Corría el año 2002. En ese entonces la ciudad —nuestra ciudad— todavía se llamaba Distrito Federal. El Jefe de Gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Al mando de la policía, un tal Marcelo Ebrard.

Ebrard llegó a la jefatura de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP) de rebote. Había sido Secretario de Gobierno durante la administración del exregente Manuel Camacho Solís y candidato a Jefe de Gobierno en el 2000. Pocos meses antes de aquella elección, Ebrard declinó su candidatura en favor de Andrés Manuel López Obrador. Dos años más tarde, Ebrard era designado jefe de la policía capitalina. 

Muchos interpretaron la designación de Ebrard como un pago político; otros, en cambio, leyeron el nombramiento del nuevo Secretario como un reconocimiento a las habilidades de un político ágil y funcional. A los mandos policiales no les gustó mucho su designación. “Esto es como si a la Secretaría de la Defensa Nacional pusieran de titular a un arquitecto”, confesó alguno de manera anónima a un periódico nacional [1].

Ebrard llegó a inicios de 2002 a la SSP y salió en el otoño de 2004 tras el linchamiento de tres policías federales en Tláhuac. Imposible no acordarse de aquel suceso. Su paso por la policía, sin ser malo, estuvo marcado por un suceso que atiborró las planas de los periódicos por meses: la firma de un contrato entre la SSP y Giuliani Security & Safety, la consultora de seguridad pública del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Sin demasiada base científica detrás, Giuliani y su grupo promovían una serie de políticas de “tolerancia cero” conocidas como “ventanas rotas” como la única manera de detener la escalada de violencia de aquella época. El modelo no era demasiado complejo y se basaba en una mala combinación de intolerancia policiaca, vigilancia extrema y represión ante toda conducta aparentemente inusual. El paradigma planteaba que la policía debía ser agresiva ante cualquier falta al orden y que el crimen florecía (florece) en lugares descuidados y sucios. Así, por ejemplo, el grafiti o el uso de mariguana se interpretaban como “precursoras” a delitos más graves. Una estupidez. 

Aunque fue el Gobierno del Distrito Federal el que presumió la consultoría de Giuliani Partners, ésta fue pagada por la iniciativa privada. Los cuatro millones de pesos que costó la consultoría fue asumido por un grupo de empresarios que formaron el Fideicomiso “Ciudadanos Aliados por la Seguridad Pública de la Ciudad de México”. Basta leer los periódicos de la época para revisar el entusiasmo con la que la Coparmex adoptó la asesoría. 

Las mayores críticas al proyecto Giuliani vinieron de los expertos. El criminólogo Rafael Ruiz Harrell escribió que el desconocimiento de derecho penal mexicano y del idioma español hacía “absurdo que un grupo de policías extranjeros llegue a dar sugerencias sensatas y eficaces para abatir la delincuencia en una ciudad que se desconoce”. Según Ruiz Harrell, la contratación de Giuliani confirmó “que conservamos las limitaciones y esperanzas propias de la mentalidad colonial y, de alguna manera, seguimos atribuyéndole, a los hombres del imperio facultades sobrenaturales”. No le faltaba razón. 

La conversación sobre la idoneidad o no de ejecutar el modelo Giuliani en el Distrito Federal dominó las páginas de los periódicos por meses, al menos entre el otoño de 2002 y el verano de 2003. Aunque la expectativa de los capitalinos era altísima, los resultados fueron decepcionantes. 

Giuliani y su equipo vinieron un par de veces al Distrito Federal, pasearon por algunas calles rodeados de guaruras y se entrevistaron con una docena de policías. No veían la hora para volver al aeropuerto e irse a casa. Al final de la consultoría, el equipo de Giuliani realizó un informe final dividido en doce tomos. En total, se incluían 146 recomendaciones. La vaguedad de las mismas es inaudita. Entre otras medidas, se recomendaba: incrementar el salario de los uniformados; unificar los cuerpos policiales de investigación y prevención; endurecer castigos contra delincuentes; mantener un control más estricto de franeleros, limpiaparabrisas e indigentes; revisar el esquema de readaptación social de reos; crear una red de vigilancia vecinal; generar un nuevo registro de actividades de los policías y mejorar las técnicas de resguardo de escenas del crimen. Nada que no fuera obvio. Nada que no estuviera en un libro básico de seguridad pública. 

Algunas de las recomendaciones de Giuliani fueron seguidas al pie de la letra. Otras fueron desechadas. La mayoría fueron implementadas a medias. A cargo de la ejecución de algunas estaba un joven tecnócrata encargado de la estadística de la policía capitalina. ¿Su nombre? Mario Delgado. Las vueltas que da la vida. 

Una de las políticas propuestas por Giuliani que sí se aplicó fue la de “sellar” la Zona Centro y Polanco, los corredores turísticos y financieros de la ciudad. Tras las recomendaciones de Giuliani, ambas zonas se convirtieron en las mejor cuidadas de la capital. La política de “tolerancia cero” fue aplicada con rigor en ambos lugares. En el corredor Reforma-Juárez-Centro Histórico fueron desplegados 1120 policías de tiempo completo; en Polanco 416. Entre sus tareas estaba “retirar a los indigentes que amanecen en acostados en las banquetas”. Un reportero de Reforma lo escribió así: “los policías quitan a los ambulantes y presentan a los limpiaparabrisas al Juez Cívico”. En ese sentido, la política de seguridad sí siguió el paradigma de: “primero los pobres” … pero a la cárcel. 

La sensación general y definitiva del “proyecto Giuliani” fue que se trató más de una iniciativa política que una técnica. Sirvió, en todo caso, como una estrategia efectiva para tender puentes con empresarios y para posicionar a Ebrard como el hombre fuerte de la ciudad en materia de seguridad. En el aspecto técnico, sin embargo, las ventajas de la colaboración con el exalcalde de Nueva York continúan siendo difíciles de descifrar. Mucho ruido, pocas nueces, como se suele decir.

Veinte años después de aquel experimento, Marcelo Ebrard busca la Presidencia de México y Rudolph Giuliani, en la ruina política, está a punto de entregarse en la cárcel del condado de Fulton en Estados Unidos acusado por todos los delitos imaginables. No cabe duda: la vida da muchas vueltas. 

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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