Con el Gobernador Humberto Moreira (2005-2011) "terminaron de asentarse Los Zetas" en Coahuila. Pero con Rubén Moreira (2011-2017), "desapareció la pasividad. Fueron contenidos, descabezados y fragmentados", expone el libro "Reconquistando" La Laguna del Colmex. En 2016, el ahora Diputado priista les dio a los investigadores Sergio Aguayo, Jacobo Dayán y Javier Garza acceso a los expedientes sobre la presencia del cártel en la región. En entrevista, platican sobre cómo la relación de ambos hermanos se deterioró y qué falta para recuperar en su totalidad la paz en la comarca lagunera: justicia para las víctimas.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– La Laguna, conformada por municipios de Coahuila y Durango, es el principal nodo de comunicación entre el Pacífico y la frontera del noreste mexicano con Estados Unidos. La guerra feroz entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa iniciada alrededor de 2007 dejó grandes heridas como la masacre de Allende, el control Zeta de la cárcel de Piedras Negras, el trastorno de las actividades cotidianas de la ciudadanía y un golpe a la economía regional.
En el libro "Reconquistando" La Laguna (Colmex, 2020), los investigadores Sergio Aguayo Quezada, Jacobo Dayán Askenazi y el periodista Javier Garza Ramos, pese a obstáculos de opacidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gobierno de Durango, muestran cómo fue posible inclinar la tendencia de miles de homicidios dolosos y desapariciones hacia la baja una década después, con la colaboración de Gobierno, empresarios y sociedad.
"Lo sucedido en La Laguna, sin duda alguna, es la experiencia más exitosa en la construcción de la paz en México. Y además de entender lo acontecido en esa región del noreste mexicano, es un logro indudable que el 'modelo lagunero' podría replicarse para otras zonas del país", concluyen tras una investigación de 2016 a 2020. Pero, reconocen los autores, continúan pendiente la justicia para las víctimas; la reparación de daños, incluyendo los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado; la búsqueda de desaparecidos; y el desmantelamiento de las redes económicas y de protección política del crimen organizado, ya que Los Zetas fueron echados de la región, pero se restauró la presencia del Cártel de Sinaloa.
En el caso particular de Coahuila, los hermanos Moreira gobernaron el estado durante 11 años de 2005 a 2017, a la par del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los autores del libro marcan un contraste en la gestión de ambos y, en entrevista con SinEmbargo, narran cómo se fue deteriorando su relación y por qué aseguran que Rubén, a diferencia de Humberto que le heredó una megadeuda, no fue pasivo ante Los Zetas.
Con Humberto Moreira (1 diciembre 2005-4 enero 2011) y Jorge Juan Torres López (4 enero 2011-30 noviembre 2011) "terminaron de asentarse los Zetas en el estado. Lograron tener control total del norte de Coahuila, Saltillo se transformó en santuario seguro y le disputaron al Cártel de Sinaloa el control de La Laguna", dice el libro. En enero de 2016, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue detenido en España por presunto lavado de dinero, pero liberado días después. Durante el sexenio de Rubén Moreira (1 diciembre 2011-30 noviembre 2017), "desapareció la pasividad. Los Zetas [como 'El Lazca', Z-40 y Z-42] fueron contenidos, descabezados y fragmentados". En 2016, el entonces Gobernador les dio acceso a los expedientes sobre la presencia del cártel en la región de los Cinco Manantiales (entre los municipios destacan Piedras Negras, Nava, Sabinas y Allende).
"Siempre quise blindar la investigación de la demanda de Humberto Moreira en mi contra", aclaró a este diario digital Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex) y quien en julio de 2016 fue denunciado por supuesto daño moral por el exgobernador de Coahuila a raíz de la publicación de una columna en el marco de su arresto en Madrid, España. En julio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso luego de que el académico se amparó contra la solicitud de pagar 10 millones de pesos a Moreira.
Ese mismo día de la demanda, compartió, el entonces Gobernador Rubén Moreira le marcó para aclararle que él no tenía relación y era asunto de su hermano. El académico aprovechó y le pidió los expedientes judiciales sobre la presencia zeta en la entidad.
