“Hoy es un buen día para los papás de la Guardería ABC y para la sociedad civil. Creo que, sin exagerar, fue gracias al impulso de las redes sociales que el gobierno federal dio marcha atrás en su intento por reventar esta iniciativa”, afirma Daniel Daniel Gershenson, activista que ha apoyado a los padres y madres de la Guardería ABC en todo su proceso de demanda de justicia, desde que, el 5 de junio de 2009, un incendio arrasara con las instalaciones de dicha estancia infantil de Hermosillo, Sonora, provocando la muerte a 49 niños y niñas, y causando heridas graves a otros 76 infantes, todos de entre cinco meses y cinco años de edad.
El también presidente de Alconsumidor AC (www.alconsumidor.org/) considera que la firma del decreto por el que se expide la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, realizada este 23 de octubre por el presidente Felipe Calderón, a sólo un día de que terminara en la congeladora, también es resultado del esfuerzo y el trabajo de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos de a pie, que se han comprometido con ésta y otras causas que el gobierno federal pretende subestimar.
Gershenson le da un peso importante a la influencia de las redes sociales, primero porque considera que hay aliados y aliadas dentro del gobierno, en los tres Poderes, “que entienden que ante la falta de oportunidades para que la sociedad tenga una participación más visible, hay un rendija de oportunidad en Twitter y Facebook, donde el diálogo entre quienes toman decisiones y la sociedad civil se ha vuelto más intenso y porque, en este caso, hay además dos años de trabajo y de interacción entre los usuarios de las redes que los sensibilizó e informó para presionar porque esta ley no fuera desechada”.
El activista –quien tuitea desde la cuenta @alconsumidor– refiere que este logro colectivo confirma el conocimiento y la conciencia de quienes, desde Twitter por ejemplo, tienen la oportunidad de transmitir un mensaje y posicionarse en un tema tan dramático como la lucha de los papás de la guardería ABC; sin esa participación, dice, “no hubiera sido tan tangible y tan eficaz modificar el sentido de las políticas públicas”.
Fue el caso, relata, de la iniciativa original que era bastante limitada y contrastaba con el proyecto que impulsó el senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca, quien se comprometió de tiempo completo con esta lucha y gracias a su liderazgo es que pudo aprobar la ley; también destaca el esfuerzo del priísta Manuel Ignacio Acosta, “Maloro”, diputado federal por Hermosillo, que se tomó esta causa personal para sensibilizar a todas las fracciones parlamentarias.
“Las redes sociales, sin constituir una panacea que va a resolver todos nuestros problemas, sí influyó en el ánimo de los gobernantes, pues esta reforma estaba a punto de llegar a los 40 días que se dan para que una iniciativa sea aprobada. Es decir, estuvo a 24 horas de no pasar. Pero creo sinceramente que a Felipe Calderón no le quedó otra que firmarla, ante la andanada de tuits que se registraron durante este lapso, una ofensiva ciudadana, en el mejor de los sentidos”, expone.
Todo esto, añade, se pudo evitar publicando la ley a los 10 días, pero ante el silencio de Presidencia la presión ayudó y “tuvimos que reforzar las peticiones con esta nueva forma de comunicación, poco ortodoxa si se quiere, totalmente nueva para México, pero que es una herramienta para los ciudadanos que no estamos dispuestos a que los abusos queden impunes”.
Lo que viene
Tanto los padres de los niños de la Guardería ABC, que integran el Movimiento para la Justicia 5 de Junio, como los activistas y académicos que han estado cercanos a la creación de esta ley, saben que aquí no termina la lucha.
¿Qué sigue? Le preguntamos a Gershenson.
Hace falta, nos dice, un reglamento y el presupuesto para dotar de contenido a la ley, y que pueda operar a la brevedad posible.
Para el activista, la legislación los deja contentos, pues sí aborda los temas que se exigieron. Uno de los más importantes, comenta, es prohibir la subrogación del servicio de guarderías, que se intensificó con Juan Molinar Horcasitas a la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que se diseño con toda la intención de maximizar las ganancias de particulares, además de priorizar la asignación directa, como fue el caso de la Guardería ABC, donde una de las dueñas era Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Ese modelo, agrega el presidente de Alconsumidor, daba manga ancha para contratar menos personas y hacer ajustes para maximizar ganancias y que el negocio fuera muy bueno… “pero aquí se descuidaron criterios de protección civil y se cubrió a los dueños y dueñas de las guarderías, propietarios que –se ha visto no sólo en el caso de Hermosillo– son casi siempre parientes de políticos y de empresarios poderosos”.
