El Nuevo Aeropuerto Internacional de México no sólo es la obra de infraestructura más importante de esta administración por el peso político y económico que representa para Enrique Peña Nieto y su equipo, sino por la magnitud de la obra aeroportuaria y de lo que se planea construir a su alrededor.
Para levantar esa obra se necesita material y desde hace más de dos años, las empresas encargadas de rellenar el suelo del NAIM comenzaron a explotar minas en diversos municipios del Estado de México para extraer material pétreo. Oficialmente se dijo que sólo se requerían 16 puntos de extracción, pero hoy hay 180 minas en esa zona, de la cuales 30 por ciento podrían ser ilegales.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Desde hace más de dos años, los cerros de por lo menos 10 localidades del Estado de México, cercanas al terreno de lo que pretende ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se convirtieron en minas que surten de piedras a la principal obra de infraestructura de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con documentos oficiales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dijo que sólo necesitaba 16 puntos extractivos. Hoy hay 180 en total.
Desde entonces, los vecinos comenzaron a organizarse en contra de las minas que llegaron a sus pueblos de un día a otro a trabajar 24 días. Vieron cómo la cantidad exagerada y permanente de polvo comenzó a afectar su siembra de nopal –producto de gran importancia económica para la región– y sus casas cuarteadas por el uso de explosivos.
Recientemente, el GACM informó al equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que no existe algo que los obligue a evaluar los impactos ambientales que han ocasionado las minas que surten el material pétreo con el que se levanta el NAIM y además, que no se ha podido demostrar ninguna afectación que los habitantes de esas localidades han denunciado.
Y sostuvo que todo lo relacionado con la explotación de minas, es responsabilidad de las empresas contratistas.
Las consecuencias ambientales de esta actividad son las que más preocupación generan a la población, que con las explosiones y el traslado de material han visto modificado su estilo de vida.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del NAIM, desde un inicio se aprobaron solo 16 minas que surtirían el material para el relleno del polígono del NAIM, para lo que se requería 16 millones de metros cúbicos, en teoría, 1 millón de metros cúbicos por mina.
Pero no fueron 16 minas. Hoy se tiene registro de 180, todas situadas en el Estado de México.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Pablo Murillo, habitante de Tepetlaoxtoc, afirmó que hubo una evaluación deficiente de los impactos a nivel regional y nunca se dio una cifra real del número de minas para cubrir la demanda de 15 millones 986 mil metros cúbicos.
“Más allá de lo que ellos digan, que eso es responsabilidad de los contratistas, ellos en principio son responsables por haber evaluado de modo impreciso todo el asunto”, comentó.
De acuerdo con el dictamen sobre el cual se analiza la viabilidad de seguir o no con la construcción del NAIM, el GACM sostiene que no existe una medida o condicionante que establezca evaluar los impactos ambientales ocasionados en las zonas donde se ubican las minas que surten de material pétreo a las empresas del NAIM, “debido a que cada mina cuenta con su propia autorización ambiental que establece las medidas de mitigación y compensación ambiental, las cuales son obligación del dueño o bien, del responsable de la explotación”.
Agrega que “sí tiene la obligación de verificar que todo el material pétreo que ingresan las empresas contratistas, provenga de minas con autorizaciones vigentes al momento del ingreso”.
LA REALIDAD DE LOS PUEBLOS
Pero está el caso de Tepetlaoxtoc, que es un territorio de minas: se tienen contabilizadas alrededor de 60, de las cuales 24 están en zona de uso de suelo forestal y seis son clandestinas. Y las autorizaciones no han parado.
Las consecuencias ambientales son las que más preocupación generan, aunque las actividades mineras cuentan con el cobijo autoridades ambientales tanto estatales como federales.
En Tepetlaoxtoc se tiene una saturación oficial de 50 puntos de extracción, la mitad de ellos en zona de uso de suelo forestal, de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico Territorial vigente del Estado de México, lo que supuso el cambio de uso de suelo forestal para poderlos llevar a cabo.
