Con notable estridencia, mediante filtraciones interesadas a medios de comunicación locales, el consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, encabezado por el exdirigente de Coparmex Jorge Ramírez, se ha dedicado a denostar lo que hace 20 años era considerado un proyecto vanguardista de asociación público privada para empezar a atender los graves pendientes ambientales de la ciudad y su planta industrial.

En 2020, la asociación entre SAPAL y la empresa Fypasa, principal accionista de Ecosys III, la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de León parece el peor negocio del mundo. Directivos de la paramunicipal se quejan de que pagan 200 millones de pesos al año y el agua se trata de forma deficiente.

Hace pocos años, anteriores directivos de Sapal, todos ellos conspicuos empresarios de la ciudad, presumían el éxito de Ecosys, sus ampliaciones, la cogeneración de energía y la modernidad de las instalaciones. La concesión de la planta en el año 2000 era un orgullo para la ciudad y un modelo a seguir en la República.

¿Qué ocurrió para que se produjera este divorcio, que terminó esta semana de la peor manera posible, con operarios de Sapal rompiendo candados y tomando por la fuerza la planta tratadora al vencimiento de la concesión, todo ello mientras se desahoga un juicio en tribunales?

Por lo que se sabe, como en toda ruptura, las culpas están repartidas. Asegura Ecosys que Sapal incumplió durante los últimos seis años con entregar agua bajo los parámetros convenidos, lo que repercutió en daño a los equipos y las instalaciones y por ello demanda una reparación de varios cientos de millones. Sapal simplemente dice que el agua no fue tratada de acuerdo a lo convenido y culpa a la planta de la contaminación aguas abajo en la cuenca del Turbio.

En medio está la denuncia de grupos ambientalistas que han encontrado descargas clandestinas de agua de tenerías sobre los arroyos que conducen al río Turbio, aguas tóxicas con sustancias curtientes que deberían ingresar al módulo de desbaste que complementa la planta tratadora, otro de los grandes logros presumidos en administraciones pasadas, y que no lo hacen mientras Sapal se lava las manos en esa agua y culpa a Conagua por no fiscalizar las descargas.

Por lo pronto, la nueva administración de Sapal asegura que no requiere más concesiones, que asumirá por su cuenta el manejo de la planta y hará una inversión multimillonaria para sanear las aguas de la ciudad y reutilizarlas ante la cada vez más complicada encomienda de traer agua de los Altos de Jalisco.

Así, obligado por la necesidad, el consejo que encabeza Jorge Ramírez reniega de la práctica neoliberal que privilegiaba la asociación público privada, para regresar al control de las actividades por un ente público. La visión lopezobradorista de la gestión pública parece imponerse hasta entre sus mas fervientes críticos.

Sin embargo, en tanto el consejo de Sapal, de mayoritaria composición empresarial, no explique qué ocurrió en los últimos cinco años donde la concesionaria de la planta pasó de ser un socio privilegiado a un enemigo vilipendiado, sin que nadie dijera nada ni hiciera ningún tipo de aclaración pública, sus planes carecerán de credibilidad y estarán bajo sospecha de que solo arrojan dinero bueno al malo para beneficio ¿de quién?.

¿Fue culpa de Ecosys III la quiebra del modelo de asociación entre ente público y capital privado? ¿Entonces por qué nadie lo advirtió a tiempo y tomó las medidas necesarias? Las concesiones son revocables cuando hay incumplimientos.

¿Fue responsabilidad de Sapal el fracaso de la misión de la planta por no cumplir su parte en los acuerdos? ¿Quiénes son los responsables de entre los funcionarios y los consejeros que allí se desempeñaron? ¿Habrá responsabilidades?

En el mes de septiembre de 2012, un documento de Sapal que es público, el cual da cuenta del esquema financiero de la ampliación de la PTAR para aumentar su capacidad mediante nuevas obras con el objetivo de “prorrogar la vigencia de la concesión y el contrato de prestación de servicios”, reconoce expresamente que: “El régimen de vertido de la industria ubicada en la zona hace que el módulo de desbaste no opere de manera eficiente con un flujo continuo y homogéneo, por lo que ya se están planeando obras adicionales de pretratamiento y regulación”.

Parece ser que esas obras no se concretaron o no funcionaron y ahí empezó la crisis que termina sino como el rosario de Amozoc, si con candados violados y ruido de abogados, como dice el trovador.

Al final de este episodio si algo queda claro es que la gestión empresarial del agua en León, a través de un consejo de notables, está resultando tan opaca e ineficiente como si se tratara, no de ejecutivos de universidad privada, sino de políticos de central campesina priista del siglo XX.

Y aunque el agua es de todos, en León quienes deciden sobre ella son unos cuantos que no dan cuenta de sus actos y que tampoco parecen estar tomando las mejores decisiones. Así que si se van a gastar mil 500 millones de pesos en resolver esta situación, más vale que empiecen a dar explicaciones.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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