"Rubén nos entregó la información y, como lo he dicho siempre, es el primer funcionario de alto nivel que entrega expedientes tan importantes de manera legal y pública, no con filtración. El Gobernador [Rubén Moreira] se echó el paquete porque Jaime Ruchín [titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)] me comentó en varias ocasiones que le habló el Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] para decirle: 'cómo que van a firmar un convenio para una Comisión de la Verdad de Coahuila'", afirmó el académico.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, agregó que el colectivo Fundec aseguró que cuando el fenómeno de la desaparición irrumpió en Coahuila y se acercaron al Gobierno estatal, "Humberto Moreira nunca los recibió. Siempre los mandaba con alguien más y nunca le daba seguimiento a los casos, ni le parecía relevante la agenda. Dejó el Gobierno sin atender a las víctimas y se fue a dirigir el PRI nacional". Cuando llegó Rubén Moreira a finales de 2011, dicen las víctimas, al menos dialogaba con ellos.
Desde La Laguna, el periodista Javier Garza detalló que los hermanos Moreira hicieron un pacto. Rubén le operaría a Humberto su llegada al Gobierno en 2005 para que después, sobre lo construido, siguiera Rubén. Pero el expresidente del PRI "le fastidió la gubernatura": le entregó una deuda de más de 30 mil millones de pesos sin margen de maniobra y un estado en llamas. Al 2020 la deuda estatal asciende a más de 40 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.
"Lo que construyó Humberto estaba con pilares muy endebles y cuando llegó Rubén todo se había caído", dijo Garza. "Rubén empieza su gubernatura severamente golpeado por la situación financiera. Después, se empezó a destapar la situación de inseguridad. Comenzó a destapar poco a poco la cloaca a lo largo de 2012. Después se fugan los reos de Piedras Negras, matan a uno de los hijos de Humberto Moreira [en el marco del asesinato de un sobrino de los Treviño] y es ahí donde la relación queda completamente quebrada. En su primer informe a finales de 2012, Rubén Moreira prácticamente –no directo– pero con frases sutiles culpa de todo a Humberto. [A su vez, Humberto] atribuyó [el asesinato de su hijo] a que Rubén había empezado un combate a los grupos del crimen organizado. Sin dinero y sin seguridad, no iba a ser capaz de lograr nada".
Cuando el expriista demandó al académico Sergio Aguayo, la interpretación fue que se volvió un problema político para su hermano. "Le manchó todo su esfuerzo por una demanda de difamación en contra de una de las personas que estaba involucrada en la investigación académica de estos hechos", afirmó Garza.
Los investigadores y el periodista también plantearon que los colectivos de víctimas, pioneros en la búsqueda de restos óseos, y empresarios preocupados por la caída de inversión fue fundamental para alcanzar la reducción de la violencia. "El último eslabón que falta por unirse es que los empresarios se unan con los colectivos para que puedan darle ese último empujón a la búsqueda de la justicia", dijo el periodista Javier Garza, director editorial del Siglo de Torreón en aquellos años de altos índices de homicidios, secuestros y desapariciones en la zona.
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P. En materia de combate a violencia e inseguridad, ¿por qué consideran el caso de La Laguna un éxito y qué es lo que falta para quitarle las comillas a "reconquistando" en el título del libro?
Sergio Aguayo. Las cifras hablan. Hubo una baja considerable en el número de homicidios dolosos y desapariciones, que se ha sostenido a lo largo de varios años. En segundo lugar, las encuestas de opinión muestran una reducción en la percepción de la inseguridad de la comunidad. Tercero, es evidente que en todo el estado [Coahuila] ha reducido la actividad zeta en la medida que fueron descabezados y fragmentados. Otro indicador de éxito es que cuando incursionó el cartel de Noreste en Villa Unión el año pasado, quienes lo combatieron fueron las policías del estado de Coahuila con el respaldo de la Guardia Nacional y del Ejército, lo que muestra una capacidad de autogestión. Lo que no quiere decir que esté todo terminado. Si vemos lo que pedían los empresarios y las víctimas, los empresarios sí tuvieron satisfacción a sus peticiones mientras que las víctimas todavía son victorias muy insuficientes.
