México está a punto de dar un paso trascendental, de impacto mundial, para dejar atrás la prohibición de las drogas, que durante el último siglo ha sido la estrategia con la que se ha pretendido enfrentar los consumos potencialmente riesgosos de sustancias psicotrópica, con resultados desastrosos para la salud, la libertad y la seguridad de los consumidores y con secuelas catastróficas para las instituciones estatales, debido a la cauda de corrupción y violencia que ha dejado.

Ha sido en torno a la marihuana donde se han dado los pasos mas notorios para el desmantelamiento de la estrategia prohibicionista, desde el experimento pionero del los Países Bajos, donde desde la década de 1970 ha existido tolerancia al comercio al menudeo y al consumo de cannabis. Desde la última década del siglo pasado en los Estados Unidos comenzó a avanzar la regulación de los usos médicos del cannabis y ahora ya son 33 estados donde esto ha sido regulado. Desde 2012 con los referendos de Colorado y Washington, también ha avanzado la regulación para el uso recreativo y ya son hoy once estados donde los adultos pueden consumir legalmente marihuana.

Casi con toda probabilidad México será el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, que legisle para regular de manera integral la marihuana, con lo que dejaría atrás cien años de absurda y contraproducente prohibición. Probablemente hoy mismo se vote en comisiones del Senado un dictamen de Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. De la manera en la que se concrete esa legislación dependerá si se logra acabara exitosamente con el despropósito prohibicionista y si, además, se logra proteger la salud, prevenir y atender los consumos problemáticos, se evita que la regulación acabe siendo controlada por grandes empresas que pongan por delante sus intereses mercantiles, aun a costa de los consumidores y si le hace justicia a los miles de víctimas de décadas de persecución de consumidores, vendedores al menudeo y productores, que han sido extorsionados y encarcelados por delitos no violentos.

El riesgo de una mala legislación, sin embargo, ha aparecido en los últimos días con un predictamen impulsado por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Julio Menchaca, con disposiciones que deformarían en su nacimiento el mercado legal del cannabis y lo dejarían en manos de las grandes compañías que se han desarrollado en el mercado legal de Canadá. La legislación canadiense ha favorecido el surgimiento de una industria integrada verticalmente, con alta inversión en semillas modificadas y especificaciones técnicas que limitan fuertemente la participación de pequeños productores artesanales, en condiciones climáticas y productivas muy diferentes a las de México.

Aquí, en cambio, existe una larga tradición de producción campesina de marihuana a campo abierto, aunque hasta ahora esos productores han estado bajo el yugo del narcotráfico y han sido las víctimas más débiles de la persecución estatal del cultivo. Esos campesinos han acumulado un gran conocimiento tácito sobre las mejores condiciones para el cultivo en las condiciones de la geografía mexicana y merecen beneficiarse de las nuevas condiciones de legalidad que están a punto de abrirse. Debería ser un acto de justicia crear condiciones para que, después de años de clandestinidad, usen sus conocimientos para sacar provecho del nuevo mercado regulado.

De manera lamentable, el predictamen del senador Menchaca los excluye, en beneficio de las trasnacionales canadienses, en las que ya han invertido las grandes empresas tabacaleras y alcoholeras. Con una serie de barreras de entrada absurdas, el documento en circulación genera mecanismos discriminatorios para los productores tradicionales. La exigencia de “trazabilidad” de las semillas implica, por ejemplo, que solo serán legales aquellas que tengan ciertas características genéticas, es decir, las producidas por empresas con capacidad tecnológica para desarrollarla. Los “cocos”· de las variedades tradicionales mexicanas seguirían en la clandestinidad y no podrían acceder al nuevo mercado. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la exigencia de empaquetados “compostables y biodegradables”, de alto costo y lejos del alcance de los pequeños productores artesanales. Enmascarada en una pretendida preocupación ambientalista se esconde una barrera de entrada solo superable por las grandes empresas.

El proyecto de Menchaca también incluye disposiciones que acarrearían discriminación a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a las que, sin evidencia sólida que lo sustente, se les seguiría prohibiendo y sancionando el consumo. Una visión sesgada que ha provocado enormes injusticias en Estados Unidos, donde a las madres consumidores se les aparta de sus hijos y se les estigmatiza.

La regulación mexicana debería, en cambio, poner atención en las concreciones de nuestra realidad social e institucional, de manera que evite la integración vertical de grandes empresas que pudieran acabar capturando al regulador, en detrimento de la salud y los intereses de los consumidores. Debería generar incentivos para integrar al mercado legal a los campesinos hoy perseguidos, con todos sus conocimientos de la planta y de su cultivo, como un acto de justicia que contribuiría a sacarlos de la marginación y la pobreza al incluirlos en un mercado potencialmente redituable, sobre todo en lo que toca a la producción de cáñamo para usos industriales.

Hay otras propuestas sobre la mesa, varias que plantean la creación de una empresa estatal intermediaria entre los productores y los distribuidores. A pesar de las burlas que ese modelo regulatorio ha provocado, un organismo público de ese tipo prevendría la concentración oligopólica dominada por las trasnacionales canadienses y podría fomentar la producción campesina, con estímulos a la innovación tecnológica de los productores tradicionales, en lugar de barreras de entrada discriminatorias. Es indispensable que las comisiones del Senado hagan un trabajo responsable.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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