Radio, televisión, espectaculares, prensa impresa, sitios web, panfletos: todos hablan hoy de Eruviel Ávila. Pero Eruviel Ávila habla a medias de él, o de lo que su gestión ha arrojado para el Estado de México. No menciona que las cifras de la violencia se han disparado, de acuerdo incluso con los datos oficiales: secuestro, homicidio, robo, extorsión; todo va a la alza. No habla de cómo la vida en su cuna política, Ecatepec, ha empeorado por la inseguridad. No dice que, por ejemplo, desde los resorts de la clase alta cómo Valle de Bravo hasta los barrios han perdido confianza en la policía.
No dice, tampoco, que recibió un estado peor de lo que presumía Enrique Peña Nieto porque las cifras oficiales fueron manipuladas. Pero los datos han venido saliendo paulatinamente. Por ejemplo, el de la pobreza. Coneval, que es un organismo oficial, reporta un aumento de pobres en los últimos pocos años.
Eruviel llega a “Mitad del Camino”, uno lleno de espinas aunque no para él, necesariamente, sino para sus gobernados...
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Con la agudización de la inseguridad y la violencia como telón de fondo, Eruviel Ávila Villegas presenta hoy su Tercer Informe de labores como titular del gobierno del Estado de México. Se encuentra “A Mitad del Camino”, como lo anuncia en miles de mensajes de radio, televisión, espectaculares, sitios web, redes sociales y medios impresos. Lo llama “informe de resultados” y también está en su propio sitio: eruviel.com.
El buscador de dominios whois.net indica que esa página electrónica fue creada en 2010 –cuando el mandatario local aún se desempeñaba como Presidente Municipal de Ecatepec– y actualmente es usada para difundir las actividades, discursos y fotografías de Ávila Villegas “para estar mejor comunicados”, según refiere en la descripción del sitio.
En la página del Gobernador mexiquense se pueden encontrar otros spots sobre sus acciones al frente de la entidad más poblada del país: 64 nuevas unidades médicas; 2 mil policías en formación; 7 de cada 10 pesos invertidos en salud, educación y seguridad social; 4 mil 627 kilómetros de vitalidades construidas o en mantenimiento; 4 mil 339 compromisos cumplidos…
En esa numeralia no están las estadísticas que dan cuenta de cómo han aumentado los homicidios, secuestros, robos violentos y extorsiones en la entidad. No se habla tampoco de las al menos cuatro veces que el gobierno federal ha anunciado intervenciones directas (“operativos conjuntos”) para tratar de inyectar tranquilidad a una población, la mexiquense, que ha visto cómo llegan los militares a resorts como Valle de Bravo, o a barrios bravos como los de Ecatepec, la cuna política del Gobernador.
Aunque Eruviel no los difunde, los datos sobre la violencia, procesados dos entidades oficiales –el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, han sido retomados por organizaciones civiles, académicos y medios de comunicación para evidenciar la agudización de la inseguridad en el Estado de México, frente a la postura de Ávila, quien durante muchos meses minimizó la situación afirmando que se trataba de un fenómeno “temporal” y “atípico”.
Ahora que llega a la mitad de su gestión, Eruviel Ávila asegura, en un spot: “Tu tranquilidad es nuestra meta y no descansaremos hasta lograrla”, mientras que anuncia como acciones en materia de seguridad la creación de una fuerza especial de policías y la instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia. Nada, pues, que recuerde que la entidad tuvo durante la primera mitad de este año la mayor cantidad de víctimas de homicidio y extorsión en el país, ni que el centenar de víctimas de secuestro que se registró en esos seis meses lo llevó a estar entre los estados con más casos de ese delito. De acuerdo con los datos del SESNSP, sólo le rebasaron Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.