Con esta ley, asegura, ese incentivo se anula: “Me parece que rescata la visión de interés público que debe tener una guardería e introduce criterios de visibilidad y transparencia, ya no por el mecanismo nefasto de asignación directa, que tergiversa el sentido de tener una propiedad en manos de gente que sólo busca negocio a los amigos, en un país donde, ya sabemos, permea el amiguismo y la corrupción entre funcionarios de todos los ámbitos del poder”.
No hay que olvidar, añade, que la tragedia de la Guardería ABC “exhibió la relación verdaderamente incestuosa entre los políticos y empresarios, protegidos todos bajo este esquema totalmente patrimonial, como de la Edad Media”.
Falta el castigo jurídico
Si la aprobación de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil es un gran logro ciudadano que los papás de los niños de la Guardería ABC comparten y agradecen a la sociedad, también es verdad que el gobierno aún tiene una deuda jurídica con los deudos y con todos los mexicanos.
De acuerdo con Gershenson a punto de cumplirse 29 meses de impunidad, se ha cumplido este avance en política pública gracias a la vertiente mediática, pero aún está pendiente la parte jurídica.
“Se está armando un caso para llevar una demanda frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y Daniel Karam, actual director de esa dependencia, dos personas que, como mínimo, debieron renunciar o ser destituidos en forma fulminante por esto hechos. Pero en vez de eso son una muestra de la cultura de la impunidad, que por cierto los panistas prometieron iban a desterrar, pero ya vemos que goza de cabal salud”, dice.
La intención, explica, es que se les finquen responsabilidades legales por sus omisiones para evitar que ocurriera el incendio en la guardería, por no actuar para que los responsables sean juzgados y por no salvaguardar los derechos de los niños… “Pero sigue la pretensión de protegerlos, de cuidarlos porque son íntimos amigos de Calderón e incluso tiene puestos de responsabilidad pública sin que nadie les diga nada. Por eso es importante denunciarlo, para que no sigan deshonrando la memoria de los niños”.
Además de esta próxima denuncia, el activista se refirió a que en Hermosillo, justo en toda la manzana donde se ubicaba la Guardería ABC, se prepara ya la construcción de un memorial. Se está en pláticas con representantes del Museo de la Memoria y la Tolerancia, para diseñar un espacio que será no sólo un mausoleo, sino un centro documental y de reflexión, donde se sigan encontrando soluciones a los abusos del poder y se detonen incluso manifestaciones culturales.
En el caso de la ley, dice, se sentarán de inmediato con los diputados para participar activamente en la elaboración del reglamento, antes de que las elecciones avasallen el tema, para que exista un presupuesto y echarla a andar. “No se intenta exigir mucho dinero ni crear un elefante blanco; el interés es que el acento en la transparencia y la rendición de cuentas se aterrice en instituciones que ya existen.
“También se pretende que las mamás, los papás y los niños que han tenido más problemas de salud, puedan tener un tipo de evaluación más objetivo, pues en muchos casos ha habido colapsos nerviosos e incluso intentos de suicidio. Por ejemplo, se tienen testimonios desgarradores de papás que confiando en que los cuidados médicos en México serían de primera, llegaron a atender a las víctimas a Guadalajara y esos niños tuvieron muertes espantosas. El Seguro Social y el Estado mexicano, desde el propio Poder Ejecutivo, se han comportado con una enorme apatía y falta de sensibilidad…. De buena fuente sabemos que incluso se llegó a considerar un veto presidencial para esta ley. Nos queda claro que ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala querían que esta ley pasara en los términos en que lo hizo”, plantea.
Pero lo de este domingo, añade, “muestra claramente que, a pesar de muchas adversidades, sí se pueden hacer cosas en México cuando la razón se manifiesta y los ciudadanos estamos vigilantes de que los gobernantes cumplan con sus responsabilidades”.
