Mediante acuerdo interinstitucional, firmado por la Secretaría del Trabajo, se ordena devolver todos los bienes despojados a los trabajadores portuarios en 1991, así como la reposición de su fuente de trabajo en la zona portuaria de Veracruz.

Después de treinta años de injusticias laborales, amenazas de muerte, despojo de edificios, cuentas bancarias y suicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió anular la requisa portuaria que en 1991 ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Mediante un acuerdo fechado el pasado 21 de septiembre, firmado por Fernando H. Serrano Monrroy –director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– se ordena devolver el patrimonio del que fueron despojados los trabajadores de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores del puerto de Veracruz durante la ejecución de la requisa.

El documento –cuya copia está en poder de SinEmbargo– está dirigido a Gilberto Tejada Delgado (secretario general del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima del Comercio de la Ciudad y Puerto de Veracruz), Saúl Muñoz Álvarez (presidente de la Unión de Estibadores y Jornaleros de Veracruz), Eduardo Aguirre Fernández (presidente de la Unión de Checadores o Tarjadores y Similares), así como a José Alejandro Pulido Cueto (apoderado legal del sindicato de maniobristas).

Después de un largo litigio, en el que se analizaron las pruebas presentadas por los obreros portuarios, el Gobierno de la República determinó que se acreditó fehacientemente que durante la implementación de la requisa, en 1991, se presentaron ilegalidades: despojos, pérdida del empleo, violación a las leyes portuarias y obreras que ocasionaron daños y perjuicios irreparables en contra del gremio portuario de Veracruz.

El abogado Pulido Cueto acreditó, con pruebas fehacientes –sentencias, alegatos y cientos de documentos judiciales– que las nuevas concesiones por 50 años más otorgada a la APIVER –con la que se les entregaron contrato a las cuatro empresas que operan en el puerto– son ilegales y deben anularse para retomar la concesión por 100 años que el sindicato de maniobristas dispone desde 1973, cuando el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez se las otorgó.

Así, la Secretaría del Trabajo, mediante un acuerdo interinstitucional, determina:

–Entrega legal y jurídica de los edificios sindicales.

–Devolución y entrega de cuentas bancarias del Sindicato de Maniobristas y la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, que se encuentran en los bancos EVERCORE (una casa de bolsa), Citibanamex y HSBC.

–Actualización y entrega de Pensiones del IMSS a todos los socios afectados por la requisa.

–Indeminización del usufructo de la concesión en los muelles y robo de maquinaria por parte (de las empresas) ICAVE, CICE, CTV y OPG.

–Permiso para trabajar en Zona I y Zona II en muelles propiedad federal sustituyendo a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz por una nueva razón social, apegándonos a los lineamientos y normatividad que rigen la operación en los puertos de México y el resto del mundo.

Y el acuerdo añade: “Sobre el particular esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social toma nota de sus manifestaciones y se genera de manera interna la carpeta correspondiente, adjuntando la documentación de referencia.

“En los documentos que dirigieron a esta Dependencia Federal señalan en forma reiterada los temas o peticiones concretas que, a su consideración, corresponden a la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Coordinación de Puertos (Coordinación General de Puertos y Marina Mercante) y esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

En otro apartado, el acuerdo se refiere al papel preponderante que jugó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1991, cuando Carlos Salinas ordenó la requisa portuaria. En opinión del abogado Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del sindicato de maniobristas, la orden de requisar el puerto de Veracruz surgió de la Presidencia de la República y el instrumento de ejecución fue la dependencia que, entonces, era encabezada por Andrés Caso Lombardo, suegro de Roberto Ríos Ferrer, el ejecutor de la requisa.

El acuerdo corrobora la afirmación de Pulido Cueto:

”Considerando que el tema que ustedes han planteado, es complejo y requiere de la participación y coordinación entre varias Dependencias, es oportuno hacer el siguiente acotamiento: por una parte, no debe perderse de vista que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un papel preponderante en la Requisa, al haberse señalado en el propio Decreto del 1 de junio de 1991, su responsabilidad para nombrar al administrador de los bienes, servicios y demás medios requisados, al que le correspondió, en su momento, conocer del inventario de bienes y derechos, e incluso, como se dispuso en el Acuerdo Segundo del Decreto de fecha 1 de agosto de 1991, (…) disponer lo conducente a efecto de que los servicios portuarios y los de maniobras sean prestados por quien proceda y los bienes sean entregados a quien legalmente corresponda. Por otra, como ya se mencionó, será a partir de la intervención de diversas dependencias que se podrá transitar hacia los escenarios para atender sus peticiones”.

