El Ministro Fernando Franco González Salas tomó en cuenta los recursos presentados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para evitar que se aplique la llamada "Ley Bonilla", una reforma a la Constitución de la entidad para ampliar el periodo de Gobierno de la nueva administración.
Sin embargo, se negó a conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdez, quien obtuvo el triunfo en las elecciones pasadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la extensión del mandato de Jaime Bonilla, próximo Gobernador de Baja California, la cual pasó de dos a cinco años.
El Ministro Fernando Franco González Salas tomó en cuenta los recursos presentados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para evitar que se aplique la llamada "Ley Bonilla", una reforma a la Constitución de la entidad para ampliar el periodo de Gobierno de la nueva administración.
"Se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", publicó la SCJN en un acuerdo.
Sin embargo, González Salas se negó a conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Bonilla Valdez, quien obtuvo el triunfo en las elecciones pasadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El acto se realizará la próxima semana.
"No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento", estableció el Ministro.
Asimismo, aseguró que "el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas".
Ayer, el Gobierno de Baja California presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ampliación del periodo de mandato. El Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, confirmó que el actual mandatario, Francisco Vega de Lamadrid -en compañía de su equipo se asesores- presentó el recurso legal.
“Nosotros esperamos que en un escenario óptimo resuelvan antes [de que inicie el Gobierno de Bonilla] para dar certeza jurídica”, detalló el funcionario.
La denominada “Ley Bonilla” reformó el artículo VIII transitorio de la Constitución de la entidad, fue aprobada por el Congreso de Baja California, y se publicó el 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado en el número especial 45.
Luego de su publicación, los inconformes contaban con 30 días naturales para hacer uso de los instrumentos jurídicos para impugnarla ante SCJN, a partir del pasado 21 de octubre.
La ampliación de mandato fue acreditada luego de una consulta ciudadana organizada por legisladores de la entidad, donde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría.
El conteo final de las urnas arrojó que la consulta ciudadana tuvo una participación de 53 mil 419 bajacalifornianos, de los que 45 mil 30, que representan el 84.25 por ciento, eligieron que el Gobierno de Bonilla Valdez dure cinco años; mientras que 8 mil 186, es decir el 15.32 por ciento de los votos, opinó que dos años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que buscaría las rutas legales para interponer una acción de inconstitucionalidad, con el fin de impedir que Jaime Bonilla tome funciones como Gobernador de Baja California por cinco años.
“El INE está estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del país”, planteó el presidente del instituto Lorenzo Córdova Vianello.
Córdova detalló que el INE no tiene la facultad de presentar una controversia. Sin embargo, mencionó que es posible interponer una acción de inconstitucionalidad. Además, dejó en claro que espera que este asunto sea resuelto por la SCJN.
“El INE no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California”, añadió.
