Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, reveló durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que en su dependencia hay 12 denuncias contra 10 de los superdelegados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto uso de recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló que existen 12 denuncias en contra de diez de los superdelegados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por posible desvío de dinero público.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, comentó la Secretaria durante su comparecencia de este jueves en la Cámara de Diputados.
“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control; las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17, esos delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente.
En marzo pasado, debido a las fuertes críticas por las atribuciones de esos delegados, el Presidente López Obrador hizo ajustes a la estructura. El nuevo esquema, con el que el Gobierno de la 4T prevé ahorrar 15 mil millones de pesos, fue acordado en una reunión entre el Presidente, su gabinete y los 32 delegados estatales.
Cada tiene ahora la figura de un coordinador, un representante y cuatro subcoordinadores, uno por gabinete los cuales se dividirán en cuatro: de Seguridad y Gobierno, de Hacienda y Desarrollo Económico, de Energía y Comunicaciones y Transportes, y de Bienestar.
Es decir, hay un coordinador diferente para cada una de las 266 coordinaciones, además de 8 mil centros integradores. Además están acompañados de un encargado de administración, de un responsable en materia anticorrupción y de uno en el área jurídica.
LOMELÍ, PRIMERO EN RENUNCIAR
Desde el anuncio de esta estructura de superdelegados, al iniciar el Gobierno de López Obrador, varios de los personajes designados como “mano derecha” del Presidente en los estados levantaron sospechas y reclamos de ciudadanos y partidos políticos.
El primero al que le cayeron múltiples demandas fue al también empresario Carlos Lomelí Bolaños, quien el pasado 12 de julio renunció a su cargo como Delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal en Jalisco.
El funcionario argumentó entonces que renunció para no obstruir la investigación que se desahogara en su contra, esto luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara en mayo pasado que él estaría detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.
También dijo que se iría para que los señalamientos no dañen al Gobierno federal. La renuncia la interpuso el miércoles pasado,y fue dada a conocer en el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco.
En entrevista con ADN 40, Lomelí reveló que presentó la denuncia “con la única intención de que haya la libertad de que se puedan hacer las investigaciones correspondientes y parar ese golpeteo y esa violencia mediática y política que intenta dañar al Gobierno federal de manera permanente y contundente a través de esta organización Mexicanos Contra la Corrupción”.
Aseguró que el Jefe del Ejecutivo es su amigo y dijo que espera que termine el “golpeteo” a su administración.
“El Presidente es mi amigo y sabe que yo estaré ayudando desde cualquier lugar donde decida participar, pero por el momento es conveniente para el Gobierno y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones de la Función Pública y acabar con el continua golpeteo al Gobierno federal”, expuso.
