Ni la tradición combativa de una escuela rural ni las figuras de líderes guerrilleros de la década de los 70 o la supuesta inacción institucional legitiman movilizaciones con estrategias violentas.

El legítimo dolor y reclamo de justicia de las familias de los 43 de Ayotzinapa, así como de la comunidad, tiene vigencia y está entre los pendientes para la gestión presidencial 2024-2030.

Los ataques contra la Secretaría de Gobernación, en los cuales decenas de presuntos normalistas –unos encapuchados y otros con la cabeza rapada– bajaron de camiones, arrojaron petardos y dañaron puertas y ventanas, ocurren a una década de la desaparición de los jóvenes, a cumplirse este 26 de septiembre.

El sentimiento de desesperanza es entendible, pero no justifica ataques como el de esta semana o el ocurrido en marzo pasado cuando derribaron con una camioneta una de las puertas de Palacio Nacional de la calle Moneda.

Un ocultamiento sistemático de pruebas, la propaganda oficial desplegada entre 2014 y 2018, así como la evidencia científica sobre la destrucción de los cuerpos son elementos que implican desafíos.

No se espera la aceptación total de una inverosímil “verdad histórica”, como tampoco omitir la intervención inadecuada o en franca complicidad de algunos elementos del Ejército Mexicano.

El tema es un pendiente reconocido por el mismo mandatario Andrés Manuel López Obrador y sobre el cual la Presidenta electa Claudia Sheinbaum ha mostrado apertura al reunirse ya con madres y padres de las 43 víctimas para ofrecer certidumbre sobre la disposición para alcanzar justicia.

En ello, será fundamental fortalecer la búsqueda de los cuerpos o tener elementos irrefutables sobre su destino.

Y es entonces donde caben preguntas centrales: ¿Estamos cerca de conocer lo ocurrido hace 10 años y preparados para aceptar la verdad jurídica? ¿Existen posibilidades de localizar los cuerpos? ¿Superaremos actitudes políticamente correctas y otras incorrectas?

Lo importante será, llegado el tiempo y forma, la definición de un método de trabajo para acercarse a la verdad de los acontecimientos y alcanzar un nivel donde no haya impunidad, sin politizar la desesperación de las familias en un proceso de certidumbre para ellas sobre la visibilización y atención a su duelo no cerrado aún.

Los daños al Palacio de Cobián ni curan ni contribuyen.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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