El migrante contó desde su cama en el hospital, poco después de haber sido rescatado hace nueve años, la odisea que vivió hasta lograr escapar.
Ciudad de México, 24 de agosto (La Opinión).– En 2010, 72 cuerpos masacrados fueron hallados en San Fernando, Tamaulipas. El conteo se dividió en 58 hombres y mujeres, la mayoría migrantes centroamericanos, también habían ecuatorianos y brasileños.
Sus cuerpos golpeados presentaban balazos en la espalda. El grupo viajaba en camiones por México rumbo a Estados Unidos hasta que fueron secuestrados por miembros del Cartel de Los Zetas, quienes los llevaron a la zona de El Huizachal.
Luis Freddy Lala Pomavilla, fue uno de los dos ecuatorianos que se salvó de morir acribillado, y, posteriormente, dio aviso a las autoridades.
Desde su cama en el hospital, contó a las cámaras de Gama TV, poco después de haber sido rescatado, la odisea que vivió hasta lograr escapar.
“Nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo y nos bajaron del carro, y nos metieron en otro carro; viajaban en dos carros”, relató Lala Pomavilla.
“Nos llevaron a una casa y ahí nos amarraron de cuatro en cuatro, las manos para atrás”, detalló el joven hoy con 29 años.
Pasada la noche, comenzó la masacre.
“Después nos botaron boca abajo, y después escuché un ruido que disparaban. Yo pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que dispararon a mis amigos y luego llegó disparando a mí”, recordó Lala Pomavilla.
Creyeron haberlo matado; pero, no. Herido, escapó.
“Al ver la lámpara, vi esa lámpara, corrí como 10 kilómetros. Caminé, caminé con dolor pidiendo auxilio. Nadie me quiso ayudar…”, continuó el ecuatoriano, quien dijo que con él viajaban 76 y no 72 como apunta la cifra oficial.
Sin embargo, logró llegar hasta donde estaban elementos de la Marina mexicana.
La última vez que se tuvo reportes de la ubicación del hombre fue en 2015. Había sido trasladado por las autoridades al pueblo de Ger con la promesa de recibir ayuda del Gobierno ecuatoriano y reunirse con su familia, que permanecía indocumentada en Nueva Jersey.
Aunque sirvió de testigo protegido del Gobierno en el caso contra un coyote, aparentemente, no recibió a cambio los beneficios que le prometieron funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), de acuerdo con reportajes de medios como Pie de Página.
Lala Pomavilla sufrió secuelas psicológicas debido a las altas y bajas en su caso.
En agosto de 2018 medios nacionales indicaron que el joven trabajaba en el campo con su padre y aún batallaba por conseguir asilo en otro país, ya que no se siente seguro en Ecuador.
