Desde las 10:00 horas de este lunes llegaron los familiares de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a la puerta 8 del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México; la última reunión fue en agosto, cuando fue presentado el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió la mañana de este lunes en Palacio Nacional con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aproximadamente a las 10:00 horas del día de hoy, el autobús con los familiares de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa llegó a la puerta 8 de la calle Corregidora con el fin de ingresar a la sede del Poder Ejecutivo.
Hasta el momento se desconoce qué ocurrió y qué información se reveló ante los padres de los normalistas durante la reunión de este lunes.
El encuentro se da después del realizado en agosto de este año, cuando a los padres de los normalistas se les dio a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El 19 de agosto, un día después de la presentación del informe ante los padres de los estudiantes, en una maniobra inesperada, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al extitular de la Procuradoría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam –a cargo de la PGR al momento de la desaparición de los 43 estudiantes y de la primera investigación llamada “verdad histórica”– acusándolo de los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
Durante el proceso penal de Murillo Karam, ha presentado problemas de salud, siendo el más reciente el reportado el día de hoy, el cual implicó su traslado a terapia intensiva después de haber sido sometido a una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, donde médicos evalúan si lo intervienen de nuevo por una arteria obstruida.
Murillo Karam se encontraba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
Sin embargo, el pasado 19 de octubre fue trasladado al Hospital General Xoco para atender su estado de salud y debido a que el exfuncionario presentó un complicado cuadro clínico, tuvo que ser llevado al Instituto Nacional de Cardiología, donde los médicos determinaron practicarle de emergencia una cirugía Endarterectomía Carotídea de Alto Riesgo, lo que le permitió tener un mayor flujo sanguíneo.
Junto con la detención de Murillo Karam, la FGR anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 de éstas contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero.
Entre estos se ordenó la aprehensión del General José Rodríguez Pérez, quien en 2014 había sido comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, acusado de delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, no por desaparición forzada; él se entregó a la justicia y señala que es inocente.
Un mando más es el Capitán José Martínez Crespo, del mismo batallón de infantería, quien supo de los ataques e incluso estuvo presente en algunos escenarios del crimen aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Crespo se encuentra en prisión desde noviembre del año pasado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, su nueva orden de aprehensión es por el delito de desaparición forzada.
Con respecto, al General Rodríguez Pérez, Alejandro Encinas reveló durante la conferencia matutina del 26 de agosto que el militar dio la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes, quienes habían sido trasladados a un lugar conocido como “la bodega vieja”, donde cuatro días después de la noche del 26 de septiembre en que fueron desaparecidos, permanecían con vida.
Aunado a ello, José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, fue absuelto el pasado 13 de septiembre luego de que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Jorge Guillermo García Suárez Campos, determinara la inexistencia de pruebas para vincular al exedil por la presunta desaparición de los normalistas, imputación mencionada en la causa penal 66/2014.
A pesar de ello, Abarca permanecerá en prisión debido al actual proceso penal al que es sometido por el presunto homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ); así como de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Y el pasado 27 de septiembre, Omar Gómez Trejo, designado al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció a su cargo después de exactamente ocho años de la desaparición de los normalistas.
“Sí, él va a dejar el cargo. Tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro Fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, que tengo confianza en que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir y como decía el General Torrijos: el que se aflige, se afloja”, anunció el Presidente en su conferencia de prensa matutina de aquel día.
Posteriormente, fue designado Rosendo Gómez Piedra como la nueva persona a cargo de la Fiscalía para el caso de Ayotzinapa, hecho que desepertó fuerte recazo por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), pues aseguró que habría un “enorme retroceso” en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Si Rosendo Gómez Piedra, exfuncionario de Adán Augusto López como Gobernador de Tabasco, queda como nuevo encargado, se estaría imponiendo una decisión que no fue comunicada ni explicada a las familias.
Respecto al nombramiento del nuevo líder del caso, consideró que cuenta con un perfil político “sin experiencia en el ámbito de la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos”.
Además, el Centro Prodh acusó que esto deja en segundo plano al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la asistencia técnica que han apoyado en su búsqueda desde 2014.
— Con información de A dónde van los desaparecidos