Jacobo Dayán. Se logró reducir la violencia, pero nunca hubo justicia a las víctimas. Tampoco se llevó a revisión ni a justicia los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, no se desmantelaron las redes de protección política más que a nivel de policías municipales ni se desmantelaron las redes económicas de los cárteles. Y uno de los grandes pendientes, además de la justicia, es la búsqueda de personas desaparecidas que tampoco se ha podido realizar. Además, por eso está entrecomillado, es que a lo que se regresa es al control hegemónico de un cártel en la región, en este caso Sinaloa.
Javier Garza. Sí hay dos caras de una moneda. Por una parte, la recuperación de la seguridad que para la sociedad en la Comarca Lagunera es lo más tangible y concreto. Hace ocho o diez años la vida en la comunidad estaba muy limitada porque la violencia impedía pocas actividades, la convivencia normal y el desarrollo económico. Una década después, se han recuperado muchos espacios que se habían perdido frente al crimen. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi confirma que en la Comarca Lagunera ya llevamos varios años divididos a la mitad en cuanto a la percepción de seguridad. La mitad piensa que es seguro y la otra mitad que es inseguro. Pero es un avance respecto a cuando el 80 o 90 por ciento se sentía inseguro. La otra parte, la justicia que se debe, es algo que la sociedad no necesariamente siente en su conjunto, porque no la afectó en general, sino a personas en particular. Eso lo hace menos tangible para la comunidad, aunque eso no quiere decir que sea menos importante, porque el gran logro de la recuperación de la seguridad se puede perder fácilmente si no se construyen las instituciones con una fortaleza que pueda atender todos los aspectos de esta crisis terminando en una justicia plena.
P. Sergio Aguayo mencionaba que los empresarios llegaron a obtener lo que buscaban, ¿qué tanta importancia tuvo el papel de la ciudadanía y de la sociedad civil para recuperar la seguridad?
S.A. Fundamental, porque se alineó con otras variables. La decisión de cambiar la estrategia federal e irse contra los Zetas no se toma por La Laguna solamente. Se toma, según nos comentan, por la matanza de 72 migrantes en San Fernando. Esa fue la gran razón, reforzada por el asesinato de un agente estadounidense en San Luis Potosí en febrero de 2011 por los Zetas. Eso llevó a que Estados Unidos presionara o se uniera con gran entusiasmo a combatir a los Zetas. En 2011 empezaron las reuniones de empresarios y también hay acciones individuales como de Silvia Ortiz, una de las promotoras de colectivos, que van cuajando a lo largo de 2011 y que agarran un impulso con la llegada de Rubén Moreira [diciembre 2011] que llega con el tema de seguridad bajo el brazo. Su hermano [Humberto] es presidente del PRI y están muy cerca del Presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, hay un enorme resquicio del Presidente hacia las peticiones de Moreira. A lo que voy es que se van sumando los factores cuando los empresarios van cuajando una propuesta, que creo son los que tienen más claro combatir los homicidios y secuestros, porque es lo que los afectan. En ese momento se va acelerando hasta la reunión del Gabinete de seguridad nacional en el 2014, donde se acepta el Mando Especial. Es decir, hay una secuencia que se acompaña mutuamente y que lleva a que los empresarios y las víctimas aprovechen. Ignoro si tenían claridad esa secuencia. Pero los que tenían clara la película sobre el viraje en la estrategia era el Gobierno federal, no otros actores que yo sepa. No era tan visible, porque, según nos comentaron, no querían que se creara la impresión de que atacaban a los Zetas para favorecer al cartel de Sinaloa. Cuando apareció la Policía metropolitana, ya estaban dadas las condiciones para que tuvieran mayor éxito.
