Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La iniciativa ciudadana Desarma México presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta complicidad del gobierno mexicano con Estados Unidos en el programa Rápido y Furioso.
Gonzalo Aguilar Zínser, miembro del grupo de intelectuales y activistas que conforman el movimiento, dijo que México siempre conoció el ingreso ilegal de armas de grueso calibre al país a través de los narcotraficantes.
“Tan sólo en 2004 entraron al país dos mil 800 armas de alto impacto. Esta denuncia es para que el Estado sepa que la sociedad civil tiene capacidad de denunciar las grandes decisiones y cómo afectan a los mexicanos”, dijo.
La denuncia, explicó, se basa en comparecencias y documentos proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de esclarecer si en el programa intervinieron funcionarios de alto nivel del país anglosajón.
Gonzalo Aguilar explicó que la denuncia sólo se hizo en México y se basa en indicios de que autoridades mexicanas colaboraron, se reunieron con sus iguales de Estados Unidos y dejaron pasar las armas.
“Se basa en los comunicados que se encuentran publicados en el gobierno de Estados Unidos, donde un funcionario de alto nivel le mandó un comunicado a un superior, informando que se procedió a la introducción a México de un número de armas y que los agentes en México perdieron el control. Dice [el comunicado]: ‘le entregamos las armas, las cruzamos con las autoridades mexicanas y a pocos kilómetros los perdimos’. Pedimos que se investigue”, dijo.
Gonzalo Aguilar detalló que la denuncia está motivada desde la sociedad civil, porque el Estado no cumple con la obligación de investigar.
“Cuando se nos habla de estos hechos, no es un tema desafortunado, es un tema de injusticia, porque el Estado debió prever que con su actuación, habría más violencia, no sólo entre las bandas, sino en aquellos desplazados, en las víctimas, en los que están obligados para defenderse o salvar la vida”, dijo Aguinaco Bravo.
Apenas, el lunes el general Ricardo Alberto Restrepo, director de Antinarcóticos de la Policía de Colombia, admitió que miembros de cárteles mexicanos han llegado al país sudamericano para negociar cargamentos de droga y armas, incluyendo algunas que pertenecen a la fallida operación “Rápido y Furioso”, implementada por el gobierno estadounidense en México.
EL FUROR DE LAS ARMAS
La politóloga Denise Dresser indicó que en los últimos tres años, de las 75 mil armas decomisadas, 60 mil provienen de Estados Unidos.
“La violencia que puede acompañar, no se usa para cazar, se usa para matar policías, elementos del ejército, para ayudar a un grupo criminal a atacar a otro y asesinar a víctimas inocentes en el fuego cruzado”, dijo.
Dresser indicó que no importa la cantidad de decomisos que se hagan por el gobierno mexicano, si el crimen organizado no se confronta con la ley.
La académica recordó que el narcotráfico es producto de los gobiernos priistas, pero que durante la transición, con Vicente Fox Quesada en el poder, poco se hizo.
“Durante la gestión de Fox, México se volvió más violento que Colombia. No ha sido fácil debido a una paradoja dolorosa: los esfuerzos del gobierno por combatir el narco, se ven minados por la influencia corruptora”, dijo.
Denise Dresser recordó que los narcotraficantes pagan 500 millones de dólares en “mordidas” en México, el doble del presupuesto de la PGR.
Según la politóloga, el gobierno mexicano no está preocupado por detener el flujo de armas, como la AK-47.
“Y estas armas no se usan para cazar, al menos que sea para cazar un dinosaurio. Se usan para matar”, indicó.
El año pasado, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), presentó un análisis donde se comprueba que la mayor parte de las armas que ingresan a México, son para uso del crimen organizado.
De acuerdo con el análisis de una base de datos de dos mil 921 registros de armas incautadas en México durante 2006-2010, filtrada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y a la cual las organizaciones Fellowship of Reconciliation (FOR) y el MPJD tuvieron acceso, 44.79 por ciento fueron aseguradas al grupo criminal de Los Zetas; 22.66, al cartel del Golfo; 10.16, a los Beltrán Leyva; 8.0, al cartel de Sinaloa y 7.75, a los Arrellano Félix.
“No puedo aceptar que por las omisiones de un Estado, que los criminales que están armados hasta los dientes, estén asesinando, secuestrando y que el gobierno no haga nada para detener esto”, dijo el poeta en esa ocasión.
Según el análisis de los datos filtrados, más de 70 por ciento de las armas incautadas en México se vendieron en los estados estadounidenses de Texas y Arizona.
El 40 por ciento del armamento era ilegal y en 14 por ciento de los casos, se cometió homicidio en México.
Del total de las armas que se compraron en distintas armerías de Estados Unidos, 409 fueron compradores mexicanos directamente, lo cual los colocó en segundo lugar, después de los anglosajones.
Sicilia indicó que la venta de armas está ligada a la injusticia, al lavado de dinero y a la prohibición de las drogas.
“Tiene que ser una prioridad en la agenda bilateral. Si no lo hacen, sólo se están haciendo pendejos”, dijo.
El poeta recordó que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue quien fomentó la adquisición de armamento con su “guerra contra el narco”.
“Calderón actuó con doble moral. Si alguien propició el flujo de armas en el país fue él. Con la guerra contra el narco, el rostro más terrible, son las víctimas que Calderón Hinojosa criminalizó y que este gobierno quiere borrar”, indicó.
