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Corte presume tijeretazo

La SCJN afirma que ministros recortarán su sueldo para 2025. Lenia dice que es falso

24/10/2024 - 5:46 pm

A través de un comunicado, la Corte informó que su proyecto presupuestal para el próximo año contempla un ajuste a la baja de “las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando”.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves su proyecto presupuestal para 2025, en el cual aseguran una disminución a los sueldos de ministras, ministros y otros servidores públicos del Poder Judicial. Sin embargo, Lenia Batres Guadarrama afirma que esto es falso: el presupuesto es mayor y las y los ministros siguen ganando más que la Presidenta de la República.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SCJN, para el próximo año se solicitará un presupuesto de cinco millones 922.9 mil pesos, lo cual equivaldría a un 1.4 por ciento menos que lo autorizado al Alto Tribunal por la Cámara de Diputados para el año en curso.

Por su parte, la Ministra Lenia Batres señaló que el presupuesto, por el contrario, representa un incremento del 2.3 por ciento con respecto a lo autorizado el año pasado: 135.8 millones de pesos más que el aprobado para este 2024.

“El proyecto de presupuesto que se presenta se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal”, detalló la Corte en su publicación.

A través de sus redes sociales, la Ministra Batres Guadarrama aseguró que, luego de tres sesiones de discusión, “no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas”.

Entre las anotaciones que puntualizó, se encuentra la remuneración inconstitucional de ministros y ministras, esto a pesar de que el boletín de la Suprema Corte presumió que “se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio” de la Reforma al Poder Judicial.

“La remuneración de ministros y ministras para 2025 será de cinco millones 325 mil 949 pesos, 49 por ciento más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. La diferencia ya no será de tres a uno sino de dos a uno”, acusó Batres.

En una publicación diferente, Lenia Batres denunció que el proyecto de presupuesto contabiliza el pago por conceptos de sueldo y prestaciones ordinarias; sin embargo, no añade las prestaciones adicionales que de acuerdo con la Ley también forman parte de las remuneraciones.

Entre las prestaciones adicionales incluyen pago de defunción, único concepto que también aplica a la Presidencia de la República; pero se añaden ayuda de gastos funerarios, apoyo de comedor, apoyo de anteojos, gastos de alimentación, gasolina, teléfono celular, medicamentos no cubiertos por el seguro y capacitación y becas.

Mientras que las prestaciones adicionales anuales netas para la Presidenta son de 737 mil 872 pesos, mientras que para las ministras y ministros es de tres millones 347 mil 582 pesos.

Además, condenó que también incluyen conceptos “expresamente prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana”, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, los cuales no están permitidos de acuerdo con el Artículo 22 de la mencionada normativa.

Otras observaciones apuntadas por la Ministra incluyen que “no hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras”; así como que “No se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN, de los cuales la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación”.

La Suprema Corte añadió que, para el rubro de servicios personales se destinaría ocho de cada 10 pesos solicitados, pues consideran el capital humano el factor clave para contribuir en “el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia”.

Con los cuatro mil 813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales, afirma que se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Alto Tribunal.

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