J.D. Los empresarios tienen mucha más capacidad de gestión y de presión ante las autoridades. Pero las víctimas lograron también cambios, hay que reconocerlo. Se articuló un grupo de trabajo en mesas permanentes entre el Gobierno y los colectivos de víctimas con lo que han logrado la creación de algunas políticas públicas y modificación a leyes. Coahuila fue el primer estado con una Ley de Desaparición de Ausencia y con fondos para apoyo a víctimas. A pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local no tiene el presupuesto que debería tener, además de las demás de los estados, hay una buena relación y gestión entre la Comisión y los colectivos. Lo que lograron los colectivos fueron transformaciones legales e institucionales con poco resultado. Hay que reflexionar la capacidad de acción que tienen actores económicos a diferencia de actores sociales. Se redujo la violencia y el secuestro que era un tema importante para los empresarios. Y en el caso de las víctimas, en Coahuila, a diferencia de Durango donde las cosas no caminan del todo hasta la fecha, se lograron esos avances que en lo formal están, pero no en la realidad.
J.G. Los empresarios sí son los que tienen la mayor capacidad de gestión, pero también porque históricamente en La Laguna ha sido la empresa la que ha logrado articular mejor las iniciativas de desarrollo de la Comarca Lagunera, desde tiempos de la fundación de la ciudad hace más de 100 años. En los años 30, cuando ya se estaba integrando la zona metropolitana de Torreón y Gómez Palacio, todavía no estaba bien construido el sistema de presas que embalsa el río Nazas que cortaba la zona. No había puentes, el primero que se hizo para vehículos fue en 1931. Lo financió la iniciativa privada. Fueron los empresarios organizados en cámaras de comercio y servicios para construir el puente porque los gobiernos no respondían. Esta articulación de los empresarios no es nuevo. Y, como son los que articulan los clubes de servicio como las sociedades de beneficiencia o cultura, se logra una mayor integración. Las grandes restauraciones de museos y teatros han sido gracias a las aportaciones y organización de empresarios. Y a su vez, son capaces de articular otros sectores de la sociedad civil. El último eslabón que falta por unirse es que los empresarios se unan con los colectivos para que puedan darle ese último empujón a la búsqueda de la justicia. Para los empresarios su principal preocupación era la sequía de inversiones por la inseguridad, estaba teniendo una merma económica en todas las cadenas productivas de La Laguna de la industria, servicios y agrícola. El reto era bajar la inseguridad para que regresaran las inversiones. Lo cumplieron, pero quedan pendientes para que se articule con la sociedad civil.
P. En el caso particular de Coahuila, ustedes hacen un contraste entre la gestión de Humberto Moreira y la de su hermano Rubén en materia de seguridad...
S.A. Ay, los hermanos Moreira. Es evidente que algo hay entre los hermanos Moreira. Hay una relación complicada. Hablé varias veces con Rubén Moreira durante la investigación y jamás profundizamos demasiado, porque yo siempre quise blindar la investigación de la demanda de Humberto Moreira en mi contra. Estoy convencido, pero es una hipótesis no demostrada, que Humberto me demanda porque firmamos un convenio el Colegio de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presidida por Jaime Rochín y el Gobierno de Rubén Moreira en marzo de 2016 para investigar la masacre de Allende de 2011 y el contexto de violencia. El Gobierno de Coahuila nos tenía que entregar la documentación a las pocas semanas o meses, pero no los entregaba. Los tiempos de ellos son diferentes a los de investigadores, para ellos es normal no responder las llamadas o dejarlo a uno colgado meses. Llegó julio de 2016. Viene la demanda, se hizo público y ese mismo día me habla el Gobernador [Rubén] Moreira desde algún lugar de Coahuila. Me dijo 'solo te habló para decirte que yo no tengo nada que ver con la demanda de mi hermano. Que a mí no me enreden, es cosa de él'. Y yo