“En materia de seguridad el Gobernador ha salido a declarar que se han venido reduciendo los índices delictivos, cuando la gente es la que está sufriendo toda esa problemática. Ese es el problema: que no se reconocen los números, no se reconocen los problemas y mientras esto suceda desde luego que no va a existir esta estrategia para poder combatir todos estos problemas. Es realmente preocupante que el gobierno proceda de esta manera y no esté buscando la forma de cómo de manera efectiva y eficiente lograr combatir los problemas que la gente está viviendo a diario”, considera Juan Hugo de la Rosa, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México.
La inseguridad en la entidad no es un problema reciente ni mucho menos surgido en la gestión de Ávila, recuerda el político, pero atribuye al actual Gobernador, así como a su antecesor Enrique Peña Nieto –ahora Presidente del país– el inadecuado manejo del problema, pues al intentar minimizarlo o negarlo sólo provocaron que creciera.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, se expresa en el mismo tono:
“Desde el Gobernador anterior [Peña Nieto] la violencia ya venía subiendo, pero lo que hizo Peña fue bajarla en el papel, fue maquillar las cifras, fue manipular la información, fue la falta de transparencia para que el estado se viera bonito y para que él pudiera tener alguna oportunidad de que su partido lo postulara como candidato presidencial y llegara a ser Presidente. Pero ya venía deteriorándose el Estado de México y ya la violencia se venía incrementando desde el anterior gobierno”.
LAS CIFRAS OCULTAS
En marzo de este año, la organización civil que preside Ortega Sánchez presentó el estudio La inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país. Uno de los aspectos que señaló en su análisis sobre la criminalidad en la entidad fue, precisamente, el de la poca confiabilidad de las cifras oficiales.
Ejemplo de ello fueron las estadísticas sobre casos de homicidio doloso. Entre 1997 y 2006, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en promedio se registraron 2 mil 700 casos por año; pero en 2007, cuando la entidad era gobernada por Peña Nieto, hubo una repentina y abrupta reducción del 59 por ciento en la incidencia de homicidios. En los cuatro años siguientes, las cifras se mantuvieron en alrededor de mil 300 casos anuales.
Fue hasta 2012, ya con el gobierno a cargo de Ávila Villegas, que el delito volvió a repuntar.
En su último Informe de Gobierno, Peña Nieto lo anunció como un logro de su administración. En realidad se debió a un cambio en la metodología para contar los homicidios, lo que había propiciado que se registrara un aparente descenso en la cifra de asesinatos dolosos, como lo reveló la publicación inglesa The Economist en 2011. Basado en datos del SESNSP, el medio evidenció que dicho delito en realidad había aumentado 40 por ciento.
No es el único tema relacionado con crímenes en la entidad que el gobierno de Peña Nieto legó a su sucesor. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha denunciado reiteradamente que los asesinatos de mujeres por cuestiones de género cometidos en la entidad, que alcanzaron los mil 3 casos de 2005 a 2010, siguen sin ser investigados en su gran mayoría.
Desde el pasado mes de mayo, cada día 25 del mes, el Observatorio y familiares de víctimas de feminicidio realizan recorridos por los sitios donde han sido encontrados los cadáveres de mujeres y reiteran una exigencia que no ha sido atendida desde el anterior gobierno: que se declare una Alerta de Género en el Estado de México, a fin de que se emprendan acciones para atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.
¿HACIA LA INGOBERNABILIDAD?
Si bien el estudio de Ortega Sánchez toma los números oficiales con reserva, descubre en éstos tendencias en la incidencia de varios delitos que permiten ver cómo en la última década se intensificó la criminalidad en el Estado de México.
Por ejemplo, que de 2003 a 2013 los secuestros en la entidad aumentaron 138 por ciento; que el robo con violencia a negocios creció 568 por ciento; que en 2013 la tasa de robo de vehículos con violencia en territorio mexiquense fue de 182, mientras que la tasa promedio del país fue de 49; que la tasa de robo a transporte de carga en el Estado de México es cuatro veces mayor a la tasa nacional; o que la proporción de robos con violencia en esa entidad triplica al promedio del país.
