El incremento de drones explosivos empleados por el crimen organizado ha prendido las alertas. El Ejecutivo federal ya envió una iniciativa al Congreso, mientras que especialistas alertan que el uso podría volverse mucho más frecuente, por lo que urgieron que las autoridades tomen acciones de contención de estos ataques.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Los ataques con drones en México han experimentado un incremento desde el año 2020, lo que ha generado preocupación no solo entre expertos en seguridad, también entre las propias autoridades. Para especialistas en seguridad y balística, esta tendencia al alza continuará y es motivo de inquietud, ya que advierten que el uso de drones podría convertirse en una tecnología ampliamente empleada en la violencia ejercida por las organizaciones criminales e incluso podría ser empleada en ataques durante el proceso electoral de 2024.
La localidad de Felipe Carrillo Puerto, comúnmente conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán, fue el último escenario de ataques con drones el pasado 13 de septiembre. Al menos tres ataques con drones tuvieron lugar y uno de ellos detonó en la plaza principal. Los hechos quedaron grabados en un video ampliamente compartido en redes sociales, en el que se puede escuchar a un hombre dirigirse a miembros del Ejército mexicano, quienes aparentemente estaban presentes durante el ataque.
La comunidad, que recientemente había convocado a sus habitantes para debatir medidas contra la organización criminal conocida como “Los Viagras” y formar un grupo de autodefensas, se encuentra en estado de alerta, ya que este es el segundo ataque con drones que se produce en La Ruana en menos de una semana.
Expertos y especialistas consultados por SinEmbargo consideraron que es imperativo que las autoridades intervengan de inmediato y tomen medidas concretas para contener estos ataques, pues se prevé que estos eventos aumenten y que el uso de drones se volverá más frecuente en futuros episodios de violencia.
El especialista en seguridad, Edgar Guerra Blanco, investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), advirtió que el uso de drones para ataques directos podría producir un cambio cualitativo significativo en la forma en que operan los grupos armados en México.
Y es que el uso de drones en operaciones violentas proporciona ventajas significativas para los grupos delictivos, explicó el experto, ya que estos dispositivos son notoriamente difíciles de identificar, accesibles en el mercado y despersonalizan aún más los ataques armados. “No es lo mismo un enfrentamiento directo entre grupos que un ataque a distancia con drones. Existe una mayor despersonalización, ventaja táctica y capacidad de fuego en estos ataques a distancia”, detalló.
Guerra señaló que estas tecnologías podrían tener un impacto importante en las autoridades policiales y civiles, particularmente en contextos electorales. Con elecciones próximas en el país, en las que se renovarán 3 mil 289 cargos estatales y federales, como la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadores, nueve gubernaturas, 642 diputaciones locales de 30 estados y 2 mil 20 presidencias municipales en 31 estados, el uso de drones podría convertirse en una tecnología ampliamente empleada para perpetrar ataques.
“Puede traer un cambio cualitativo importante en la manera en que estos grupos armados actúan contra objetivos directos. Estoy pensando, por ejemplo, en las autoridades policiales y civiles, que sabemos muy bien son víctimas de ataques directos por parte del crimen organizado, sobre todo en contextos electorales. Recordemos que el próximo año tendremos elecciones en nuestro país. Entonces el uso de drones puede ser también una tecnología bastante empleada para hacer ese tipo de ataques en el siguiente proceso electoral, entonces sí es preocupante, insisto, no me gustaría ser alarmista en ese sentido, pero sí creo que es muy necesario tomar cartas en el asunto, sobre todo en esta fase en la que digamos este proceso de adquisición y de uso de drones está efervesciendo”, expresó.
México ha experimentado repuntes de la violencia política en los periodos previos a las elecciones, de acuerdo con un análisis de InSight Crime, el cual señala que alrededor de la mitad de la violencia previa a las elecciones presidenciales de 2018 se atribuyó directamente al crimen organizado.
El estudio “Administering Violence” del Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED), publicado en junio pasado y citado por el laboratorio de Análisis de InSight, señala que los grupos de delincuencia organizada suelen aumentar la violencia contra los políticos en el periodo previo a las elecciones para manipular las elecciones en México y Brasil. También han utilizado la violencia para intimidar a los trabajadores electorales y han asesinado a candidatos que consideran una amenaza para sus intereses.
René Fausto Rivera, presidente de la Comisión de Blindaje del Consejo Nacional de la Industria Balística (CNB) y enlace con autoridades de esa organización, coincidió en la preocupación por el uso de drones. Una de las preocupaciones más graves es el uso de drones con explosivos en ataques a la población en Michoacán. Además, de acuerdo con Fausto Rivera, la delincuencia organizada ha tomado el control de ciertas zonas, incluyendo entradas y salidas de poblaciones, mediante drones.
El CNB alertó en días recientes sobre el uso de drones: “En nuestro país ya es una preocupación el uso de drones con fines delictivos”.
