Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la FGR de Desaparición Forzada, Tortura y Contra la Administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam se queda en prisión, así lo determinó el Juez de Control Marco Antonio Tapia durante la audiencia que se llevó a cabo este día en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y en la que una madre de los 43 normalistas lo confrontó diciéndole: “¿Dónde están? ¿A dónde los dejó?”
Al exfuncionario de Enrique Peña Nieto se le vinculó a proceso por los delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición Forzada —reclasificado con base en el Código Penal Federal— en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.
Con la cabeza agachada y las manos, a veces en la frente, el exprocurador escuchó la resolución del Juez, quien determinó que por existir riesgo de fuga y de obstaculizar la investigación —circunstancias que no cambiaron desde la audiencia inicial del sábado— tendrá que seguir su proceso en prisión.
Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en un inicio un plazo de seis meses para el cierre de investigación al señalar lo complejo del caso. No obstante, la defensa de Murillo Karam indicó que le parecía excesivo el tiempo, en vista de que la medida cautelar era privativa de la libertad para su representado. Finalmente se estableció un tiempo de 90 días naturales.
Posteriormente, le dieron la palabra a la madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente en septiembre de 2015, quien estuvo presente en la audiencia como una testigo protegida.
“Queremos la verdad y lo que más queremos es saber a dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó”, expresó la madre.
Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso.
Posteriormente, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados. “Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, consideró a su vez que la decisión de que Murillo Karam siga su proceso en prisión es una “resolución objetiva”.
“El Juez valoró de manera objetiva todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, pudo establecer razonablemente que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que a través de una investigación turbia, una investigación irregular se ocultó el paradero de los estudiantes”, comentó Rosales al salir de la audiencia.
Indicó que el mensaje que dio el Juez con esta decisión es que todo aquel funcionario que comete irregularidades tienen que enfrentar una consecuencia jurídica. “Por otra parte tomaron tomaron en cuenta los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del Relator contra la Tortura (de la ONU), Juan Mendez”.
LA AUDIENCIA
Vestido de chamarra y pantalón beige y con las manos en los bolsillos, Murillo Karam ingresó al Reclusorio Norte, donde a las 9:20 de la mañana se dio inicio a la esperada audiencia. El exprocurador, detenido el 19 de agosto afuera de su casa, es acusado por la Fiscalía General de la República de desaparición forzada, tortura y de delitos contra la administración de justicia al crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.
En 2014, el exfuncionario calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
Durante la audiencia la defensa del exprocurador se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso.
En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes alegando que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.
En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.
Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había pruebas suficientes sobre la manipulación de las pruebas.
Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia matutina, que espera que todos hablen en el juicio y que “si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”.
López Obrador se quejó nuevamente del retraso de Israel en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la investigación de la extinta Procuraduría y subalterno de Murillo Karam, quien enfrenta cargos por tortura en el caso de los 43 normalistas y afirmó que las autoridades israelíes “no pueden estar protegiendo a personas así”.
En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el Juez se negó alegando que existía riesgo de fuga, argumento que se mantuvo este miércoles.
Un informe presentado la semana pasada por la Comisión de la Verdad calificó lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 —durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto— como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
En la primera audiencia, realizada el sábado, los fiscales dejaron en claro que hay pruebas suficientes que acreditan que Murillo Karam inventó su versión para cerrar el caso cuanto antes y dijeron que esa “verdad histórica” se ideó en una reunión con otros altos funcionarios.
Entre otras evidencias destacaron que la versión del basurero presentada a la prensa estuvo basada en declaraciones de personas, que fueron torturadas, antes de que éstas rindieran su declaración formal.
La Fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, entre los que hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala, donde fueron capturados los jóvenes. Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el informe de la Comisión de la Verdad reactivó la hipótesis de que esté vinculado con el tráfico de heroína en la zona. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino.
-Con información de AP