Otras cifras, las del SESNSP, agregan elementos como que de 2012 a julio de este año, el Estado de México registró 5 mil 206 homicidios dolosos, por lo que fue la segunda entidad con el mayor número de casos, sólo rebasada por Guerrero; o que en el primer semestre de 2014, tuvo el mayor número de casos de extorsión: 638, 42 por ciento más casos que el segundo estado por incidencia, que fue Guerrero, con 371. Además, los casos de extorsión en el Estado de México representaron el 16 del total de denuncias que han ocurrido en todo el país.
Pero el panorama de inseguridad no sólo se palpa por la cantidad de delitos cometidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, el Estado de México es la entidad todo el país cuyos habitantes perciben como más insegura: 9 de cada 10 mexiquenses lo creen así.
“A tres años del gobierno de Eruviel [Ávila] vemos cómo una buena parte del Estado de México va hacia la ingobernabilidad, por la violencia que hay y la falta de una política pública adecuada para combatirla”, sopesa Ortega Sánchez. En diciembre de 2013, el abogado penalista publicó un estudio donde daba cuenta de que en el país había 207 municipios en “estado fallido”; entre éstos figuraba una alcaldía mexiquense: Luvianos, ubicada en la zona limítrofe con Guerrero y Michoacán y donde el pasado 2 de agosto un grupo criminal atacó a Indalecio Benítez, fundador y locutor de la radio comunitaria Calentana Radio, y a su familia, y mató a su hijo Juan Diego, de 12 años.
El listado de municipios señalaba como ayuntamientos en riesgo de convertirse en “estados fallidos” a Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco. Para Ortega Sánchez, el nivel de violencia que ha alcanzado el Estado de México, alimentada en gran medida por los cárteles del narcotráfico, lo pone en peligro de que ya no sólo sean algunos municipios o zonas las que están en “ingobernabilidad”, sino que la entidad completa caiga en la misma categoría.
“Son zonas de secuestradores, de narcotráfico, de extorsiones, que prácticamente quien manda es el crimen organizado, y las autoridades son decorativas. Y hacia allá va el Estado de México: a tener un Gobernador decorativo, de oropel, porque la violencia se ha apoderado del Estado de México”, sentencia.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal refiere que cinco municipios mexiquenses están entre los 20 ayuntamientos más violentos del país: Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Cuautitlán. Asimismo ubica a 11 entre la veintena donde más se cometen lesiones dolosas, a nueve entre los que más robos con violencia registran, a seis entre los 20 donde más se extorsiona y a dos donde más violaciones sexuales se cometen. Los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México son los que con mayor frecuencia aparecen en esos listados.
Pero los municipios colindantes con el Distrito Federal figuran también entre los que tienen presencia de cárteles del narcotráfico, como documentó el portal de noticias CNN México, con base en un informe de la Policía Federal, fechado el 17 de febrero de 2011.
Según dicho reporte, en 38 ayuntamientos -que concentran el 75 por ciento de la población mexiquense- la Policía Federal detectó la presencia de uno o más grupos del crimen organizado: Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Pelones (considerado hasta 2009 sicarios del cártel de Sinaloa), el cártel del Pacífico Sur y el grupo de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
CNN México refiere que desde 2005, la Procuraduría General de la República (PGR) ubicaba a grupos de narcotraficantes en la entidad, pero las disputas entre ellos se recrudecieron a partir de 2008, cuando La Familia Michoacana y Los Zetas comenzaron a expandirse en un territorio hasta entonces dominado el grupo de los hermanos Beltrán Leyva.
Al respecto, Ortega Sánchez señala en su libro El desafío de Enrique Peña Nieto que al delegado de la PGR en el Estado de México entre 2007 y 2008, José Manzur Ocaña, se le atribuye el haber vendido “la plaza” del Estado de México a los tres grupos criminales, así como brindar protección a los grupos de narcotraficantes y bandas delincuenciales en la entidad.
El abogado señala en su libro que Manzur Ocaña llegó a su cargo en agosto de 2007 por influencia del entonces Gobernador Peña Nieto y de Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador de la entidad. Benítez Treviño se convirtió en titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero fue removido del cargo tras un incidente de arbitrariedad que su hija tuvo hacia los dueños de un restaurante.
