El economista estadounidense, James Buchanan, señaló que era inválida la idea de que los gobernantes o el Estado pudieran decidir sobre en qué gastar el presupuesto, sin contar con el asentimiento de cada uno de los individuos que conforman la sociedad.

Desgraciadamente, con el arribo del gobierno actual al poder, hemos visto el recrudecimiento de decisiones arbitrarias tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo acerca del destino del dinero de los mexicanos. No hay duda de que el régimen obradorista no consulta realmente a la sociedad en decisiones trascendentes para la vida pública. Debería saber que ganar una elección no debe considerarse un cheque en blanco para hacer lo que quiera, sobre todo cuando esto entraña romper el pacto republicano.

Así, la decisión de expropiar -porque no es otro el término indicado- los fideicomisos del poder judicial de la nación no es sólo autoritaria, sino anti-republicana.

Es autoritaria porque los poderes ejecutivo y legislativo no tomaron en cuenta el interés de los potenciales afectados, en este caso las decenas de miles de trabajadores y empleados que laboran en el poder judicial. El argumento para hacerlo es espurio, ya que los fideicomisos, como lo han probado muchos estudiosos, no existen para que los ministros se den una vida de lujo, sino para que las diversas actividades del Poder Judicial se mantengan en el tiempo, con la calidad debida. Si el Presidente quiere utilizar un discurso demagógico para calumniar a los ministros y jueces, se le tendría que recordar que él habita un Palacio Virreinal, que por sí sólo, entraña un gasto de millones de pesos mensuales de los mexicanos. Además, como se ha mostrado con claridad, los fideicomisos de la SEDENA, son ocho veces mayores a los del Poder Judicial. Ya no digamos la cantidad de recursos que se han gastado en proyectos que mucha gente inteligente considera elefantes blancos. Pero, por supuesto, entrar en estos dimes y diretes es inútil.

Pero la decisión aprobada, por lo pronto, por la Cámara de Diputados, aunque todavía no por el Senado, es también anti-republicana. Indudablemente, no se puede ni debe reducir el valor de una República liberal, democrática y constitucional a un mero ejercicio de contabilidad.

Y este es el punto crucial, ya que lo que está en juego, en última instancia, es la viabilidad republicana de nuestro país. Lo de los recursos del Poder Judicial parece ser más bien un pretexto para liquidar la independencia de ese Poder constitucional. No es casualidad que la presión contra él, se haya multiplicado inmediatamente después de que un Presidente de la Suprema Corte de la Nación, que tenía en cuenta sobre todo el interés del poder Ejecutivo, haya sido sustituido por una Ministra que pone en primer lugar a la Constitución.

Pero parece que la jugada presidencial va a tener un efecto de boomerang. Después de que el Presidente les hubiera pedido a los trabajadores del Poder Judicial que confiaran en su palabra, ellos le contestaron marchando, junto con cientos de miles de ciudadanos, el pasado domingo, para defender a nuestro máximo órgano judicial. El proyecto autoritario del régimen obradorista pasa por convertir a nuestro Poder Judicial autónomo en Cortes populares supeditadas al Presidente. Pero las calles están hablando y han dicho: No Pasarán.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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