Luego, el acuerdo precisa que la Secretaría del Trabajo intervendrá dentro de los límites y alcances de su competencia.

En entrevista, Alejandro Pulido sostiene que este es un triunfo de los trabajadores portuarios, pues se logró acreditar todo el despojo del que fueron objeto.

–¿Qué va a pasar con las cuatro empresas que actualmente operan en la zona portuaria? –se le pregunta.

–Nos tienen que pagar la maquinaria que nos robaron y el usufructo de nuestra concesión, que han explotado durante 30 años. Con las resoluciones que tenemos los podemos obligar a pagar hasta el último centavo, pero como gremio estamos dispuestos a negociar lo que sea justo para nosotros.

Y anuncia que el próximo 12 de octubre, en el puerto de Veracruz, se creará la International Dockworkers Council (IDC) de Veracruz, una asociación con respaldo internacional que defiende los intereses de trabajadores en 100 puertos del mundo.

Ya estamos trabajando en ello –explica el abogado laborista–. Estará representada por Leonel Noya, actual líder del Sindicato Primero de Mayo; y el vicepresidente “seré yo”, sostiene Pulido mientras degusta, pasado el mediodía, unos huevos con jamón, frijoles y jugo de naranja en un changarro ubicado frente a la Secretaría del Trabajo, en la colonia Narvarte.

–¿Qué lectura tiene para usted el acuerdo suscrito por la Secretaría del Trabajo?

–Administrativamente, el Presidente López Obrador está anulando la requisa de Carlos Salinas de Gortari.

–Parece que es así porque con la reposición de bienes y hasta de la fuente laboral en los muelles, sólo faltaría que desaparezcan las empresas que actualmente operan. Nos reponen todo lo perdido.

Pero hay algo más, sostiene: la concesión de 50 años adicionales que le otorgaron a APIVER, como ya se demostró, es ilegal. Y si esa concesión es ilegal, pues los contratos que suscribió con las cuatro empresas, ICAVE, CICE, CTV y OPG también carece de legitimidad y deben, por ley, anularse.

–¿Cuál es la relación que actualmente ustedes tienen con APIVER?

–Estamos bloqueados. El Almirante Romel Eduardo Ledezma no reconoce a los sindicatos de maniobristas, checadores, estibadores y Primero de Mayo, pese a que la Secretaría del Trabajo nos otorgó las tomas de notas de todas estas organizaciones.

“Ese funcionario tiene una postura totalmente contraria a los intereses de Presidente. Nosotros estamos bloqueados, no podemos entrar a los muelles. A ver si con este acuerdo ahora sí le queda claro cómo va nuestro asunto, pues de otra forma lo vamos a denunciar con el Presidente”.

Pulido Cueto afirma que la lucha sindical por hacer valer los derechos laborales “que fueron pisoteados por Carlos Salinas” tiene consecuencias. “Estamos enfrentando un fuerte hostigamiento por parte de las autoridades portuarias”.

–¿Por qué los hostigan? –se le inquiere.

–Debido a nuestra lucha, nos vimos en la necesidad de tomar las instalaciones de APIVER. En aquel momento nadie nos escuchaba. Había oídos sordos en el Gobierno. Derivado de esas acciones, la APIVER interpuso una denuncia penal en contra mía y en la que también están implicados Gilberto Tejeda Delgado, Eduardo Aguirre Fernández, Saúl Muñoz Álvarez, Raymundo Arturo Lara Martínez y Noemí Graciela Palomino Galván.

A todos ellos se les acusó del delito de ataques a las vías de comunicación, por lo que las autoridades los están investigando, pero según Pulido Cueto, se trata de un constante hostigamiento que deriva de la lucha sindical que él y sus compañeros han emprendido.

“Aquí hay muchos intereses en juego, eso lo entiendo. Por eso pido al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento en nuestra contra. Ya tuvimos demasiado con la requisa y ahora que ven los resultados obtenidos nos quieren parar, otra vez por la fuerza”.

Pulido y sus compañeros fueron citados para el 14 de octubre próximo a la sala uno del Centro de Justicia Penal, a fin de que comparezcan y declaren sobre el delito que se les imputó.

–¿Temen lo peor?

–Lo peor ya lo hemos vivido. Insisto: esto es un hostigamiento, pero nos van hacer lo que el viento a Juárez. Estamos unidos y esa unión es fuerza.

CARTA ACLARATORIA DE LA STYPS

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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