Los habitantes han documentado puntos que contravienen con las leyes vigentes sobre recarga acuífera, preservación del suelo, calidad del aire y en específico en el Inciso 4 del Artículo 12 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que dice que a la hora de autorizar y evaluar uno de esos proyectos, el promovente [en este caso los empresarios] tiene que manifestar en su Estudio de Impacto Ambiental o Documento Técnico Unificado, cuál es la problemática ambiental en el área de influencia de la mina que se pretende aprobar, que es de 2 kilómetros a la redonda, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Los habitantes han solicitado a las autoridades estatales y federales que se revisen los procedimientos de las minas autorizadas, sobre todo de las que son más nocivas por el lugar en el que fueron aprobadas, para que se clausuren y se revoquen los permisos, además de que se realice una evaluación y cuantificación de daños para ver si se pueden emprender acciones que permitan resarcir en alguna medida los ya hechos.
Está el caso de Tlaltica y la empresa Coconal S.A.P.I. de C.V. –una de las más beneficiadas con el proyecto en cuestión–. Fue en marzo de 2017 cuando la empresa Coconal S.A.P.I. de C.V. llegó a esta región del Estado de México, ubicada a 37.2 kilómetros del terreno donde se prevé, estará el NAIM.
Los pobladores saben que los camiones que entran y salen, día y noche, llevan basalto para “rellenar” el Nuevo Aeropuerto. Tan sólo en ese municipio se estima que hay 27 minas que están en activo.
La distancia entre esa mina y las primeras casas es corta y algunas ya están fracturadas de las paredes y los pisos. El campo alrededor está impregnado del polvo que sale de las actividades como moler piedra o las explosiones.
A San Francisco Tlaltica, formar parte de la construcción del NAIM, hasta el momento, no le ha traído algún beneficio. Ni siquiera en los empleos que las actividades de construcción generan en la etapa previa de cualquier proyecto de infraestructura.
En su rendición de cuentas más reciente, el GACM señaló que a la fecha, no ha sido notificado por parte de alguna autoridad u organismo, que “avale mediante algún tipo de peritaje”, algún daño o afectación a viviendas por los trabajos de explotación de las minas que surten a las empresas contratistas del NAIM.
“Si bien han existido pronunciamientos por parte de algunos habitantes de comunidades y asentamientos en zonas aledañas a minas que han surtido al proyecto, de la revisión que GACM ha realizado, no se han podido verificar o acreditar estas afectaciones, debido a que algunas minas sólo explotan tezontle, que no usa explosivos o mecanismos que pudieran afectar viviendas, y en otros casos, los frentes de explotación que usan explosivos se ubican a distancias considerables respecto de los asentamientos humanos, con lo cual difícilmente pudieran ocasionar daños a estructuras de viviendas”.
Y remata: “Es importante señalar, que GACM no realiza la explotación de minas, son las empresas contratistas quienes adquieren el material debiendo cumplir con todas las autorizaciones y condiciones de normatividad en las minas que les surten”.
EL DESLINDE DEL GACM
De acuerdo con Murillo, el decir que no hay afectaciones a pesar de lo que se está viviendo en esas zonas, es una postura reciente del GACM para deslindarse de las responsabilidades que tienen
“La postura reciente del GACM, no concuerda ni siquiera con lo que está en los documentos oficiales para ese proyecto. Son posturas que obedecen más a una lógica de intentar desorientar y repetir esa versión que los deslinda de responsabilidades. Es un hecho que desde la MIA hay una caracterización, como lo marca el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), del sistema ambiental regional, de toda la región en la que se tienen que contemplar los impactos acumulativos. Hay elementos presentes en los documentos que no sostienen la postura actual del GACM”, comentó en entrevista.
Contó que hasta el momento el GACM había sido omiso y que incluso en unas mesas de trabajo en San Lázaro, negaron que hubiera problemas en muchos de los lugares que señalaron los vecinos, diciendo que no podían demostrar que los materiales que se obtenían de ahí fueran utilizados en el proyecto del Aeropuerto, a pesar de que estaba escrito en documentos y por la coincidencia en las fechas de explotación con la implementación del proyecto.
Pero lo que queda son las consecuencias ambientales; esas son una realidad.
“El resultado es injusto. No se respetaron leyes vigentes y en el caso particular de toda la región, no se atendió una historia larga de lucha por restaurar espacios naturales remotos. Es una historia larga de deforestaciones que ahorita se repite, después de etapas en las que hubo esfuerzos serios por recuperar en alguna medida el carácter forestal de estos territorios. Es excesivo y preocupante a la luz de las políticas de manejo de residuos que están vigentes en el Estado de México, porque aprovechan los socavones de las minas para hacer rellenos en tierra con residuos, basura. Ellos les llaman rellenos sanitarios, pero de eso no tienen nada”, concluyó Murillo.
