La denuncia se presentó por presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos. También en la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal se inició una queja en contra del coordinador de Comunicación Social de Guanajuato, Avilés Pérez, por atentar contra el derecho humano a la información, por discriminación y vulnerar el ejercicio del periodismo y el interés público.
León, Guanajuato/Ciudad de México, 24 de agosto (Zona Franca/SinEmbargo).– La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato admitió la denuncia presentada en contra de Enrique Avilés Pérez, titular de la Coordinación de Comunicación Social de Guanajuato, por presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos. También se presentaron quejas ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Arnoldo Cuéllar Ornelas, director de Zona Franca, interpuso la denuncia de investigación de situación excepcional el pasado 15 de agosto, por lo que se abrió el expediente ASEG/DGAJ/DISEJ/09/2018. Según la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en su artículo 39, la situación excepcional se da cuando haya daño a la hacienda pública; posibles actos de corrupción y desvío flagrante de recursos públicos, entre otros.
La denuncia se realizó a partir de los hallazgos mostrados por la serie periodística Zona Franca donde se mostró que durante la administración de Miguel Márquez Márquez se gastaron un millón de pesos diarios en publicidad; que se otorgaron contratos a proveedores con irregularidades y a páginas fantasma.
Cuéllar Ornelas, en su denuncia, explica que “si bien, toda función de gobierno requiere de publicitarse para que la población esté enterada de lo que se hace con el dinero público, este gasto debe de estar normado por reglas de austeridad, control contable y legalidad; en el caso concreto”.
A raíz de la investigación periodística, señala la demanda:
“Se estima qué hubo un total dispendio de los recursos públicos, puesto que se excedió de los montos autorizados presupuestalmente, no existe control, ni reglas claras sobre las formas y medios de comunicación que debían ser contratados; muchos de los beneficiarios de los pagos realizados por la coordinación de comunicación social son entes fantasmas o dedicados a un objeto totalmente distinto al quehacer de la comunicación, soslayándose a muchos medios de comunicación con verdadera presencia en el Estado de Guanajuato y sobre todo, con un posicionamiento ante las audiencias, de lo que se puede presumir que en éste dispendio de recursos públicos, puede existir un desvío en beneficio de personas cercanas al titular de la coordinación o incluso en beneficio de él mismo, situación que amerita una investigación por situación excepcional, ya que los recursos utilizados son de varias centenas de millones de pesos qué bien pudieron haberse utilizado en atender necesidades más apremiantes y urgentes para la población guanajuatense”.
También se señala que el Ejecutivo Estatal no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, lo que es grave pues es el primer paso para combatir la corrupción.
La demanda solicita que “se acuerde la práctica de una auditoría, visita o inspección a la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato”.
Además de esta denuncia, se solicitó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado para que investigue el manejo de los recursos en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato.
DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN
En la Procuraduría de los Derechos Humanos se abrió el expediente 188/2018-A-III con una queja en contra de Enrique Avilés Pérez por atentar contra el derecho humano a la información, por discriminación y vulnerar el ejercicio del periodismo y el interés público.
Esto por la falta de cumplimiento en las obligaciones de transparencia de la coordinación que él encabeza, pues los gastos de comunicación social y publicidad se encuentran publicados sólo en un 25 por ciento, además de que están desordenados, incompletos, en algunos casos ilegibles o no están accesibles para la ciudadanía. También, por el hecho de que en diversas ocasiones se negó información existente, se entregó de forma incompleta, además de los intentos de inhibir que la reportera solicitara más información por los canales oficiales.
Zona Franca ha informado que aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Guanajuato establece que se deben hacer públicos “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, en el portal de transparencia, en el apartado, Obligaciones Comunes, esta información es incompleta en los años 2015, 2016 y 2017.
Cuando se solicitó información que no aparece en el portal vía la Unidad de Transparencia, la respuesta que se dio de manera sistemática fue enviar al portal donde no está la información, entre otros intentos por inhibir el acceso a la información, como cobrar por documentos que se solicitaron vía electrónica o argumentar que no se especificó con qué dependencia se realizó el convenio de publicidad, cuando de ninguna manera es obligación del solicitante saberlo, pero sí lo es del Ejecutivo Estatal.
Por otra parte, Avilés Pérez solicitó al director general de Zona Franca, que la reportera que realizó la investigación dejara de hacer solicitudes de información pública y que mejor se lo pidiera “en corto”, lo que a todas luces es un intento de violentar el derecho a la información, es discriminatorio y además vulnera el ejercicio del periodismo y el interés público.
Estas denuncias se suman a la queja presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública guanajuatense.
