiso que el Banco Nacional de Obras otorgó al Circuito Exterior Mexiquense por 4 mil millones de pesos. Sin embargo, las autoridades del Estado de México ya habían negociado la compra de las máquinas previo a la presentación de las bases de licitación.
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Según Díez, la compra de las máquinas se hizo a un sobre precio, lo que podría representar el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario a OHL. La compra se hizo a través de una empresa intermediaria que fue constituida meses después de que fue publicada la convocatoria.
Uno de los accionistas es Ricardo Arturo San Román Dunne, amigo íntimo del Presidente y por el que se inició una investigación por posible conflicto de interés.
“También en este caso se trató de una adjudicación ‘a modo’, que fue deliberadamente planeada, acordada y ejecutada”, comentó Díez.
El intermediario pagó al fabricante de las máquinas 250 millones de pesos, pero el Gobierno del Estado de México permitió que OHL registrara esa compra a cargo del Circuito Exterior Mexiquense, por 485.4 millones de pesos.
Las máquinas llegaron en 2009, pero nunca fueron utilizadas y ahora están escondidas debajo de un puente en Ecatepec, entre el Circuito Exterior Mexiquense y Avenida Central.
“Esas máquinas llevan pudriéndose siete años cerca de río de aguas negras. La vida útil de estas máquinas es de 20 años
si son cuidadas”, detalló Díez.
Además, de acuerdo con las propuestas, a claras luces una era mejor. Esta empresa le prometía al Estado de México el 20 por ciento de las ganancias de la obra de por vida, mientras que OHL sólo ofreció el 0.5 por ciento y eso fue lo que el Estado de México escogió.
De acuerdo con el documento, Gerardo Ruíz Esparza desechó esa propuesta porque la infraestructura resultaba antiestética para el entorno donde se proyectó el Viuaducto Bicentenario. Por arquitectura, a esa empresa le dio cero puntos, a ICA 10 y a OHL la puntuación máxima: 15 puntos.
Sobre la razón por la que la demanda alcanza al aún Gobernador, Eruviel Ávila, Díez explicó que se debe a que el delito de las máquinas se ha dirigido desde su administración.