René Fausto recalcó que esta situación podría afectar gravemente a servicios básicos vitales para la población, como la electricidad, el agua y la telefonía. Para ello, hizo referencia a incidentes pasados en los que grupos delictivos obligaban a desconectar antenas repetidoras de telefonía celular, interrumpiendo la comunicación en la región. El uso de drones para este propósito podría tener un impacto aún mayor, según advirtió.
“Nos preocupa mucho en el tema de que esta situación de los drones puede afectar posteriormente a la afectación de servicios que son básicos para la población. Te pongo un ejemplo, en 2010 en Nuevo León y Tamaulipas llegaban los grupos de la delincuencia organizada a las antenas repetidoras de telefonía celular y obligaban a que los encargados, digamos, bajaran en el switch para que no hubiera señal de telefonía celular y los contrincantes pudieran estar teniendo comunicación entre ellos. Hoy nos preocupa porque pues pueden afectar zonas como aquellas donde se genera la electricidad, el agua, la telefonía, que son servicios vitales, son infraestructuras críticas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con el CNB, el crimen organizado ha desarrollado modos sofisticados con el uso de drones que les permiten anular sistemas de cómputo o extraer información confidencial de forma remota; o para el contrabando de drogas; lanzamiento de materiales ilegales sobre las cárceles; vigilar casas y zonas pobladas o monitorear a las Fuerzas del Orden.
A pesar de que hasta el momento no se ha registrado el uso de drones para atacar infraestructuras críticas, el integrante del CNB destacó que esto no significa que no vaya a suceder en el futuro.
“Claro que estamos preocupados y claro que estamos atentos para ver qué es lo que va a pasar. De que hay riesgo y hay diferentes escenarios, sí los hay”, dijo.
Y es que las propias autoridades han reconocido el incremento de estos ataques, motivo por el cual el Ejecutivo nacional envió una iniciativa al Congreso de la Unión para prevenir, evitar y castigar la utilización de drones en actos contra bienes y servicios públicos o privados, la integridad física o la vida de las personas, o que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional.
“Actualmente, con la evolución de la tecnología en materia de aviación civil, el uso de estos artefactos tecnológicos ha ido en aumento”, se lee en la iniciativa enviada al Poder Legislativo a inicios de agosto del presente año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), citados por el CNB, desde el 2020 a mediados de este año, ya suman 605 ataques desde 2020, con mayor incidencia en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En el transcurso del 2023 suman 260 ataques; en 2022 fueron 233; un año antes se reportaron 107, mientras que en 2020 fueron cinco. Desde 2019 a junio de este año, la Sedena ha decomisado 25 drones, y la Fiscalía General de la República contabiliza el aseguramiento de 17, entre el 2018 y febrero de 2023.
La iniciativa busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de establecer las agravantes a delitos cometidos con aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como “drones”. El proyecto propone penas de hasta 53 años de cárcel por el uso de drones o naves dirigidas, cargados con droga, explosivos o usadas para atacar a la población civil o alguna institución.
El Ejecutivo argumentó que se requiere un marco jurídico que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de ilícitos mediante la utilización de estos artefactos, así como para garantizar la paz y seguridad.
Los especialistas consultados coincidieron en que uno de los aspectos que se puede atribuir al incremento del uso de drones tiene que ver con que es una tecnología bastante asequible, incluso se puede comprar por Internet. “Es lógico que otros grupos empiecen a emplear estos artefactos”, expresó Guerra.
“La adquisición de drones es muy fácil y no hay una limitación”, expresó Fausto Rivera, quien señaló que si bien hay un proyecto de ley, no contempla una mayor regulación para la adquisición de drones.
“En la Ley Federal de Seguridad privada del 2006 ni en el nuevo proyecto de Ley general que se está analizando en la Cámara de diputados, no hay un capítulo específico para blindaje, ni para contener a los drones. Ni para Protección para instalaciones estratégicas no hay un capítulo, desafortunadamente”, dijo.
Los especialistas indicaron que es urgente que las autoridades tomen acciones.
“Sin el ánimo de ser alarmista, pero yo considero que el uso de esta tecnología sí puede traer consigo un cambio cualitativo en la lógica de estos enfrentamientos entre grupos de civiles armados. Creo que sí es posible que esta tecnología no solamente se emplee con diferentes fines, sino por distintos grupos armados, lo cual me parece además que puede ser una tendencia que va creciendo en corto plazo, en el mediano plazo vamos a ir viendo en un crescendo, cada vez va a ser más el uso de estos de estos artefactos”, expresó.
“Primero que nada, yo pienso que tendría que haber una legislación al respecto. Urge legislar. Hay un proyecto que se envió, pero pues está en análisis y esperemos que pueda salir pronto porque esto es un riesgo latente, no nada más para la población, sino para el tema de la seguridad nacional”, detalló Rivera.