aproveché, y le pregunté que si era cosa de él por qué no nos entregaba los expedientes judiciales. Dice 'órale, ya los tienes'. A los pocos días o semanas entregaron los expedientes y fue el equipo a consultarlos. Hay una interacción en la investigación y la demanda que no me ha quedado claro cómo juega la relación entre hermanos. Para serle franco, ni me interesa demasiado. Sería contaminar la investigación si hubiera dejado que eso se metiera en medio. El hecho es que Rubén nos entregó la información y, como lo he dicho siempre, es el primer funcionario de alto nivel que entrega expedientes tan importantes de manera legal y pública, no con filtración. El Gobernador [Rubén Moreira] se echó el paquete porque Ruchín [titular de la CEAV] me comentó en varias ocasiones que le habló el Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] para decirle: 'cómo que van a firmar un convenio para una Comisión de la Verdad de Coahuila'. Durante una rueda de prensa de marzo de 2016, hablamos que era una aproximación a la verdad en una minicomisión a la verdad. Es lo que era, porque nos entregaron legalmente los expedientes. No era vinculante el informe de Allende ni de Piedras Negras, pero sí había un acto de autoridad como ahora lo hay. En Ayotzinapa estamos ante una Comisión de la Verdad auspiciada por el Gobierno federal. Aquí fue el Gobierno de un estado. A lo mejor Humberto le arrebató una paleta cuando estaban jugando de niños en las calles de Coahuila y a lo mejor de ahí viene la revancha...
J.D. Yo agregaría lo de que dicen las familias en Coahuila, sobre todo Fundec que ya estaba organizada en la época de Humberto y en la transición con Rubén. Lo que dicen es que cuando el fenómeno de la desaparición irrumpió en Coahuila y se acercaron al Gobierno, Humberto Moreira nunca los recibió. Siempre los mandaba con alguien más y nunca le daba seguimiento a los casos, ni le parecía relevante la agenda. Dejó el Gobierno sin atender a las víctimas y se fue a dirigir el PRI nacional. Torres, el Gobernador interino tampoco. Es hasta que llega Rubén Moreira que las víctimas dicen que el tema se convirtió en algo relevante para el Gobierno, al menos los recibía. Los colectivos creen que se debe a que Rubén ya había trabajado el tema de desaparición y violencia desde la Cámara de Diputados, donde era miembro de la Comisión de Derechos Humanos. No era un tema nuevo y cuando llegó el Gobierno, y asumió la responsabilidad total de la seguridad, es que el diálogo inició de manera fructífera con los colectivos, lo que no había con Humberto.
J.G. Humberto fue el que le arrebató la paleta a Rubén, porque ellos hacen una mancuerna donde Rubén es el principal operador de la llegada de Humberto al Gobierno de Coahuila en 2005 y se hace este pacto de que después seguía Rubén. Desde 2009 Rubén me comentó este relevo antes de que lo destaparan como candidato del PRI. La idea era que Humberto construiría una parte y Rubén [el resto] sobre lo que había avanzado, pero lo que construyó Humberto estaba con pilares muy endebles y cuando llegó Rubén todo se había caído. En 2011 se destapa la cloaca de la megadeuda y resulta que Coahuila está tan endeudado que Rubén no va tener dinero para cumplir todo lo que había prometido en la campaña como un aeropuerto. No había dinero. Humberto le fastidió la gubernatura a Rubén, porque el escándalo de la megadeuda tronó poco después de la elección de Rubén, se tuvo que renegociar con los bancos, el Gobierno asume una deuda de más de 30 mil millones de pesos que prácticamente lo pasó al buró de crédito, es decir, le limitó su capacidad para seguir pidiendo préstamos para financiar proyectos de desarrollo. La mitad de esa deuda nunca se explicó en realidad dónde quedó. Es uno de los grandes pendientes. Rubén empieza su gubernatura severamente inhabilitado, golpeado por la situación financiera. Después, se empezó a destapar la situación de inseguridad. Rubén Moreira no se había metido tanto a explorarlo a fondo a nivel local. En la Comisión de la Cámara de Diputados, donde estaba, uno ve más el bosque que los árboles, pero