Se ha insistido desde sectores críticos en la entidad que el proceso de elección del nuevo Procurador de los derechos humanos de Guanajuato fue una gran simulación que busco ocultar, con gran torpeza por cierto, una decisión tomada de antemano.

Hay pequeñas historias particulares que van surgiendo de este entramado y que apuntalan esta percepción pero que, sobre todo, muestran el gran despreció de los poderes constituidos hacia una institución que apenas se encuentra en vías de consolidación como defensora de los derechos de las personas, con independencia y solvencia.

Una de estas historias resulta particularmente escandalosa y tiene que ver con otra institución que dentro de su misión debiera tener impreso de forma indeleble los conceptos de respeto y promoción de los derechos humanos. Nos referimos a la Universidad de Guanajuato.

De acuerdo a esta versión, escuchada por lo menos de un par de fuentes, solo 5 de los 19 prospectos que buscaron la titularidad de la PEDHG lograron salvar los requisitos previstos en la convocatoria.

Uno de los que quedaron en la pelea, con muchas posibilidades por su historial y perfil, fue el catedrático de la Universidad de Guanajuato Jesús Soriano Flores, doctor en derecho y especialista en derechos humanos.

Extrañamente, Soriano Flores no figuró en la terna, no obstante que su perfil académico y su nivel doctoral superaba al de los tres integrantes de la propuesta enviada al Congreso.

Hoy se sabe que el catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato recibió un veto fulminante justamente del representante de la institución que era su mayor apoyo: el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

De acuerdo a la versión, Guerrero Agripino habría realizado una gestión directa ante el gobernador Miguel Márquez Márquez para impedir que Soriano fuera, no solo Procurador, sino incluso uno de los integrantes de la terna.

Con su actitud, el rector general de la UG daba un mentís rotundo a la carta de apoyo que apenas a principios de octubre había extendido para respaldar la candidatura de Soriano Flores.

La gestión surtió efectos y Márquez extendió un veto de facto sobre el catedrático universitario, quien ni siquiera llegó a la terna.

El asunto resulta particularmente preocupante, sobre todo al estar la Universidad de Guanajuato y más concretamente la rectoría de Guerrero Agripino, sujeta a un proceso de investigación a causa de la protección que se ha otorgado al catedrático Julio César Kala, acusado por una becaria de agresión sexual.

Que el responsable de una institución cuya forma de conducirse se encuentra en entredicho por haber protegido de facto a un presunto agresor sexual dotado de poder institucional sobre su víctima, pueda opinar y ser tomado en cuenta en torno a quien puede o no puede formar parte de la terna para aspirar a procurador de los Derechos Humanos, resulta en una conducta revictimizadora, además de un deplorable mensaje para las mujeres víctimas de violencia y no solo en la Universidad de Guanajuato.

A ello se agrega el hecho de que la terna no incluyó a ninguna mujer, aparentemente “por no haber cumplido los requisitos”, pero también por la previsión hecha desde el Poder Legislativo de que la presencia de una mujer en la terna podría inclinar de manera decisiva la votación en su favor, por la mayor presencia de mujeres en el Congreso.

Todas estas situaciones, que se conocen solo de manera colateral y sesgada en virtud de la opacidad y la discrecionalidad con la que se escoge a un “defensor del pueblo”, dejan en un grave entredicho al proceso completo y dejan claro porque debe erradicarse la intervención del Poder Ejecutivo en los mecanismos de selección de los responsables de órganos autónomos, máxime de uno destinado a corregir los abusos de poder contra los ciudadanos.

El veto de Agripino a Soriano y su intervención para orientar la integración de la terna, también puede ser explicado de otra manera, no menos válida que cualquiera ante la oscuridad que rodea al proceso: bien podría tratarse de un pago del rector universitario hacia el procurador saliente, Gustavo Rodríguez Junquera, en justa reciprocidad por su actitud de evitar cerrar el caso Kala: favor con favor se paga.

A este ominoso panorama es al que se enfrentará el procurador que hoy protesta frente al pleno del Congreso del Estado. José Raúl Montero de Alba arranca su gestión con poderosas inercias que pueden aplastarlo: el desaseado proceso encabezado por su ex jefe Rodríguez Junquera para heredarle el cargo; los favores solicitados en ese camino y la inclinación a su favor de los poderes a los que debe observar y servir de contrapeso.

Si mañana, Montero resuelve el pendiente que le heredó Rodríguez Junquera y exonera a Julio César Kala de agresión sexual contra una subordinada y a la Universidad de Guanajuato de la falta de medidas de protección a  las mujeres en su interior, no podrá interpretarse más que como el pago de una factura.

Será una pésima manera de echar a andar la nueva etapa de la PEDHG con todo lo que ello conlleva para una sociedad que sigue viviendo un déficit de respeto hacia su integridad y sus más elementales garantías.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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