El medio hermano de Manzur Ocaña, José Sergio Manzur Quiroga, es el actual Secretario general de Gobierno del Estado de México.
Por ello es que Ortega Sánchez no duda en decir: “Estamos hablando de una colusión de autoridades del Estado de México del sexenio anterior, y que podrían tener vinculación con las actuales autoridades del Estado de México, y concretamente con el secretario de Gobierno. ¡Estamos hablando de su hermano! Tiene orden de aprehensión y se atribuye a él la venta de la plaza del Estado de México a varios cárteles”.
FUERZAS FEDERALES Y EJÉRCITO ¿LA SOLUCIÓN?
Aunque durante varios meses el Gobernador mexiquense negó reiteradamente el problema de inseguridad y violencia en la entidad, terminó por aceptar el apoyo del gobierno federal para atenderlo. Ello llevó a la implementación de un plan de seguridad en el que participan agentes federales, pero también militares y marinos.
Una de sus acciones ha sido la puesta en marcha de Bases de Operación Mixtas (BOM), como estrategia para tratar de reducir la incidencia criminal. De acuerdo con notas periodísticas, se han instalado BOM en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Atizapán, Tlalnepantla, Tecámac, Zumpango, Chalco, Tejupilco, Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de Chalco y Valle de Bravo. Una nota de La Jornada, del 8 de abril pasado, refería que para entonces había 40 bases de operación en la entidad, con la participación de más de 2 mil soldados, marinos y policías federales.
El pasado 9 de agosto, el Senador perredista por el Estado de México, Alejandro Encinas, criticó la eficacia de esta medida para combatir la delincuencia.
“Aún con el impresionante despliegue de recursos para la instalación de estas Bases, lo cierto es que en el Estado de México lamentablemente continúa muriendo gente inocente, los delitos comunes han mutado a secuestros, torturas, levantones… la complicidad y la impunidad es el denominador común, con un gobierno estatal que al parecer da alas a un cártel y a otro, y quien paga esa imposibilidad del gobierno estatal para garantizar el estado derecho y la integridad son sus habitantes”, señaló en un comunicado.
Para el abogado Ortega Sánchez, la intervención de las Fuerzas Armadas en el Estado de México es positiva. Si bien advierte que la presencia de militares no va a resolver por sí misma los problemas de “impunidad, colusión, corrupción, de violencia, de deterioro de las instituciones” que prevalecen en la entidad, considera que si no hubieran intervenido, la situación de inseguridad sería aun peor.
Sin embargo, el asesinato de 22 personas por parte de elementos del Ejército, el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, ha puesto en entredicho la actuación de militares en labores de seguridad pública.
La versión oficial, que fue difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional el mismo día de los hechos, refiere que los 22 asesinados -21 hombres y una mujer menor de edad, a quienes se señaló como supuestos delincuentes- atacaron a los militares que patrullaban la zona, y que éstos, en un acto de defensa, los abatieron a todos.
Pero el pasado 17 de septiembre, la revista Esquire publicó que había una testigo de los hechos, quien dijo que los soldados dispararon primero y que en el enfrentamiento sólo uno de los supuestos delincuentes murió. El resto se rindió, según el testimonio de la testigo -cuya identidad la publicación mantiene anónima por seguridad-, pero fueron ejecutados por los militares. La testigo también dijo que ella y otras dos mujeres que se encontraban en la bodega donde ocurrió el enfrentamiento, fingieron estar secuestradas. Los militares las detuvieron y ella estuvo retenida una semana, tiempo durante el cual, afirmó, fue coaccionada para que declarara que los muertos eran delincuentes.
Al día siguiente de que se publicó esa información, la agencia de noticias estadunidense Associated Press refirió la existencia de otro testigo, quien sería la madre de la menor de edad que fue asesinada. Esa nueva testigo también sostuvo que los militares habrían fusilado a los 22 presuntos delincuentes. Ortega Sánchez cuestiona la veracidad de estos testimonios.
