El próximo martes se cumplirán tres años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa). Estos 36 meses fueron tiempo suficiente para desinflar a un movimiento multitudinario que tomó las calles de la Ciudad de México, Chilpancingo, y otros puntos del país con la exigencia de justicia y presentación con vida de los normalistas.
Fue el tiempo el que jugó en contra del movimiento; pero también una estrategia del Estado para desprestigiar, intimidar, criminalizar tanto a los padres de los estudiantes, como a los abogados, expertos internacionales y hasta a los que protestaban en las calles, coinciden especialistas y defensores de derechos humanos.
Hoy, en las calles de la capital mexicana, miles de familias tienen reclamo a las autoridades. Edificios que eran nuevos colapsaron, aún cuando, se supone, desde el sismo de 1985 hubo nuevas reglas para las constructoras. Quizás la lección más dura desde Iguala, Guerrero, a 3 años de la desaparición de los 43, es que el Gobierno hace todo para que la gente olvide y deje de reclamar.
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Ciudad de México, 24 de septiembre (sin embargo).– Se cumplían cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero y los padres de los estudiantes y su abogado ya hablaban de cansancio y una lucha del Estado por acabar con el movimiento por justicia desencadenado tras el 26 de septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advertía desde entonces en SinEmbargo que el Gobierno federal le apostaba al olvido y a la desmovilización ante unos padres desesperados porque sentían que ya nadie buscaba a los jóvenes debido a la “verdad histórica” que los daba por muertos e incinerados en el basurero de Cocula.
Los meses que siguieron, los aniversarios y los sucesos comprobaron que el Gobierno federal jamás abandonó la versión de que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero; pese a peritajes independientes y a la investigación de los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que la “verdad histórica” no era posible ante las evidencias encontradas.
“Desde el principio el Estado trabajó para desarticular el movimiento. La explicación de la desaparición no convence en el país, ni externamente a los organismos que el propio Estado mexicano aceptó que hiciera una indagación independiente. Tomó una decisión de aceptar la indagatoria, pero no darle atención a los resultados, pues no se ha movido ningún milímetro de la versión de la ‘verdad histórica’; lo hicieron sólo paga ganar tiempo y hacer que el movimiento se debilitara, pulverizar las demandas”, dice Otto Fernández Reyes, experto en movimientos sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El Estado ganó tiempo y nunca hubo castigo a los culpables ni certeza para los padres de los sucedido con sus hijos aquella noche en Iguala. Lo hizo así, explican los expertos, porque sabe que una de las características principales de los movimientos sociales es el desgaste y el cansancio que sobrevienen con el paso de los días, meses y años de no recibir la respuesta anhelada al reclamo.
“El Gobierno le apuesta a que los movimientos sociales expiren solos. Muchas veces los gobiernos no necesitan apostar por la intimidación; le apuestan al tiempo que juega en contra de la movilización”, explica Ivonne Acuña Murillo. Académica del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
EL DESGASTE DEL MOVIMIENTO
Otto Fernández dice que la movilización social se caracteriza por su espontaneidad, los niveles de respaldo y apoyo en el momento.
“Aunque sea justa, la movilización se agota. Los movimientos tienen un ciclo de constitución, auge y declinación al margen de las oposiciones que puedan enfrentar de parte del Gobierno, de grupos de poder locales, regionales o nacionales. Esa febril capacidad de movilización genera entre los actores que la apoyan un agotamiento, más cuando hay otros motivos iguales, parecidos o semejantes de protesta legítima”, argumenta Fernández.
De acuerdo con el experto en movilización social hay dos factores que se sumaron en el caso Ayotzinapa: el ciclo natural de la protesta social y la estrategia del Estado mexicano para agotar al movimiento.
“Esta la capacidad del régimen político para paralizar, bloquear e incluso cooptar y dividir a los movimientos; eso es una especie de ABC de la lucha contra los movimientos sociales. Cuando esas dos cosas se juntan se da un decaimiento”, explica.
Ivonne Acuña recuerda que en caso Ayotzinapa el Gobierno criminalizó a los que protestaban en su contra y se aferró a ganar tiempo para que el caso palideciera.
