El Tratado de Aguas se firmó en 1944 y es favorable para México, al distribuir el agua de los ríos compartidos en la frontera. El país debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos. Ahora debe todavía 366 millones de metros cúbicos, equivalente a lo requerido en 10 meses.
México, 24 de septiembre (EFE).- México, a un mes de que venza el plazo para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, vive días convulsos en la frontera norte, ya que el pago de su cuota hídrica quinquenal ha estallado en un conflicto de múltiples aristas.
“Nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos (…) Se tiene que cumplir porque si no caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos”, sostuvo este jueves el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Estas son las tres claves para entender los frentes abiertos de México en torno a este tratado binacional, con agricultores, gobernadores y Ejecutivo federal implicados.
TRATADO FAVORABLE
El Tratado de Aguas en cuestión fue firmado en 1944 y, en realidad, es favorable para el país latinoamericano al distribuir el agua de los ríos compartidos en la frontera.
El acuerdo establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, mientras los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9 mil 250 millones de metros cúbicos.
A solo un mes de acabar el plazo, que vence el 24 de octubre, México debe todavía 366 millones de metros cúbicos, una cantidad que debería corresponder a la cuota de unos 10 meses.
AFECTACIONES AL CAMPO
El Gobierno federal mantiene que va a cumplir y está exprimiendo a marchas forzadas las cuencas de estados del norte, sobre todo en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, pero por las sequías, la mayor demanda y el creciente uso industrial, los agricultores temen quedarse sin agua para el ciclo agrícola de 2021.
Los productores de Chihuahua, el estado con el que el Gobierno anunció un acuerdo para cumplir con la cuota, han protagonizado varias protestas en la presa de La Boquilla, la más grande del estado, en las últimas semanas.
Uno de esos altercados resultó en la muerte de una manifestante, Jessica Silva, en un choque con la Guardia Nacional que está siendo investigado por la justicia.
Los campesinos del norteño estado de Tamaulipas han denunciado que las autoridades envían extracciones ilimitadas de agua a Estados Unidos, interfiriendo así en la actividad de miles de productores, una queja sumada a la de agricultores de otros estados norteños que también han mostrado su descontento y preocupación.
CONFLICTO POLITIZADO
Desde el inicio de las protestas en Chihuahua, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó la fuerza que ha tomado el conflicto a políticos locales que pretenden sacar tajada de cara a las elecciones intermedias de 2021, donde el Gobierno de ese estado volverá a estar en juego.
El Gobernador chihuahuense es Javier Corral, uno de los políticos con más proyección a nivel nacional del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y opositor notorio de López Obrador.
El Presidente del país repitió este jueves que Corral no le está ayudando porque “hay elecciones en Chihuahua y utilizó este asunto como bandera”, tras acusarle de haber entregado solo el 56 por ciento del agua pactada.
Las tensiones han escalado hasta tal punto que el Gobierno federal abandonó la mesa de seguridad que mantenía con el estado para atajar sobre todo el crimen organizado, ya que Chihuahua quería que se retirara la Guardia Nacional de las presas.
“La politización de la seguridad pública solo beneficia a la delincuencia y agravia a la sociedad. No podemos olvidar que la colaboración y coordinación para mantener la seguridad es una responsabilidad a la que estamos obligados constitucionalmente”, respondió este jueves el Gobernador Corral.