cuando llega se da cuenta. Unos meses después de que entró en una entrevista que tuve con él me enseñó unas fotos que habían tomado de un operativo en Piedras Negras, donde se habían encontrado unos arsenales terroríficos de armas. Él mismo parecía sorprendido. Empezó a destapar poco a poco la cloaca a lo largo de 2012 que fue su primer año como Gobernador. Después se fugan los reos de Piedras Negras, matan a uno de los hijos de Humberto Moreira [en el marco del asesinato del sobrino del Z-40] y es ahí donde la relación queda completamente quebrada. Matan a 'El Lazca' [Heriberto Lazcano, líder de los Zetas] en Progreso, y luego se roban el cuerpo, lo cual deja más en evidencia de que 'El Lazca' se estaba moviendo como Pedro por su casa. Ya para 2012 la relación está completamente deteriorada. En su primer informe a finales de 2012, Rubén Moreira prácticamente –no directo– pero con frases sutiles culpa de todo a Humberto. La relación se deteriora sobre todo a partir del golpe familiar por el tema del asesinato del hijo de Humberto, porque lo atribuyó a que Rubén había empezado un combate a los grupos del crimen organizado al ver que si permitía que los criminales siguieran en su avance, su gubernatura se acababa ahí mismo. Sin dinero y sin seguridad no iba a ser capaz de lograr nada. La separación de Humberto y Rubén se va dando cada vez más pronunciada de manera que cuando Humberto le puso la demanda a Sergio, la interpretación fue que se volvió un problema político para Rubén. Le manchó todo su esfuerzo por una demanda de difamación en contra de una de las personas que estaba involucrada en la investigación académica de estos hechos. Ahorita Miguel Ángel Riquelme –principal operador electoral de Rubén– ha tratado de establecer su propio curso en materia de seguridad, que da continuidad a lo de Rubén, pero asumido por él. Su principal prueba de fuego fue lo que ocurrió en Villa Unión hace un año, una balacera respondida más por policías estatales que por soldados, donde se comprobó que había una mayor estrategia institucional. A partir de las elecciones de 2018 cambia la dinámica y se tiene una relación distinta con el Gobierno federal que no vivió Rubén.
P. Javier, ¿este cambio de estrategia en seguridad de Rubén Moreira y Miguel Riquelme influyó en los resultados electorales de Coahuila el domingo, donde arrasó el PRI?
J.G. No, yo creo que el tema de seguridad ya no incide en las elecciones. Estas elecciones no son unas que se deciden sobre los temas principales. Es una elección donde nada más van diputados locales, participa menos del 40 por ciento de los votantes y se alimenta del manejo de las estructuras. Por eso el PRI tiende a ganar el carro completo, porque es el que tiene la estructura más afinada. Morena subió a 20 por ciento con respecto a la última elección como esta de diputados locales donde sacó menos de 10 por ciento. Es logro importante porque desbancó al PAN e indica que Morena ya está empezando a manejar las estructuras del Gobierno federal. No creo que la seguridad haya incidido.
P. Por último, ¿de qué manera impactó en la estrategia de seguridad la cooptación del crimen organizado a la prensa de La Laguna?
J.G. Cooptación no, porque —siempre hay medios que fueron cooptados– pero hubo medios como el Siglo de Torreón que se mantuvo insistente en el tema de que la seguridad se estaba deteriorando. Tuvimos enfrentamiento con autoridades porque tampoco les estaba gustando que estuviéramos diciendo cómo estaban empeorando las cosas. Evidencia de que la prensa se estaba volviendo incómoda fue que sufrimos ataques en las instalaciones como cinco veces y secuestraron a varios trabajadores del periódico. A mí me tocó dirigir la redacción durante todos esos años. En 2008-2009 empezamos a sistematizar la información sobre cómo iban los índices delictivos, porque eran datos que la Fiscalía no reportaba a final de mes de manera pública con al cantidad de homicidios. O se tardaban en hacerlo y solo de todo el estado. Así empezamos a darle cuerpo a las primeras narrativas sobre cómo estaba aumentando la violencia.