“Son contradictorias las declaraciones que publica Esquire, y que han provocado toda esta polémica. Porque si fuera cierto lo que dice la mamá de una de las menores que perdieron la vida en ese enfrentamiento, ella también estaría muerta, no la hubieran dejado viva. Si hubieran ejecutado a todos, ¿para qué dejar testigos? Y más dejar testigos que pudieran estar hablando”, señala.
Él considera que se trata de un acto para desprestigiar el trabajo de los militares, como ha ocurrido en otras entidades cuando la intervención de las Fuerzas Armadas o de agentes federales comienza a dar resultados, y los grupos criminales promueven la desacreditación de su trabajo.
La indagatoria sobre lo que ocurrió ese día actualmente está en manos de la PGR; la Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió que prepara un informe, que dará a conocer en seis semanas.
El líder del PRD en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, considera que más allá de que el caso de Tlatlaya ha puesto en entredicho la participación de las Fuerzas Armadas, también es cuestionable que su actuación sea sólo de manera reactiva, únicamente atendiendo los focos donde se genera una mayor presencia de la delincuencia organizada, pero sin una estrategia integral.
“Es un asunto pasajero, logran tal vez contener pero no logran combatir de manera real la problemática. Es decir contienen, generan incluso el ‘efecto cucaracha’, o por lo menos que la delincuencia deje de actuar por un determinado periodo, y después vuelve todo a lo mismo”, critica.
En su opinión, más que la participaciòn de las fuerzas federales, Ejército y Marina en actos de reacción, se requiere atender las causas que propician la violencia.
“Tiene que ver con toda una estrategia que abarque la parte económica, la parte social, que realmente mejore las condiciones de vida de la población, y no de manera particular, sino de manera general”, opina. “Ese es el problema, que mientras sigan este tipo de actuación de reacción y no de planeación, y no de estrategia para un combate efectivo no van a llegar a ningún lado, la problemática va a seguir viva y la población va a seguir sufriendo toda esta situación”.
DELINCUENCIA y POBREZA
De la Rosa considera que Ávila Villegas llega a la mitad de su mandato con un “gobierno gris”, donde la ciudadanía no encuentra ningún beneficio.
“En materia de seguridad bastante complicado, pero también en materia económica la situación del estado ha ido cada vez más en deterioro, al grado de que hoy las estadísticas dicen que estamos en el centro de más bajos niveles de crecimiento económico estatal, y esto se refleja en varios aspectos, particularmente el que tiene que ver con el empleo: andamos por arriba de 6 por ciento de desempleo”, refiere.
A eso se suma el aumento en la pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que el número de personas pobres en la entidad aumentó de 6 millones 712 mil 100 en 2010 a 7 millones 328 mil 700 en 2012; de esos 946 mil están en pobreza extrema. Si no fuera suficiente el dato de que la pobreza toca a 45.3 por ciento de la población mexiquense, el Coneval advierte que, además, hay 4.8 millones de personas en vulnerabilidad por carencias sociales.
El político dice que si bien, al igual que la inseguridad, no se puede atribuir todo el problema al gobierno de Ávila Villegas, el mandatario estatal sí es responsable de no implementar una política de desarrollo económico que vaya más allá de paliativos asistencialistas. Y recuerda la relación intrínseca que hay entre el deterioro social y la delincuencia.
“No está solucionando cómo se genera desarrollo económico, cómo haya empleo, cómo el ingreso de la población logre atender sus necesidades prioritarias, esto no lo consideran como la parte esencial de la política que deberían de seguir para lograr acabar con esta situación [de violencia]. Es decir, no con la entrada del Ejército, no con la entrada de la Marina, o de la Policía Federal el problema se va a resolver, mientras no vayan a sacar el problema de fondo que tiene que ver con el desarrollo económico, con el empleo y con el ingreso familiar”, concluye.