“La gente que salió y apoyó los primeros meses no puede estar continuamente movilizada; tiene que trabajar, se desanima de ver que no pasada nada, esto es normal es un movimiento social: siempre ocurre, y quien hace política tienen recursos, trabajan en la política, pero la gente que se moviliza en las calles no tienen esa ocupación, no tienen salarios para eso y el Gobierno sabe que el tiempo siempre juega en contra de esos movimientos”, dice Acuña.
En marzo de 2016 Javier Sicilia Zardain, poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dijo en entrevista con este medio digital que el principal problema del movimiento por los 43 fue que se cerraron en ellos y no sumaron al resto de las demandas sociales.
“Se los dije de todas las maneras: ‘ábranlo, ustedes no pueden ser menos que el Movimiento por la Paz’ No lo hicieron, se encerraron en 43. Cuando tuvieron la Comisión interamericana aquí, con todos los reflectores internacionales […]. Esa estupidez impidió un gran momento y realmente la inflexión que estábamos esperando”, dijo Sicilia.
El poeta también afirmó que los padres no estaban “tocando el corazón que debe cimbrar a una nación” y que las “víctimas fracturadas son muy cómodas” para el Gobierno.
Sin embargo el sociólogo Otto Fernández explica que la articulación de distintos movimientos sociales es difícil y que articularse con Ayotzinapa realmente requería una postura radical de confrontación con las autoridades, debido a que se trataba de un caso “extremo de represión en México”.
“Hacer el esfuerzo de articular a otros puede producir un desgaste. En algunas circunstancias los movimientos pueden vincularse unos con los otros, pero no siempre. Ayotzinapa es la parte más extrema de la represión en México, entonces lo que está reivindicando es otro tipo de protesta. Vincularse a Ayotzinapa en todo caso es un escalamiento en el nivel de conciencia de los actores más radical; ahí que los movimientos hacen una solidaridad formal, pero no real, un apoyo transitorio”, dice.
AYOTZINAPA DEJÓ HUELLA: TLACHINOLLAN
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), reconoce que el movimiento por la exigencia con vida de los 43 normalistas y castigo a los culpables de su desaparición languideció con el paso de tres años, el caso cimbró al país y es un referente en la lucha en contra de las violaciones a los derechos humanos tanto en el país como a nivel internacional.
“Sí ha perdido la efervescencia social, porque es parte de este fenómeno de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo ha crecido la conciencia de la sociedad en la exigencia de presentación con vida a los 43; ha despertado malestar y nuevos movimientos, las luchas por las graves violaciones a los derechos humanos”, dice Barrera Hernández.
El caso de los 43 estudiantes marcó a la sociedad mexicana, argumenta, pues despertó no sólo la movilización, sino la conciencia sobre lo que sucede en el país para colocar en la agenda el tema de la desaparición forzada y las graves violaciones del Estado a los derechos humanos.
“Entendemos que esta oleada ha perdido la fuerza, pero al mismo tiempo en términos de su profundidad ha calado hondo y obligó al sistema y al Gobierno federal a atender la agenda de las víctimas de desaparición”, considera.
Barrera Hernández recuerda que el Gobierno federal y estatal, cuando gobernaba Ángel Aguirre Rivero, echaron andar una estrategia para dividir a los padres de los desaparecidos y para desprestigiar tanto al movimiento como a los estudiantes.
Fueron días en los que se pretendió involucrar a los normalistas con el crimen organizado, donde hubo filtraciones de llamadas telefónicas a medios de comunicación como ocurrió con Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan y de los familiares.
“La filtración de una llamada del abogado Vidulfo para resaltar expresiones discriminatorias, racistas en contra de los papás para enfatizar que un representante de las familias, más bien era alguien que estaba teniendo una postura no auténtica en la causa de los 43 estudiantes”, dice.
Finamente, Abel Barrera recuerda la campaña de desprestigio en contra de los miembros del GIEI, que tuvo como objetivo denigrar su trabajo y restarle credibilidad a su investigación y conclusiones en torno al caso de la desaparición de los normalistas en Iguala.
